Internacionales
Pandillero salvadoreño y su compañera de vida son sentenciados a cadena perpetua por torturar y asesinar a niño de 10 años
La madre del pequeño Anthony Ávalos y su novio fueron sentenciados este martes a pasar el resto de sus vidas en la cárcel por el asesinato del menor de 10 años, que murió en 2018 en California, tras sufrir una serie de abusos y torturas.
El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Sam Ohta, condenó a Heather Barron, de 33 años, y Kareem Leiva, de 37, sin posibilidad de libertad condicional.
El caso causó conmoción en Estados Unidos debido a la brutalidad con la que el menor fue tratado antes de su muerte. Según detallaron los fiscales en el juicio contra la pareja, Anthony había sido golpeado en la cabeza, quemado con cigarrillos, se le había negado agua y comida e incluso se le obligó a arrodillarse por horas.
El mes pasado, ambos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado con tortura en un juicio sin jurado. También fueron declarados culpables de abusar de otros dos niños en su casa de Lancaster.
Pero no fue hasta este martes que el juez de la Corte Superior, Sam Ohta, los condenó a ambos después de escuchar las emotivas declaraciones de los familiares y amigos del niño.
«Los monstruos deben estar en una jaula», «espero que el resto de tu vida te sientas culpable», «torturaste a este niño y le quitaste la vida» y «perdimos un pedazo de nuestro corazón», expresaron con lágrimas miembros de la familia paterna de Anthony, quienes vistieron de negro como si estuvieran en un funeral, en la audiencia condenatoria este martes. Ellos le pidieron al juez que les impusieran el máximo castigo posible.
El juez calificó a Anthony Avalos como un “niño indefenso” que depende de su madre para sus necesidades básicas.»En cambio, Athhony fue torturado y asesinado», subrayó Ohta.
Estos son los cinco momentos que marcaron el caso de Anthony Ávalos:
El 20 de junio de 2018, los agentes del condado de Los Ángeles acudieron a la casa de Anthony tras una llamada al 911 en la que reportaban la caída de un menor.
Anthony no tenía pulso ni respiraba cuando llegaron los paramédicos. Los médicos no pudieron reanimarlo y fue trasladado al UCLA Mattel Children’s Hospital, donde fue declarado muerto al día siguiente.
En su reporte, los médicos dijeron que estaba severamente desnutrido y deshidratado.
Los paramédicos que acudieron a la escena, entre lágrimas, relataron tiempo después, durante el juicio, lo que encontraron al llegar a la casa del menor: «el niño tenía los ojos hundidos, podías contar sus costillas, sus rodillas tenían llagas, parecía muerto”, dijo el bombero Ronald Watts.
Luego de que las autoridades sospecharon de maltrato, iniciaron una investigación. La autopsia fue una de las herramientas clave para poder arrestar a su madre y su padrastro.
El reporte forense mostró señales de abuso prolongado en todo el cuerpo del menor. Su piel estaba magullada y quemada de pies a cabeza. Estaba completamente deshidratado y sus riñones habían dejado de funcionar por completo. El documento también mostró que tenía un traumatismo contundente en la cabeza.
Barron y Leiva fueron detenidos en 2018 y han permanecido en la cárcel desde esa fecha sin derecho a fianza.
Kareem Ernesto Leiva es un indocumentado nacido en El Salvador, y ha sido identificado como un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). Según documentos judiciales, golpeó a otro recluso y, anteriormente, enfrentó cargos de violencia doméstica en 2010 y 2013.
Tras la muerte del menor y el reporte de los médicos, las autoridades comenzaron a investigar y a buscar a los responsables. Los fiscales alegaron que el niño fue asesinado intencionalmente mediante tortura.
Las pruebas señalaron que Anthony, durante años, había sido golpeado y azotado de manera rutinaria junto con otros niños, lo habían tirado repetidamente sobre su cabeza, aplastado contra el piso o los muebles, había sufrido quemaduras con cigarrillos y en ocasiones le negaron agua y comida o lo alimentaron a la fuerza.
La Fiscalía dijo también que Leiva rociaba salsa picante en la cara de los niños; los obligó a pelear entre sí, y el “perdedor” era castigado por él.
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También se acusó a la pareja de obligar a Anthony a arrodillarse sobre arroz seco crudo en un piso de concreto todos los días durante tanto tiempo que a menudo sangraba. Mientras estaba arrodillado, los dos adultos también lo golpeaban.
También en el juicio, dos de los ocho hermanos de Anthony, Destiny, de 13 años y Rafael, de 12, dieron más detalles de la crueldad a la que eran sometidos.
Destiny dijo que la pareja impedía a los menores que salieran de sus cuartos, los cuales incluso tenían alarmas por si se atrevían a hacerlo. Al estar encerrados, tenían que orinar en la alfombra en ocasiones.
Inicialmente la Fiscalía de Los Ángeles había pedido la condena de muerte contra los acusados, pero tras la llegada del fiscal George Gascón, que está en contra de la pena capital, se rebajó la solicitud de sentencia a cadena perpetua.
Durante el juicio, el abogado defensor de Barron argumentó que Leiva abusaba de ella y que la madre “no podía evitar” que su pareja lastimara a los niños.
La Fiscalía mostró evidencia que también la inculpa a ella, como el audio de su llamada al 911, el video de la cámara en el uniforme de un policía que llegó a su casa y la grabación de la entrevista que le hicieron los detectives.
El año pasado, el condado de Los Ángeles acordó pagar $32 millones para resolver una demanda presentada por el padre del niño y sus tres hermanos por su muerte.
La demanda alegó que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado desestimó 13 informes de acusaciones de abuso que involucraban a Anthony de parte de familiares, maestros, consejeros e incluso la policía. La agencia nunca trató de sacar al niño de la casa.
A raíz del acuerdo, el departamento dijo que había tomado “medidas significativas para mitigar el riesgo de daño a los niños” y se comprometió a continuar con los cambios necesarios para rectificar sus errores.
La muerte de Anthony despertó gran indignación en Los Ángeles por las similitudes con el caso de Gabriel Fernández, de 8 años, que murió en mayo de 2013 a causa de las torturas que recibió de su madre y el novio de esta.
El Departamento de Servicios para Niños y Familias también vigilaba el caso de Gabriel.
Pearl Fernández, madre de Gabriel, fue condenada a cadena perpetua tras declararse culpable. Isauro Aguirre, novio de la mujer, fue sentenciado a muerte por el asesinato del niño.
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Mujer en Japón afirma haberse casado con un chatbot de inteligencia artificial
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Autoridades rescatan a bebé abandonado en un basurero
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
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Perú refuerza medidas contra el crimen organizado en Lima y Callao
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.







