Internacionales
Pandillero salvadoreño y su compañera de vida son sentenciados a cadena perpetua por torturar y asesinar a niño de 10 años
La madre del pequeño Anthony Ávalos y su novio fueron sentenciados este martes a pasar el resto de sus vidas en la cárcel por el asesinato del menor de 10 años, que murió en 2018 en California, tras sufrir una serie de abusos y torturas.
El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Sam Ohta, condenó a Heather Barron, de 33 años, y Kareem Leiva, de 37, sin posibilidad de libertad condicional.
El caso causó conmoción en Estados Unidos debido a la brutalidad con la que el menor fue tratado antes de su muerte. Según detallaron los fiscales en el juicio contra la pareja, Anthony había sido golpeado en la cabeza, quemado con cigarrillos, se le había negado agua y comida e incluso se le obligó a arrodillarse por horas.
El mes pasado, ambos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado con tortura en un juicio sin jurado. También fueron declarados culpables de abusar de otros dos niños en su casa de Lancaster.
Pero no fue hasta este martes que el juez de la Corte Superior, Sam Ohta, los condenó a ambos después de escuchar las emotivas declaraciones de los familiares y amigos del niño.
«Los monstruos deben estar en una jaula», «espero que el resto de tu vida te sientas culpable», «torturaste a este niño y le quitaste la vida» y «perdimos un pedazo de nuestro corazón», expresaron con lágrimas miembros de la familia paterna de Anthony, quienes vistieron de negro como si estuvieran en un funeral, en la audiencia condenatoria este martes. Ellos le pidieron al juez que les impusieran el máximo castigo posible.
El juez calificó a Anthony Avalos como un “niño indefenso” que depende de su madre para sus necesidades básicas.»En cambio, Athhony fue torturado y asesinado», subrayó Ohta.
Estos son los cinco momentos que marcaron el caso de Anthony Ávalos:
El 20 de junio de 2018, los agentes del condado de Los Ángeles acudieron a la casa de Anthony tras una llamada al 911 en la que reportaban la caída de un menor.
Anthony no tenía pulso ni respiraba cuando llegaron los paramédicos. Los médicos no pudieron reanimarlo y fue trasladado al UCLA Mattel Children’s Hospital, donde fue declarado muerto al día siguiente.
En su reporte, los médicos dijeron que estaba severamente desnutrido y deshidratado.
Los paramédicos que acudieron a la escena, entre lágrimas, relataron tiempo después, durante el juicio, lo que encontraron al llegar a la casa del menor: «el niño tenía los ojos hundidos, podías contar sus costillas, sus rodillas tenían llagas, parecía muerto”, dijo el bombero Ronald Watts.
Luego de que las autoridades sospecharon de maltrato, iniciaron una investigación. La autopsia fue una de las herramientas clave para poder arrestar a su madre y su padrastro.
El reporte forense mostró señales de abuso prolongado en todo el cuerpo del menor. Su piel estaba magullada y quemada de pies a cabeza. Estaba completamente deshidratado y sus riñones habían dejado de funcionar por completo. El documento también mostró que tenía un traumatismo contundente en la cabeza.
Barron y Leiva fueron detenidos en 2018 y han permanecido en la cárcel desde esa fecha sin derecho a fianza.
Kareem Ernesto Leiva es un indocumentado nacido en El Salvador, y ha sido identificado como un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). Según documentos judiciales, golpeó a otro recluso y, anteriormente, enfrentó cargos de violencia doméstica en 2010 y 2013.
Tras la muerte del menor y el reporte de los médicos, las autoridades comenzaron a investigar y a buscar a los responsables. Los fiscales alegaron que el niño fue asesinado intencionalmente mediante tortura.
Las pruebas señalaron que Anthony, durante años, había sido golpeado y azotado de manera rutinaria junto con otros niños, lo habían tirado repetidamente sobre su cabeza, aplastado contra el piso o los muebles, había sufrido quemaduras con cigarrillos y en ocasiones le negaron agua y comida o lo alimentaron a la fuerza.
La Fiscalía dijo también que Leiva rociaba salsa picante en la cara de los niños; los obligó a pelear entre sí, y el “perdedor” era castigado por él.
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También se acusó a la pareja de obligar a Anthony a arrodillarse sobre arroz seco crudo en un piso de concreto todos los días durante tanto tiempo que a menudo sangraba. Mientras estaba arrodillado, los dos adultos también lo golpeaban.
También en el juicio, dos de los ocho hermanos de Anthony, Destiny, de 13 años y Rafael, de 12, dieron más detalles de la crueldad a la que eran sometidos.
Destiny dijo que la pareja impedía a los menores que salieran de sus cuartos, los cuales incluso tenían alarmas por si se atrevían a hacerlo. Al estar encerrados, tenían que orinar en la alfombra en ocasiones.
Inicialmente la Fiscalía de Los Ángeles había pedido la condena de muerte contra los acusados, pero tras la llegada del fiscal George Gascón, que está en contra de la pena capital, se rebajó la solicitud de sentencia a cadena perpetua.
Durante el juicio, el abogado defensor de Barron argumentó que Leiva abusaba de ella y que la madre “no podía evitar” que su pareja lastimara a los niños.
La Fiscalía mostró evidencia que también la inculpa a ella, como el audio de su llamada al 911, el video de la cámara en el uniforme de un policía que llegó a su casa y la grabación de la entrevista que le hicieron los detectives.
El año pasado, el condado de Los Ángeles acordó pagar $32 millones para resolver una demanda presentada por el padre del niño y sus tres hermanos por su muerte.
La demanda alegó que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado desestimó 13 informes de acusaciones de abuso que involucraban a Anthony de parte de familiares, maestros, consejeros e incluso la policía. La agencia nunca trató de sacar al niño de la casa.
A raíz del acuerdo, el departamento dijo que había tomado “medidas significativas para mitigar el riesgo de daño a los niños” y se comprometió a continuar con los cambios necesarios para rectificar sus errores.
La muerte de Anthony despertó gran indignación en Los Ángeles por las similitudes con el caso de Gabriel Fernández, de 8 años, que murió en mayo de 2013 a causa de las torturas que recibió de su madre y el novio de esta.
El Departamento de Servicios para Niños y Familias también vigilaba el caso de Gabriel.
Pearl Fernández, madre de Gabriel, fue condenada a cadena perpetua tras declararse culpable. Isauro Aguirre, novio de la mujer, fue sentenciado a muerte por el asesinato del niño.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
