Internacionales
Nuevo video muestra el momento en el que un agente policial mata a tiros a un malabarista en Chile
Un nuevo video muestra el momento en el que el malabarista callejero Francisco Martínez recibe los disparos de un agente de policiales que le causaron la muerte, el pasado viernes, en pleno centro de la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos, al sur de Chile.
Estas imágenes fueron grabadas por la cámara de seguridad de una estación de servicio cercana al semáforo donde se encontraba Martínez al ser abordado por los dos agentes, que le pidieron su identificación. El material se incluye en la investigación del Ministerio Público.
La grabación se conoció horas antes de que este lunes se realice en el Juzgado de Garantía de Panguipulli la audiencia de formalización del sargento segundo Juan González Iturriaga, imputado tras la muerte del malabarista.
Al respecto, el jefe de Operaciones de la Décima Zona de la policía militarizada, Boris Alegría, dijo que el uniformado actuó en «legítima defensa», debido a que presuntamente el artista callejero se habría negado a mostrar su identificación y se habría enfrentado a los dos policías, recoge Cooperativa.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco Aguayo, calificó estas declaraciones de «precipitadas», argumentando «que solo contribuyen a aumentar una desconfianza pública que ya está instalada». Además, dijo que los análisis determinaron que hubo un procedimiento «muy mal ejecutado de control de identidad» por parte de los policías.
¿Qué se ve en este nuevo video?
En el registro sin audio se observa a los dos uniformados rodear y apuntar a Martínez, quien tiene en sus manos los machetes con los que hace malabares.
Atención: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.
Tras caminar pocos metros, uno de los agentes dispara en repetidas ocasiones contra el malabarista, que trata de escudarse detrás de una caseta de electricidad, donde también recibe detonaciones.
Segundos después, el malabarista sale del resguardo y corre hacia los agentes, pero cae al piso. Al incorporarse, otra vez recibe disparos y finalmente se desploma en mitad de la calle.
El cuerpo del joven, de 27 años, fue despedido de la región de Los Ríos el sábado y llegó el domingo a la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana de Santiago, donde su familia hizo el velorio. Allí le rindió un homenaje el cantante del grupo folclorista Illapu, Roberto Márquez. Se espera que el entierro sea este lunes.
Manifestaciones en contra
El pasado sábado se realizaron protestas en distintas ciudades del país suramericano en rechazo a la actuación de Carabineros, que ha estado en el ojo público por la represión y los excesos policiales cometidos durante el estallido social de 2019.
En el barrio de Ñuñoa (Santiago) y en la ciudad de Concepción (Bíobio) hubo enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes, que fueron repelidos con gas lacrimógeno y con carros lanza-agua. Seis personas de Concepción fueron detenidas.
Un día antes, fueron incendiadas las sedes de varias instituciones públicas en Panguipulli, en medio de barricadas en varios puntos de esa ciudad.
A propósito del descontento social tras la muerte del malabarista, el sociólogo chileno Esteban Silva explicó a RT que las movilizaciones y la quema en las sedes de edificios públicos ocurrieron «por una indignación nacional» debido a «que las instituciones chilenas están al servicio de una minoría, de una élite, y no del pueblo».
Según Silva, estos disturbios forman parte de un «clamor para que se disuelva Carabineros y que se reconstituya una nueva Policía que respete los derechos humanos».
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
