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«No quiero morir»: suplicó por su vida al gobernador de Querétaro, pero fue ejecutada cerca de la escuela de su hija
Nancy Guadalupe Morales Hidalgo fue asesinada en un ataque planeado por su expareja para obtener la custodia de su hija, cobrar un seguro de vida y huir a su país de origen, Chile. La mujer denunció en varias ocasiones que era víctima de violencia de género e incluso envió una carta al gobernador de Querétaro para pedir protección.
«No quiero morir!!, es un hecho!! No quiero ser una de las mujeres que mueren en este país cada 160 minutos con una saña y violencia como nunca antes, pero tampoco quiero que mi hija de 10 años y mi madre de 79 años quienes actualmente viven conmigo sean víctimas de esta situación», escribió Nancy en una carta que fue entregada al mandatario queretense, Francisco Domínguez Servién, y que después fue publicado en sitio en línea Voz Imparcial.
El texto con fecha del 2 de mayo Nancy expresó el temor que sentía por Ernesto Enrique ‘N’, su ex pareja y padre de su hija, a quien también señaló como el probable responsable de la agresión que en abril pasado sufrió en su casa en Tequisquiapan, Querétaro, donde además estrangularon y golpearon con un martillo a sus mascotas.
«Me dirijo a usted (al Gobernador) de la manera más atenta para solicitar su apoyo ya que soy una persona que teme que el papá de mi hija haya participado en la planeación de mi FEMINICIDIO y que pueda ser responsable de un asalto a mano armada en mi contra efectuado por tres hombres en mi domicilio ubicado en el municipio de Tequisquiapan, el pasado jueves 11 de abril del año en curso», detalló la víctima.
Pese a la denuncia presentada por Nancy sobre la irrupción de su domicilio en el que un jardinero y ella resultaron heridos por impactos de arma de fuego, las autoridades calificaron este delito como «robo a casa habitación» como consta en la investigación.
Tampoco lograron proteger la vida de la mujer y fue asesinada el pasado jueves a unas calles del colegio ubicado en el Barrio de la Magdalena, en Tequisquiapan, donde minutos antes había dejado a su hija.
Tras el crimen, la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Valeria Guerrero Ángeles, confirmó que recibieron la carta con la que Nancy solicitó ayuda, se le brindó atención jurídica y se estableció un protocolo de atención, el cual desconocen dónde se fracturó.
«Tuvo que haber pasado algo que haya fracturado el plan de seguridad que trabajamos y acordamos junto con ella», declaró en conferencia de prensa.
En un intenso operativo y tras varios cateos en los municipios de Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan, la Fiscalía del Estado de Querétaro logró la captura de Ernesto Enrique ‘N’, quien presuntamente planeó el asesinato de su exesposa para obtener la custodia de su hija, cobrar un seguro de vida y escapar hacia Chile.
«Se recabaron indicios que permitieron la identificación de los otros dos hombres y su ubicación en el municipio de Ezequiel, mismos que habrían sido contratados para privar de la vida a la mujer, con el probable propósito de que Ernesto Enrique ‘N’ pudiera tener la custodia de la niña, para salir del país, y cobrar un seguro de vida», informó la Fiscalía en un comunicado.
La dependencia agregó que el señalado «habría contratado a dos hombres de origen hondureño para la comisión del ilícito, además de asegurar el arma de fuego que fue utilizada».
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
