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«No quiero morir»: suplicó por su vida al gobernador de Querétaro, pero fue ejecutada cerca de la escuela de su hija
Nancy Guadalupe Morales Hidalgo fue asesinada en un ataque planeado por su expareja para obtener la custodia de su hija, cobrar un seguro de vida y huir a su país de origen, Chile. La mujer denunció en varias ocasiones que era víctima de violencia de género e incluso envió una carta al gobernador de Querétaro para pedir protección.
«No quiero morir!!, es un hecho!! No quiero ser una de las mujeres que mueren en este país cada 160 minutos con una saña y violencia como nunca antes, pero tampoco quiero que mi hija de 10 años y mi madre de 79 años quienes actualmente viven conmigo sean víctimas de esta situación», escribió Nancy en una carta que fue entregada al mandatario queretense, Francisco Domínguez Servién, y que después fue publicado en sitio en línea Voz Imparcial.
El texto con fecha del 2 de mayo Nancy expresó el temor que sentía por Ernesto Enrique ‘N’, su ex pareja y padre de su hija, a quien también señaló como el probable responsable de la agresión que en abril pasado sufrió en su casa en Tequisquiapan, Querétaro, donde además estrangularon y golpearon con un martillo a sus mascotas.
«Me dirijo a usted (al Gobernador) de la manera más atenta para solicitar su apoyo ya que soy una persona que teme que el papá de mi hija haya participado en la planeación de mi FEMINICIDIO y que pueda ser responsable de un asalto a mano armada en mi contra efectuado por tres hombres en mi domicilio ubicado en el municipio de Tequisquiapan, el pasado jueves 11 de abril del año en curso», detalló la víctima.
Pese a la denuncia presentada por Nancy sobre la irrupción de su domicilio en el que un jardinero y ella resultaron heridos por impactos de arma de fuego, las autoridades calificaron este delito como «robo a casa habitación» como consta en la investigación.
Tampoco lograron proteger la vida de la mujer y fue asesinada el pasado jueves a unas calles del colegio ubicado en el Barrio de la Magdalena, en Tequisquiapan, donde minutos antes había dejado a su hija.
Tras el crimen, la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Valeria Guerrero Ángeles, confirmó que recibieron la carta con la que Nancy solicitó ayuda, se le brindó atención jurídica y se estableció un protocolo de atención, el cual desconocen dónde se fracturó.
«Tuvo que haber pasado algo que haya fracturado el plan de seguridad que trabajamos y acordamos junto con ella», declaró en conferencia de prensa.
En un intenso operativo y tras varios cateos en los municipios de Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan, la Fiscalía del Estado de Querétaro logró la captura de Ernesto Enrique ‘N’, quien presuntamente planeó el asesinato de su exesposa para obtener la custodia de su hija, cobrar un seguro de vida y escapar hacia Chile.
«Se recabaron indicios que permitieron la identificación de los otros dos hombres y su ubicación en el municipio de Ezequiel, mismos que habrían sido contratados para privar de la vida a la mujer, con el probable propósito de que Ernesto Enrique ‘N’ pudiera tener la custodia de la niña, para salir del país, y cobrar un seguro de vida», informó la Fiscalía en un comunicado.
La dependencia agregó que el señalado «habría contratado a dos hombres de origen hondureño para la comisión del ilícito, además de asegurar el arma de fuego que fue utilizada».
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
