Internacionales
“Me ofrecieron la vacuna, pero fui arrogante”, dice Faisal Bashir, un hombre de 54 años
Como en muchos otros hospitales, el número de pacientes que reciben tratamiento por covid-19 en el Bradford Royal Infirmary, en el centro de Inglaterra, está aumentando drásticamente.
Aproximadamente la mitad de ellos decidió no vacunarse, lo que muchos ahora lamentan profundamente.
“Me ofrecieron la vacuna, pero fui arrogante”, dice Faisal Bashir, un hombre de 54 años en excelente estado físico y que se negó a aplicarse las dos dosis para protegerse del mortal virus.
“Iba al gimnasio, montaba en bicicleta, caminaba y corría. Como estaba fuerte y saludable pensé que no la necesitaba. Además, si al final resultaba que no era seguro, no habría corrido ningún riesgo”, afirma.
“Pero la verdad es que no pude evitar el virus. Lo agarré, no sé cómo ni dónde”, relata.
Bashir, quien fue dado de alta el pasado miércoles después de una semana en el hospital recibiendo oxígeno, admite haber sido influenciado por las redes sociales, así como por las noticias sobre el riesgo extremadamente bajo de coágulos en la sangre con la vacuna AstraZeneca.
Pero ahora quiere alentar a los demás para que no cometan el mismo error. “Lo que experimenté en el hospital, la atención y el profesionalismo, me humilló”, admite.
“La gente está llenando los hospitales porque toma riesgos y esto está mal. Me siento terrible. Me siento tan mal que espero que hablar ayude a otros a evitar esto”, concluye.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Autoridades penitenciarias de Honduras descubrieron un arsenal en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde pandilleros ocultaban armamento de guerra y equipo de vigilancia.
El hallazgo se realizó en una cocina del pabellón que era ocupado por miembros de pandillas, días después de que más de 160 reclusos de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Entre los objetos decomisados figuran un lanzacohetes RPG-7, dos fusiles AK-47, un fusil lanzagranadas, una pistola 9 milímetros, municiones, chalecos antibalas, gorros pasamontañas, cinco cámaras de seguridad, 40 enrutadores de internet, dinero en efectivo y drogas.
“¿Contra quién iban a pelear?”, cuestionó el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Penitenciario, durante la presentación del material incautado.
Las cárceles hondureñas han sido calificadas por las propias autoridades como “bombas de tiempo”, debido al hacinamiento y su función como centros de operaciones del crimen organizado y las pandillas.
Internacionales
Brasil suspende producción en planta embotelladora de Coca-Cola por posible contaminación
El gobierno de Brasil suspendió de forma preventiva la producción y embotellamiento en una planta de la empresa Solar, segunda mayor fabricante de bebidas de Coca-Cola en el país, ubicada en el estado de Ceará (noreste), tras detectar una posible contaminación en el proceso industrial.
La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, quien detalló que unos nueve millones de litros de bebidas permanecen retenidos en la planta mientras se realizan análisis para determinar si hubo contacto del producto con un líquido utilizado en el sistema de refrigeración.
Fávaro aseguró que, pese a la suspensión, “no hay riesgo para la población”, ya que la refrigeración en dicha planta se realiza con etanol alimenticio y agua. No obstante, destacó que la decisión fue tomada con carácter preventivo para garantizar la seguridad del consumo.
La paralización fue ordenada la noche del martes, luego de identificarse una posible falla en el sistema que podría haber provocado una mezcla del refrigerante con el producto.
En un comunicado conjunto, Solar y Coca-Cola Brasil confirmaron la suspensión temporal de la producción y señalaron que están realizando exámenes rigurosos para garantizar la seguridad de sus bebidas.
Una vez concluidos los análisis, si se descarta la presencia de contaminantes, la empresa podrá reanudar sus operaciones y distribuir los productos retenidos, añadió el titular de Agricultura.
