Internacionales
Justicia brasileña estudia sobre libertad del expresidente Lula da Silva
El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en la Corte Suprema de Brasil, afirmó hoy que el eventual encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a doce años de prisión, no supondría «ninguna ilegalidad».
Fachin fue el primero de los once jueces del Supremo que tomó la palabra en una audiencia en la que se analiza un «habeas corpus» que ha presentado la defensa de Lula para intentar evitar su prisión, después de haber sido hallado culpable por dos tribunales.
El instructor recordó que la propia Corte Suprema, en 2016, ya declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso del ex mandatario, por lo que recomendó que el «habeas corpus» sea negado.
En su acción, la defensa de Lula sostiene que nadie puede ir a prisión mientras resten apelaciones, que en su caso pasarían aún por el Superior Tribunal de Justicia y la propia Corte Suprema.
Según Fachin, un recurso de esa naturaleza sólo puede concederse «en favor de alguien que tenga amenazada su libertad por alguna ilegalidad o abuso de poder», lo que «no es el caso», agregó. «No cabe considerar ilegal, amenaza o abuso de poder dos fallos» de tribunales de primera y segunda instancia, sostuvo.
En la causa penal a que se refiere el «habeas corpus», una de las siete en que responde ante los tribunales, Lula fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista
En primera instancia, Lula fue condenado a nueve años de cárcel, que fueron ampliados a doce en la segunda instancia.
La defensa de Lula ha negado todos los cargos y afirmado que su cliente es víctima de una «persecución política» que intenta impedir que vuelva al poder, meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de normas que impiden postular a cualquier cargo electivo a los condenados en segunda instancia.
La sesión comenzó bajo estrictas medidas de seguridad, frente a la posibilidad de que tanto partidarios como adversarios de Lula se manifiesten en las calles de Brasilia, que en esta jornada tienen un refuerzo de 4.000 policías.
Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades separaron a ambos bandos con vallas metálicas y cerraron el tránsito en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos están el Palacio presidencial, el Parlamento y la sede del Supremo.
Internacionales
Justicia guatemalteca abre el arbitraje por el caso Continental Towers y apunta a TPG Peppertree
Un juez penal de Guatemala ordenó el levantamiento de la confidencialidad en el arbitraje internacional que enfrenta a la empresa regional de telecomunicaciones Continental Towers y a la firma estadounidense TPG Peppertree, un litigio millonario que se desarrolla en Nueva York y que ha derivado en procesos penales en El Salvador, Guatemala y Perú.
La resolución, calificada como un punto de inflexión en la controversia, permite por primera vez que representantes de Continental Towers presenten públicamente su defensa y establezcan vínculos entre el arbitraje y las órdenes de captura emitidas en El Salvador contra altos ejecutivos de TPG Peppertree, acusados de fraude y extorsión.
Un fallo con implicaciones de soberanía judicial
La decisión del juez guatemalteco sostiene que ningún tribunal extranjero puede interferir o tener jurisdicción sobre procesos penales locales, reforzando así el principio de autonomía judicial frente a decisiones provenientes de cortes o arbitrajes internacionales.
Según el fallo, el arbitraje en Nueva York —impulsado por TPG Peppertree para forzar la compra de Continental Towers— no puede ser utilizado como herramienta de presión ni como excusa para obstaculizar investigaciones penales en curso en Centroamérica.
Contexto: capturas y procesos en El Salvador
La resolución coincide con la reciente orden emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que giró capturas internacionales contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, además de dos ciudadanos guatemaltecos.
Los acusados enfrentan cargos por fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de empresas vinculadas a Continental Towers y Terra Towers.
La Interpol ya fue notificada para proceder a su localización y captura fuera del país.
Guatemala defiende su jurisdicción penal
El juez guatemalteco enfatizó que las decisiones arbitrales extranjeras no pueden imponerse sobre las leyes nacionales. En su sentencia, explicó que la confidencialidad de los arbitrajes no es absoluta cuando el proceso puede servir para encubrir hechos de relevancia pública o posibles delitos.
Asimismo, el tribunal designó un interventor judicial para proteger los activos de Continental Towers en Guatemala mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público de Guatemala respaldó la medida y advirtió que cualquier intento de usar un arbitraje internacional para influir en causas penales nacionales podría constituir obstrucción de la justicia.
Irregularidades en el arbitraje de Nueva York
Tras levantarse la reserva, Continental Towers publicó en su sitio oficial (interventoriacontinentaltowers.com) una serie de denuncias sobre irregularidades éticas y procesales dentro del arbitraje celebrado en Estados Unidos.
Entre ellas destacan:
- Violación de la confidencialidad por parte del árbitro presidente, Marc Goldstein, quien habría divulgado fragmentos del caso en su blog personal.
- Manipulación de testimonios, señalando que Goldstein habría intervenido para modificar declaraciones de testigos.
- Filtraciones intencionadas por parte de TPG Peppertree, que habría utilizado documentos del arbitraje en procesos judiciales en El Salvador, Perú y Guatemala.
- Acceso indebido a información interna, reconocido por testigos durante las audiencias.
Continental Towers acusa a sus contrapartes de haber empleado el laudo arbitral como instrumento de coacción y extorsión, intentando influir en procesos judiciales latinoamericanos a través de decisiones privadas extranjeras.
Impacto regional y precedente jurídico
El caso Continental Towers vs. TPG Peppertree simboliza la creciente tensión entre los arbitrajes internacionales de inversión y la autonomía judicial de los Estados latinoamericanos.
Fuentes jurídicas sostienen que el fallo guatemalteco sienta un precedente al reafirmar que los laudos arbitrales no pueden estar por encima del derecho penal soberano.
“La resolución reafirma la capacidad de los Estados para proteger sus sistemas judiciales frente a injerencias externas disfrazadas de disputas comerciales”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades aseguran que la cooperación judicial regional será esencial para esclarecer responsabilidades y garantizar que los delitos financieros transnacionales no queden impunes.
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VIDEO | Mujer de 68 años pierde el control de su vehículo y termina sobre gradas eléctricas
Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó sobre las gradas eléctricas de un centro comercial en el distrito de San Lorenzo, cercano a Asunción, capital de Paraguay, informaron medios locales.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dos personas resultaron lesionadas: la conductora, de 68 años, y su acompañante, de 71. Ambas sufrieron heridas leves gracias al uso del cinturón de seguridad.
Las autoridades investigan las causas del incidente, que generó alarma entre los visitantes del establecimiento.
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Megaoperativo en favela de Río de Janeiro deja al menos 64 presuntos delincuentes muertos
Al menos 64 presuntos delincuentes fallecieron durante un megaoperativo de la policía brasileña en la favela Phena, en Río de Janeiro, informaron medios locales. Entre las víctimas también se encuentran cuatro policías, y se espera que el número de fallecidos pueda aumentar con el avance de las investigaciones.
El gobernador estatal, Cláudio Castro, describió la operación como «la mayor en la historia de Río de Janeiro». En el operativo participaron 2,500 agentes y 32 vehículos blindados, dirigidos contra la organización criminal Comando Vermelho.
Durante el enfrentamiento, los delincuentes instalaron barricadas, incendiaron vehículos y, por primera vez, utilizaron drones para lanzar explosivos contra las fuerzas de seguridad.
É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo. pic.twitter.com/ACZ86gLlM1
— Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 28, 2025
