Internacionales
Honduras despliega miles de policías y militares ante ola de crímenes
El gobierno de Honduras desplegó este jueves a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de los crímenes en las últimas semanas.
El ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital, pero aclaró que la intervención es «a nivel nacional».
Añadió que la medida está encaminada a prevenir «delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano (armada) y extorsión», además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país centroamericano.
Honduras ha sido sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto.
El 26 de junio, cinco jóvenes fueron secuestrados en Tegucigalpa y sus cadáveres aparecieron días después, en un hecho atribuido por la policía a la pandilla Barrio 18.
Además, un grupo de 14 personas y otro de 12 fueron raptados hace tres semanas en el litoral Atlántico, acciones que la policía imputó a una guerra entre bandas de narcotraficantes. Los secuestrados, entre ellos al menos dos mujeres, siguen desaparecidos.
Sánchez también anunció la extensión del estado de excepción por 45 días. La medida está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y su anterior ampliación fue el 19 de mayo.
Esa disposición faculta arrestos sin orden judicial, norma similar a una vigente desde marzo de 2022 en El Salvador Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas.
El ministro Sánchez negó que el estado de excepción haya fracasado en Honduras, como aseguran algunos medios locales.
Argumentó que bajo la medida los arrestos de prófugos aumentaron en 85 %, han sido decomisadas 12.000 armas y detenidos 4.500 miembros de pandillas o carteles de drogas.
«Hemos bajado en dos años ocho puntos en la tasa de homicidios», aseguró el funcionario.
La tasa de homicidios cerró en 2023 en 38 por cada 100.000 habitantes, más de seis veces el promedio mundial, pero inferior a los 42 por cada 100.000 de 2021, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
