Internacionales
Hispano condenado a pena de muerte por asesinar en un tiroteo a una menor de cinco años y a su abuela
El estado de Texas, en EE.UU., aplicó este miércoles, una vez más, la pena de muerte. En esta oportunidad el ejecutado fue Erick Daniel Dávila, un joven de 31 años de origen hispano, acusado de disparar en una fiesta de cumpleaños y matar a una niña de cinco años y a su abuela.
El joven fue declarado muerto a las 18:31 [hora local] de este miércoles (00:31 GMT del jueves), 14 minutos después de recibir una inyección letal en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, Texas, reseñó Reuters.
La pena de muerte contra Dávila se aplicó pocos minutos después que la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. rechazara una última apelación de la defensa del joven, que buscaba posponer la aplicación de la pena de muerte.
«Pude haber perdido la pelea, pero todavía soy un soldado. Todavía los amo a todos», dijo Dávila en su última declaración, citado por oficiales de prisión.
La pena de muerte en Texas
El hecho por el que se le acusó a Dávila ocurrió hace exactamente 10 años, el 26 abril de 2008, en la comunidad de Fort Worth. El joven disparó a unas 20 personas, con un rifle semiautomático, que estaban en una fiesta de cumpleaños.
En el suceso fueron asesinadas Annette Stevenson, de 48 años, y su nieta, Queshawn Stevenson, de cinco años. Según las autoridades, el acto fue una venganza contra el padre de la niña, quien había tenido un enfrentamiento previo con Dávila.
La pena de muerte aplicada a este joven hispano es la novena que se aplica en todo EE.UU. en lo que va de año y la quinta en Texas. Este estado cuenta con el mayor número de ejecuciones; en total han sido 550 desde que la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. restableció la pena de muerte en 1976.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
