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Guatemala: denuncian estructura de corrupción por millonaria evasión de impuestos
La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala anunció el miércoles una denuncia por evasión fiscal por poco más de 39 millones de dólares, provenientes de 410 empresas que le brindaron bienes y servicios al gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
La denuncia fue interpuesta por el superintendente Marco Livio Díaz, que explicó que durante los años 2021 y 2023 unas 410 empresas facturaron al estado guatemalteco unos 5.730 millones de quetzales, equivalentes a unos 750 millones de dólares, supuestamente a cambio de bienes y servicios, de los cuales las compañías pagaron solamente un porcentaje pequeño de impuestos y evadieron poco más de 39 millones de dólares.
Con la denuncia la fiscalía deberá investigar si además de la defraudación de impuestos — no se pagaron el impuesto de valor agregado (IVA) ni el impuesto sobre la renta— hay irregularidades con los bienes y servicios, si realmente existieron o no.
La estructura, señaló Díaz, funcionaba con empresas grandes y pequeñas, que supuestamente vendieron al Estado productos en forma directa o a través de otras empresas. Entre los bienes y servicios que se habrían vendido estaban alimentos, equipo de oficina y renta de maquinaria, entre otros.
El funcionario aceptó dar los nombres de las pequeñas empresas pero se negó a nombrar a las grandes compañías, donde incluso hay constructoras, aduciendo que estaba bajo reserva de ley, pues las más grandes habrían sido las que más facturaron al Estado. El monto de facturación de las empresas más grandes alcanzaría los 563 millones de dólares.
Las empresas pequeñas, dice la denuncia, no tenían infraestructura ni empleados, por lo que no se sabe si realmente se entregaron los productos o servicios contratados. Varias de estas reportaron tener su sede en zonas empobrecidas y peligrosas del país, que eran vigiladas y custodiadas por particulares, lo que hizo casi imposible acercarse y puso en riesgo a los investigadores de la superintendencia, explicó Díaz.
El caso fue denominado B410. La B corresponde a Banco, porque muchas de las empresas pequeñas reportaron sedes en colonias del Banco de Vivienda, y el número representa la cantidad de empresas investigadas.
Además, el funcionario detalló que todas las empresas tenían el mismo representante legal, socio establecido en Belice y contador. Por lo menos el 75 % de las compañías fueron constituidas por el mismo abogado, el cual fue denunciado. No se dio a conocer su nombre.
Díaz dijo que se presentaron denuncias ante un juzgado, en el Ministerio Público, en la Contraloría General de Cuentas de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación. También agregó que las empresas fueron desactivadas del sistema para que no puedan seguir funcionando.
«Hago un llamado a las cámaras empresariales… sector empresarial organizado, a la sociedad civil y élites intelectuales y religiosas y tanques de pensamiento, a que se pronuncien públicamente condenando este caso. No podemos construir un país con estas condiciones, donde la trampa y el robo privilegien los contratos», concluyó Díaz.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
