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Gobierno de Guatemala denuncia a expresidente Giammattei por corrupción
El Gobierno de Guatemala anunció que denunciará al expresidente Alejandro Giammattei por «abuso de autoridad» y «tráfico de influencias» en un caso de contratación de un funcionario que posteriormente fue sancionado por Estados Unidos.
La denuncia, que se formalizará este lunes ante un juzgado, es la primera que presenta la administración de Alejandro Arévalo, en el poder desde enero, contra el exmandatario derechista Giammattei (2020-2024).
Se «ha decidido poner una denuncia» contra el expresidente por los delitos de «abuso de autoridad, tráfico de influencias» e «incumplimiento de deberes», anunció en rueda de prensa el jefe de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza.
Mendoza aseguró que Giammattei avaló en enero de 2021 la contratación de Melvin Quijivix, sancionado dos años después por Washington por corrupción, como asesor en SEGEPLAN, cargo que nunca llegó a ejercer, según el Gobierno.
Quijivix fue designado representante de la entidad ante la directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que luego llegó a presidir.
A mediados de enero, fue destituido y al pedir su indemnización se determinó que cobró unos 103.000 dólares «en salarios y prestaciones por un servicio que nunca prestó en SEGEPLAN», indicó Mendoza.
La plaza fue creada «a su medida» como «llave maestra» para acceder al INDE, donde Quijivix realizó varios actos de corrupción y nepotismo, acusó el funcionario.
Giammattei, quien fue sancionado por Estados Unidos por «corrupto» pocos días después de dejar la presidencia, goza de inmunidad hasta 2028 como actual diputado del Parlamento Centroamericano.
En la denuncia, el Gobierno de Arévalo también pedirá que se investigue a la extitular de SEGEPLAN, Keila Gramajo, y Quijivix por tráfico de influencias y fraude, entre otros cargos.
Se trata de «una captura institucional porque la corrupción fue realizada de manera sistemática y planificada», añadió Julio Flores, director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, instancia creada por el gobierno en febrero.
Arévalo llegó a la presidencia con la promesa de combatir la corrupción.
Desde que ganara el acceso a la segunda vuelta de las presidenciales, en junio de 2023, las fiscalía ha intentado torpedear, hasta ahora en vano, al presidente con denuncias en su contra.
El presidente trata de destituir a la fiscal general del país, Consuelo Porras, aunque necesita del apoyo del Congreso para conseguirlo. La fiscal está sancionada también por Washington acusada de corrupción.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
