Internacionales
Gobierno de Guatemala denuncia a expresidente Giammattei por corrupción
El Gobierno de Guatemala anunció que denunciará al expresidente Alejandro Giammattei por «abuso de autoridad» y «tráfico de influencias» en un caso de contratación de un funcionario que posteriormente fue sancionado por Estados Unidos.
La denuncia, que se formalizará este lunes ante un juzgado, es la primera que presenta la administración de Alejandro Arévalo, en el poder desde enero, contra el exmandatario derechista Giammattei (2020-2024).
Se «ha decidido poner una denuncia» contra el expresidente por los delitos de «abuso de autoridad, tráfico de influencias» e «incumplimiento de deberes», anunció en rueda de prensa el jefe de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza.
Mendoza aseguró que Giammattei avaló en enero de 2021 la contratación de Melvin Quijivix, sancionado dos años después por Washington por corrupción, como asesor en SEGEPLAN, cargo que nunca llegó a ejercer, según el Gobierno.
Quijivix fue designado representante de la entidad ante la directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que luego llegó a presidir.
A mediados de enero, fue destituido y al pedir su indemnización se determinó que cobró unos 103.000 dólares «en salarios y prestaciones por un servicio que nunca prestó en SEGEPLAN», indicó Mendoza.
La plaza fue creada «a su medida» como «llave maestra» para acceder al INDE, donde Quijivix realizó varios actos de corrupción y nepotismo, acusó el funcionario.
Giammattei, quien fue sancionado por Estados Unidos por «corrupto» pocos días después de dejar la presidencia, goza de inmunidad hasta 2028 como actual diputado del Parlamento Centroamericano.
En la denuncia, el Gobierno de Arévalo también pedirá que se investigue a la extitular de SEGEPLAN, Keila Gramajo, y Quijivix por tráfico de influencias y fraude, entre otros cargos.
Se trata de «una captura institucional porque la corrupción fue realizada de manera sistemática y planificada», añadió Julio Flores, director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, instancia creada por el gobierno en febrero.
Arévalo llegó a la presidencia con la promesa de combatir la corrupción.
Desde que ganara el acceso a la segunda vuelta de las presidenciales, en junio de 2023, las fiscalía ha intentado torpedear, hasta ahora en vano, al presidente con denuncias en su contra.
El presidente trata de destituir a la fiscal general del país, Consuelo Porras, aunque necesita del apoyo del Congreso para conseguirlo. La fiscal está sancionada también por Washington acusada de corrupción.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
