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«Fueron parte de la corrupción»: López Obrador responde a intelectuales que lo criticaron
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este lunes a los intelectuales que lo repudiaron por publicar información personal de la académica María Amparo Casar y a la que acusó de cobrar una millonaria pensión supuestamente ilegal.
«Se entendió mal o no quedaron claros todos los elementos porque hasta hubo un manifiesto de personajes que siempre están en contra de nosotros. Son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos, es un grupo que se constituyó en el periodo neoliberal, fueron parte de la corrupción», explicó el mandatario durante su conferencia de prensa.
Casar es una reconocida intelectual de la derecha mexicana y actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización periodística opositora al presidente, quien suele criticarla al considerar que solo responde a intereses «espurios» de los conservadores.
🔴Luego de que el @GobiernoMX hizo público documentos con datos personales de María Amparo Casar y su finado esposo, el presidente @lopezobrador_ dice que "se entendió mal", criticó a quienes firmaron un manifiesta rechazando el hecho y señaló que “están en contra de su… pic.twitter.com/hChjWfJnoc
— Animal Político (@Pajaropolitico) May 6, 2024
López Obrador sorprendió el viernes pasado al asegurar durante su habitual encuentro matutino con la prensa que Casar recibió durante dos décadas una pensión ilegal por parte de la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Este derecho se basó en la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien falleció el 7 de octubre al caer del piso 14 de la torre de Pemex, en donde trabajaba como coordinador de asesores.
La causa se cerró como suicidio, por lo cual, según el Gobierno, Casar no tenía derecho a una pensión, pero se le otorgó como si hubiera sido un accidente laboral y la cobró mensualmente hasta febrero pasado.
Wow. Ahora el @GobiernoMX ha creado hasta un micrositio con el caso del esposo de Mario Amparo Casar.
Y ha publicado más de 300 documentos, la mayoría de ellos privados.
Sí. Desde una cuenta oficial del gobierno federal… https://t.co/VgHsGzLynd
— Arturo Ángel (@arturoangel20) May 3, 2024
De manera inédita, por la tarde la Presidencia publicó en un sitio de internet toda la documentación del caso Márquez Padilla, incluidos direcciones de la víctima, de Casar y de sus hijos, el acta de defunción, documentos bancarios e identificaciones oficiales.
El escándalo fue inmediato, ya que una vez más es el propio presidente el que revela datos personales de ciudadanos.
Uno de los casos más recientes fue el de Natalie Kitroeff, periodista del The New York Times, ya que López Obrador dio a conocer pública y reiteradamente su número de teléfono.
Reacciones
Cientos de intelectuales mexicanos opositores o críticos de López Obrador difundieron varios comunicados y cartas públicas para defender a Casar y repudiar al presidente.
El @iwfmexico se solidariza con @amparocasar y @CeciPatriciaF ante los ataques desde Palacio Nacional donde se busca afectar el nombre, la reputación, el honor, la vida privada y la consideración social de dos mexicanas ejemplares. pic.twitter.com/SpePnYcHDC
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) May 5, 2024
Usar la muerte de un familiar para denostar desde el poder a una ciudadana es un acto de autoritarismo vulgar y cobarde…
Usar el poder del Estado para difundir datos personales es un desquiciado acto que raya en el totalitarismo.
Mi solidaridad con @amparocasar
¡Ya basta! pic.twitter.com/PYKijvkLGa
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 4, 2024
«Se ha usado una tragedia familiar ocurrida hace 20 años para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con María Amparo Casar frente al abuso de poder que baja contra ella, en el fondo contra todos, desde Palacio», denunciaron en uno de los escritos al recordar que no es la primera vez que el mandatario usa la ‘mañanera’ para difamar a sus adversarios.
«En su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el presidente quebranta varias leyes, enrarece aún más el debate público a menos de un mes de las elecciones y lastima a una familia», lamentaron.
Inicia INAI investigación de oficio por divulgación de #DatosPersonales que hizo Presidencia del caso "Márquez Padilla".
🔗 https://t.co/kHcKKJT46m pic.twitter.com/S7sIvs3UIF
— INAI (@INAImexico) May 4, 2024
Casar, por su parte, advirtió que la acusación de López Obrador en realidad se trata de «una clara venganza» por las investigaciones de la organización que preside y en las que se han denunciado varios casos de corrupción del Gobierno.
«El presidente miente y me demuestra la vileza, la ruindad y el uso del aparato del Estado para con una ciudadana», dijo.
Durante el fin de semana continuaron los cuestionamientos al presidente. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), por ejemplo, anunció el inicio de una investigación de oficio por la indebida difusión de datos personales.
Al ataque
López Obrador aseguró este lunes que sólo lo critican los «intelectuales orgánicos» del conservadurismo.
«En vez de meterse al fondo, de si hubo o no corrupción, recurren al INAI para decir: ‘se violó la privacidad’, como si fuera válida la corrupcion siempre y cuando se mantenga en secreto», dijo.
También aclaró que el escándalo ayuda a la sociedad a saber los límites que tienen aquellos que durante mucho tiempo mintieron al autocalificarse como «independientes», «miembros de la sociedad civil» y «académicos sin partido».
«El conservadurismo considera normal la corrupción cuando se trata de ellos porque su doctrina es la hipocresía, hay una especie de enajenación al sostener que si ellos son los corruptos, tienen licencia, lo pueden hacer. O lo hacen conscientemente y son ‘cinicazos'», acusó.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
