Internacionales
Empresa UBER es demandada por más de 500 mujeres en EE.UU.
Una firma de abogados presentó este miércoles en EE.UU. una denuncia colectiva de unas 550 clientas con reclamos contra Uber. Se acusa a la empresa de que «mujeres pasajeras en varios estados fueron secuestradas, agredidas sexualmente, maltratadas sexualmente, violadas, retenidas ilegalmente, acosadas, acosadas o atacadas de otra manera» por sus conductores. Asimismo, al menos 150 casos más están siendo investigados activamente, revelaron los querellantes en un comunicado de prensa.
Según la denuncia, presentada ante el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, desde 2014 Uber tuvo conocimiento de estos hechos, que la empresa incluye en cinco categorías más graves de agresión sexual, que abarcan desde «besos no consensuales de una parte del cuerpo no sexual» hasta «penetración sexual no consensuada» o la violación. Sin embargo, en los ocho años transcurridos desde entonces, los conductores de la compañía han continuado realizando actos de depredación sexual.
Dos semanas antes de la presentación de la denuncia, Uber publicó su segundo informe de seguridad para EE.UU., en el que la compañía reconoce que recibió 3.824 denuncias de las cinco categorías más graves en el período 2019-2020. La plataforma de transporte compartido señaló que las agresiones sexuales reportadas disminuyeron en un 38 % en comparación con lo reportado en el anterior informe del período 2017-2018, una disminución que pudo deberse a la reducción de la cantidad de pasajeros durante el pico de la pandemia de covid-19.
«Si bien la compañía ha reconocido esta crisis de agresión sexual en los últimos años, su respuesta real ha sido lenta e inadecuada, con terribles consecuencias», afirma en el comunicado Adam Slater, socio fundador de Slater Slater Schulman, el bufete que presentó la querellla.
Este escándalo, que anticipa profundas implicaciones económicas para la compañía estadounidense, se suma a la reciente conmoción causada por una filtración masiva de datos que revelaron cómo Uber burló la ley e influyó en gobiernos en su afán por el dominio global.
Sincelejo, Sucre. – Dos mujeres, madre e hija, fueron enviadas a prisión luego de quitarle la vida a un perro pastor alemán llamado Rommy, bajo el argumento de que el animal estaba “poseído por un mal espíritu”.
El hecho ocurrió en el municipio de Sincelejo, donde vecinos alertaron sobre gritos relacionados con un supuesto intento de “liberar” al perro de un espíritu maligno. Al llegar la Policía, el canino ya había sido asesinado e incinerado.
Teresita Alcocer y Arlin Cuello Alcocer fueron capturadas y presentadas ante la Fiscalía, donde se legalizó la detención y se les imputaron cargos por maltrato animal con circunstancias de muerte agravada. Debido a su comportamiento durante las audiencias, ambas fueron remitidas a una evaluación psiquiátrica.
El caso ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes exigen que las responsables permanezcan tras las rejas y no sean liberadas como en situaciones similares anteriores.
Un alguacil estadounidense y un inmigrante en situación irregular resultaron heridos durante una operación de la policía migratoria en Los Ángeles, informó el Gobierno.
El incidente ocurrió el martes cuando oficiales de inmigración, apoyados por alguaciles federales, intentaban recapturar a un “extranjero ilegal”. Según Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, el migrante utilizó su vehículo para embestir a la patrulla en un intento de escapar.
“Temiendo por la seguridad del público y de los agentes, nuestros oficiales siguieron su entrenamiento y dispararon en defensa propia”, explicó McLaughlin.
El migrante recibió un impacto en el codo, mientras que un agente resultó herido en la mano por una bala que rebotó. Ambos fueron trasladados a un hospital.
El uso de vehículos policiales para bloquear automóviles se ha convertido en una práctica habitual durante las redadas migratorias del Gobierno estadounidense.
Perú. – El presidente interino José Jerí decretó estado de emergencia en la ciudad de Lima y la provincia del Callao por un periodo de 30 días, en respuesta al incremento sostenido de la violencia y la delincuencia organizada que afecta al país. La medida entró en vigor a partir de la medianoche del 22 de octubre.
El decreto permite la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden público, así como la suspensión del derecho al libre tránsito y reunión en determinadas zonas. También autoriza la realización de operativos e inspecciones en barrios con alta incidencia delictiva.
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de tensión social y política, marcado por protestas y una creciente percepción de inseguridad entre la población. Según encuestas recientes, la delincuencia es considerada el principal problema nacional por la mayoría de los peruanos.
El Gobierno anunció que la medida será evaluada al finalizar los 30 días para determinar si se mantiene o se extiende a otras regiones del país.
