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El príncipe Enrique asegura ante la justicia que diario sensacionalista pirateó su teléfono
El príncipe Enrique se convirtió el martes en el primer miembro de la realeza británica que declara ante la justicia en un siglo, asegurando, pese a no poder demostrarlo, que un diario sensacionalista obtuvo detalles sobre su vida pirateando su teléfono.
Vestido con traje gris y camisa blanca, el hijo menor de Carlos III, de 38 años, testificó durante cinco horas en la Alta Corte de Londres, donde desde el 10 de mayo se juzga a Mirror Group Newspapers (MGN).
Enrique, dos actores de televisión y la exmujer de un cómico acusan a este grupo, editor del diario Mirror y la revista Sunday People entre otras publicaciones, de obtener información sobre ellos entre 1996 y 2011 mediante métodos ilegales, incluida la piratería telefónica.
«Mis mensajes de voz incluían información increíblemente privada y delicada», afirmó.
Por ejemplo, «no sé cómo podrían haber conocido detalles como mis planes de vuelo que nunca eran anunciados por el palacio por motivos de seguridad», lanzó a Andrew Green, el abogado de MGN que durante todo el día lo interrogó, uno a uno, sobre 20 de los 33 artículos examinados por la justicia.
Por la mañana el príncipe se mostró confuso y dubitativo, pero en la sesión de la tarde adoptó una actitud más combativa.
Aseguró haber llamado «hipócrita de mierda» a Paul Barrell, el exmayordomo de su madre, la difunta princesa Diana, en un mensaje de voz en 2003 a su hermano mayor, el príncipe Guillermo.
Esta expresión apareció posteriormente en la prensa, pero «después de tanto tiempo» dijo no recordar los detalles.
El minucioso interrogatorio dejó a la luz información privada como la reacción de su padre a su consumo de drogas, la vigilancia secreta ordenada por su abuela Isabel II durante su año sabático en Australia o las relaciones con su exnovia zimbabuense Chelsy Davy a partir de 2004.
«Si la relación con Chelsy era pública, sus detalles debían permanecer privados», afirmó. «El nivel de detalle de estos artículos es, cuanto menos, desconcertante», subrayó.
«Actividad ilegal»
El príncipe tuvo que admitir que muchas de estas informaciones fueron publicadas por otros diarios y confirmadas por fuentes reales.
Pero acusó al Mirror de ir más allá, obteniendo información por medios ilegales que dijo no poder demostrar porque las pruebas «fueron ocultadas o destruidas».
El miércoles, será de nuevo interrogado por Green sobre los artículos restantes antes de responder a las preguntas de su abogado, David Sherborne, quien también cuestionará a la periodista Jane Kerr, exredactora jefa adjunta y responsable de información real en el Mirror.
Los cuatro demandantes piden daños y perjuicios a MGN por el impacto que estas informaciones tuvieron en ellos.
Enrique denunció una «invasión de la prensa la mayor parte de (su) vida, hasta el día de hoy».
«Cada uno de estos artículos me causó sufrimiento», aseguró.
«Otras personas, amigos, compañeros de escuela leían los artículos y su comportamiento cambiaba», afirmó. Esto le hizo sentir «paranoia», desconfiar de cualquiera y reducir su círculo de amistades, subrayó.
«Todo el mundo lamenta la intrusión de los medios que ha sufrido en su vida, pero no se deduce de ello que fuese el resultado de una actividad ilegal», subrayó Green.
En el inicio del proceso, MGN reconoció «algunos indicios» de recopilación ilícita de información y pidió disculpas, pero negó haber interceptado mensajes de buzones de voz.
Crítica al gobierno
El príncipe, quinto en la línea de sucesión al trono, lanzó asimismo una inusual crítica a los lazos entre la prensa y el ejecutivo británico.
«Nuestro país es juzgado globalmente por el estado de nuestra prensa y nuestro gobierno, y creo que ambos están en lo más bajo», afirmó. «La democracia fracasa cuando la prensa no escruta ni exige responsabilidades al gobierno, y en su lugar opta por meterse en la cama con ellos para poder garantizar el statu quo», agregó.
El duque de Sussex no había vuelto a su país desde la ceremonia de coronación de su padre el 6 de mayo, a la que asistió sin su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, y tras la cual regresó inmediatamente a Estados Unidos donde la pareja reside desde que en 2020 abandonó la monarquía.
Su declaración del martes fue la primera de un miembro de la realeza británica desde Eduardo VII, que lo hizo también como testigo en un juicio por difamación en 1891, antes de convertirse en rey.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
