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El Ministerio Público de Guatemala solicitó a EE.UU. la extradición de la exfiscal, Thelma Aldana
El Ministerio Público de Guatemala anunció, ayer miércoles, que ha requerido a las autoridades de Estados Unidos la extradición de la exfiscal Thelma Aldana, acusada en su país por actos de corrupción durante su gestión al frente de la fiscalía chapina en su periodo 2014-2018.
Aldana, es acusada de un presunto fraude millonario en la compra de un edificio para la fiscalía guatemalteca y de crear plazas ficticias dentro de la misma.
Marlon Pacheco, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), fue quien dio ha conocer la noticia sobre el requerimiento de extradición de Aldana de EE.UU. a Guatemala.
«En virtud que se tiene conocimiento que (Aldana) se encuentra fuera del país, la fiscalía ha realizado las gestiones pertinentes y necesarias para requerir en caso concreto la extradición», indicó Pacheco.
Se tiene información que la exfiscal habría abandonado Guatemala en marzo de 2019 con destino a El Salvador, esto luego que el Ministerio Público girará su primera orden de captura por las supuestas plazas ficticias dentro de la fiscalía.
Información que se maneja en Guatemala, confirman que Thelma Aldana radica en los Estados Unidos, de ahí, la petición de extracción por parte de las autoridades fiscales del vecino país para con la nación norteamericana.
La acusación por plazas ficticias provocó que el tribunal electoral rechazara la inscripción de la exfiscal como candidata presidencial del partido político del Movimiento Semilla (centroizquierda) de cara a las elecciones generales del pasado 16 de junio.
En el caso de la compra del inmueble para la fiscalía, Aldana es señalada de aprobar en 2017 la adquisición del edificio en la capital por $4,5 millones, unos $449.000 por encima del precio real, según las investigaciones.
En su momento, Aldana dijo que los señalamientos de corrupción fueron fabricados por un «sistema» que se vio afectado por las investigaciones de alto impacto que encabezó junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que abandonó el país en setiembre pasado tras 12 años de funcionamiento porque el expresidente Jimmy Morales no les renovó la misión.
Tras el anuncio de la solicitud de extradición, Aldana acusó a la actual fiscal general, Consuelo Porras, de ser una «enviada por la mafia para vengarse» por los casos presentados junto a la Cicig, aseguró que todo es una especia de venganza por su papel desempeñado en la fiscalía.
“Es un plan de venganza por el trabajo que hemos hecho en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, destacó.
Aldana cuestionó también la inacción de la fiscal contra hechos de corrupción del expresidente Morales (2016-2020) y el excandidato presidencial Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien, según la sentencia, planificaba atentar contra tres fiscales.
Las autoridades guatemaltecas elevaron a nueve el saldo de policías asesinados el domingo durante una escalada de violencia de pandilleros, al fallecer este lunes un agente herido en los ataques que llevaron a decretar el estado de sitio.
Grupos criminales desataron una ola de atentados contra la policía en varias partes del país, en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a decenas de guardias para presionar su traslado a prisiones con menores medidas de seguridad, según el gobierno.
Ocho agentes murieron el domingo, mientras que otro, identificado como Frayan Medrano, falleció el lunes en un hospital público tras ser baleado cuando se desplazaba en una motocicleta junto a un compañero que se encuentra en «estado crítico», según reportes de la policía y el ministerio de Gobernación.
El ataque contra Medrano se produjo en un municipio al sur de la capital, en momentos en que la policía liberaba a 46 personas tomadas como rehenes el sábado pasado por presos acusados de pertenecer a pandillas, consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos.
Debido a ello, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró la noche del domingo el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
El decreto está en vigor, aun cuando todavía debe ser aprobado por el Congreso, de mayoría opositora, según establece la legislación guatemalteca para los estados de emergencia.
En redes sociales se encuentra circulando un video, el cual muestra el momento en que ocurrió el ataque armado en contra de dos agentes la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaban por la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Las imágenes dan cuenta que los dos policías iban en un vehículo de dos ruedas por el mencionado lugar, de pronto un automóvil particular los alcanza y se escuchan los disparos.
El video muestra el momento en que los agentes caen a un costado de la ruta, mientras la camioneta desde la que se efectuaron los disparos huye del lugar.
De acuerdo con la información oficial, ambos agentes de la PNC murieron tras el hecho de violencia ocurrido la mañana de este domingo 18 de enero.
Tras la recuperación del control de la cárcel Renovación I, se registraron varios ataques simultáneos en contra de agentes de la PNC, en distintos puntos de la ciudad y otros municipios.
En una respuesta contundente a la escalada de violencia registrada este domingo, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció que el Ejército de Guatemala se encuentra en apoyo total al Ministerio de Gobernación. La medida surge tras una serie de ataques simultáneos perpetrados por bandas criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diversas regiones del país.
El titular de la Defensa fue enfático al declarar que las fuerzas castrenses ya se encuentran operando en las calles. “El Ejército de Guatemala está al 100 por ciento en apoyo del Ministerio de Gobernación y todas sus fuerzas”.
Distribución estratégica: Elementos militares han sido desplegados específicamente en las zonas donde se registraron las agresiones contra los agentes policiales.
Operativos conjuntos: Se han iniciado patrullajes y acciones de seguridad combinadas a nivel nacional para retomar el orden público.
Uso del poder estatal: El Gobierno manifestó que utilizará el monopolio de la fuerza para garantizar la tranquilidad ciudadana ante las reacciones criminales.
El detonante: Éxito en la cárcel “Renovación I”
Las autoridades vinculan los ataques armados de este domingo con la exitosa operación realizada en el centro penitenciario Renovación I. Según el reporte oficial:
Toma de control: El centro carcelario fue recuperado sin registrarse bajas entre las autoridades ni entre la población privada de libertad.
Represalia criminal: Los ataques contra la PNC se ejecutaron de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control de dicha cárcel.
Sin privilegios: El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reiteró que no se cederá ante peticiones de retornar privilegios en los centros penales.
“Con ellos no hay diálogo y vamos a seguir dando resultados… no se va a negociar con terroristas”, sentenciaron los ministros Sáenz y Villeda en conferencia de prensa.
Planes de seguridad: Cinturón de Fuego y Plan Centinela
Para combatir al crimen organizado y transnacional, el Ministerio de la Defensa y Gobernación mantendrán activos varios planes estratégicos de seguridad:
Cinturón de Fuego: Operación de vigilancia para proteger el territorio nacional.
Plan Centinela: Enfocado en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Tecnología avanzada: Se utilizarán puestos de control y vigilancia con tecnología de punta para blindar a las comunidades.
Enfoque en Escuintla: Se reforzará la Operación Centinela específicamente en el departamento de Escuintla.
