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El Ministerio Público de Guatemala solicitó a EE.UU. la extradición de la exfiscal, Thelma Aldana
El Ministerio Público de Guatemala anunció, ayer miércoles, que ha requerido a las autoridades de Estados Unidos la extradición de la exfiscal Thelma Aldana, acusada en su país por actos de corrupción durante su gestión al frente de la fiscalía chapina en su periodo 2014-2018.
Aldana, es acusada de un presunto fraude millonario en la compra de un edificio para la fiscalía guatemalteca y de crear plazas ficticias dentro de la misma.
Marlon Pacheco, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), fue quien dio ha conocer la noticia sobre el requerimiento de extradición de Aldana de EE.UU. a Guatemala.
«En virtud que se tiene conocimiento que (Aldana) se encuentra fuera del país, la fiscalía ha realizado las gestiones pertinentes y necesarias para requerir en caso concreto la extradición», indicó Pacheco.
Se tiene información que la exfiscal habría abandonado Guatemala en marzo de 2019 con destino a El Salvador, esto luego que el Ministerio Público girará su primera orden de captura por las supuestas plazas ficticias dentro de la fiscalía.
Información que se maneja en Guatemala, confirman que Thelma Aldana radica en los Estados Unidos, de ahí, la petición de extracción por parte de las autoridades fiscales del vecino país para con la nación norteamericana.
La acusación por plazas ficticias provocó que el tribunal electoral rechazara la inscripción de la exfiscal como candidata presidencial del partido político del Movimiento Semilla (centroizquierda) de cara a las elecciones generales del pasado 16 de junio.
En el caso de la compra del inmueble para la fiscalía, Aldana es señalada de aprobar en 2017 la adquisición del edificio en la capital por $4,5 millones, unos $449.000 por encima del precio real, según las investigaciones.
En su momento, Aldana dijo que los señalamientos de corrupción fueron fabricados por un «sistema» que se vio afectado por las investigaciones de alto impacto que encabezó junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que abandonó el país en setiembre pasado tras 12 años de funcionamiento porque el expresidente Jimmy Morales no les renovó la misión.
Tras el anuncio de la solicitud de extradición, Aldana acusó a la actual fiscal general, Consuelo Porras, de ser una «enviada por la mafia para vengarse» por los casos presentados junto a la Cicig, aseguró que todo es una especia de venganza por su papel desempeñado en la fiscalía.
“Es un plan de venganza por el trabajo que hemos hecho en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, destacó.
Aldana cuestionó también la inacción de la fiscal contra hechos de corrupción del expresidente Morales (2016-2020) y el excandidato presidencial Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien, según la sentencia, planificaba atentar contra tres fiscales.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
