Internacionales
EE.UU. acusa al presidente de Honduras de recibir dinero de “El Chapo” Guzmán
El Departamento de Justicia aseguró este miércoles que tiene evidencia de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández y su hermano el exdiputado Juan Antonio Hernández, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín «El Chapo», Guzmán.
La Fiscalía aseguró que presentará en el juicio, que comenzó este miércoles en Nueva York, pruebas que demuestran que el exdiputado recibió de “EL Chapo”, entonces líder del cartel de Sinaloa, $1 millón de dólares para ser entregados al presidente de Honduras.
El juicio se inició en la corte federal para el distrito sur de Nueva York tras la selección del jurado, formado por nueve mujeres y tres hombres, más seis alternos, que permanecerán en el anonimato por cuestiones de seguridad.
El fiscal Jason Richman no precisó en qué recibió el dinero de “El Chapo” ni si fue usado en la campaña electoral de Hernández, durante la presentación del caso en el inicio del juicio.
Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, preso en Nueva York desde finales del 2018 tras ser arrestado ese año en Miami, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego para defender sus cargamentos y de mentir a las autoridades, de los que se ha declarado no culpable.
Hernández llegó este miércoles por primera vez a la sala del juez Kevin Castell sin el uniforme de prisionero que había usado durante las audiciones previas al juicio y siguió el proceso a través de un intérprete.
En esta ocasión, vistió un traje de chaqueta azul, acompañado de una corbata del mismo color y una camisa blanca.
Con semblante relajado, incluso sonrió en un momento en que el juez le pidió que se pusiera de pie para que le vieran los candidatos a jurado, con la intención de saber si alguno le conocía.
No es la primera vez que el gobierno de EE.UU. vincula el nombre del presidente Hernández en el caso por el narcotráfico contra su hermano a quien, según las autoridades, protegía, pero no ha presentado cargos en su contra.
Según el fiscal, esa protección que recibía hizo que el acusado se sintiera “intocable” y “seguro” en sus actividades de narcotráfico.
El mandatario he negado haber recibido dinero del narcotraficante y ha asegurado que el hecho de que le hayan implicado es un acto de venganza en su contra por haber dado el visto bueno a Estados Unidos el visto bueno para que haga extradiciones.
Según el Gobierno estadounidense, el acusado distribuyó masivas cantidades de cocaína que llegaron a este país durante años, se enriqueció como resultado de esa actividad y con ese dinero financió campañas políticas de su Partido Nacional.
El fiscal aseguró además este miércoles que la red de narcotráfico a la que pertenecía Tony Hernández, de 41 años, fue protegida por funcionarios corruptos del gobierno hondureño entre los que mencionó a alcaldes, legisladores, miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Richmon indicó además que la evidencia demostrará que “Honduras es un lugar propicio” para el narcotráfico, que escucharán a narcotraficantes involucrados con Hernández, además de ver fotos y video para sostener las acusaciones.
El abogado de defensa Omar Malone aseguró por su parte que la fiscalía no tiene evidencia en contra de su cliente, y que Hernández tiene licencia para armas, por lo que la acusación de posesión de armas quedaría invalidada.
Sostuvo además que las acusaciones en su contra de su cliente son la venganza de los narcotraficantes que cooperan con el Gobierno por haber consentido el presidente a la extradición a EE.UU de varios capos.
Al concluir el primer día de juicio, un grupo de hondureños protestó fuera de la corte federal exigiendo que se haga justicia para su pueblo.
“Si es culpable que le caiga todo el peso de la ley y si el presidente está involucrado, que renuncie inmediatamente y sea traído ante la justicia de EE.UU”, dijo uno de los manifestantes que prefirió ser identificado sólo como José por temor a represalias.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
