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EE.UU. acusa al presidente de Honduras de recibir dinero de “El Chapo” Guzmán
El Departamento de Justicia aseguró este miércoles que tiene evidencia de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández y su hermano el exdiputado Juan Antonio Hernández, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín «El Chapo», Guzmán.
La Fiscalía aseguró que presentará en el juicio, que comenzó este miércoles en Nueva York, pruebas que demuestran que el exdiputado recibió de “EL Chapo”, entonces líder del cartel de Sinaloa, $1 millón de dólares para ser entregados al presidente de Honduras.
El juicio se inició en la corte federal para el distrito sur de Nueva York tras la selección del jurado, formado por nueve mujeres y tres hombres, más seis alternos, que permanecerán en el anonimato por cuestiones de seguridad.
El fiscal Jason Richman no precisó en qué recibió el dinero de “El Chapo” ni si fue usado en la campaña electoral de Hernández, durante la presentación del caso en el inicio del juicio.
Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, preso en Nueva York desde finales del 2018 tras ser arrestado ese año en Miami, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego para defender sus cargamentos y de mentir a las autoridades, de los que se ha declarado no culpable.
Hernández llegó este miércoles por primera vez a la sala del juez Kevin Castell sin el uniforme de prisionero que había usado durante las audiciones previas al juicio y siguió el proceso a través de un intérprete.
En esta ocasión, vistió un traje de chaqueta azul, acompañado de una corbata del mismo color y una camisa blanca.
Con semblante relajado, incluso sonrió en un momento en que el juez le pidió que se pusiera de pie para que le vieran los candidatos a jurado, con la intención de saber si alguno le conocía.
No es la primera vez que el gobierno de EE.UU. vincula el nombre del presidente Hernández en el caso por el narcotráfico contra su hermano a quien, según las autoridades, protegía, pero no ha presentado cargos en su contra.
Según el fiscal, esa protección que recibía hizo que el acusado se sintiera “intocable” y “seguro” en sus actividades de narcotráfico.
El mandatario he negado haber recibido dinero del narcotraficante y ha asegurado que el hecho de que le hayan implicado es un acto de venganza en su contra por haber dado el visto bueno a Estados Unidos el visto bueno para que haga extradiciones.
Según el Gobierno estadounidense, el acusado distribuyó masivas cantidades de cocaína que llegaron a este país durante años, se enriqueció como resultado de esa actividad y con ese dinero financió campañas políticas de su Partido Nacional.
El fiscal aseguró además este miércoles que la red de narcotráfico a la que pertenecía Tony Hernández, de 41 años, fue protegida por funcionarios corruptos del gobierno hondureño entre los que mencionó a alcaldes, legisladores, miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Richmon indicó además que la evidencia demostrará que “Honduras es un lugar propicio” para el narcotráfico, que escucharán a narcotraficantes involucrados con Hernández, además de ver fotos y video para sostener las acusaciones.
El abogado de defensa Omar Malone aseguró por su parte que la fiscalía no tiene evidencia en contra de su cliente, y que Hernández tiene licencia para armas, por lo que la acusación de posesión de armas quedaría invalidada.
Sostuvo además que las acusaciones en su contra de su cliente son la venganza de los narcotraficantes que cooperan con el Gobierno por haber consentido el presidente a la extradición a EE.UU de varios capos.
Al concluir el primer día de juicio, un grupo de hondureños protestó fuera de la corte federal exigiendo que se haga justicia para su pueblo.
“Si es culpable que le caiga todo el peso de la ley y si el presidente está involucrado, que renuncie inmediatamente y sea traído ante la justicia de EE.UU”, dijo uno de los manifestantes que prefirió ser identificado sólo como José por temor a represalias.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
