Internacionales
Conoce el pueblo fantasma donde los Narcos asesinaron a todos los policías
La guerra quedó grabada a manera de memoria dolorosa y amenazante en las estructuras cadavéricas de lo que fueron casas y negocios. A manera de lo que fue, sí; pero también de lo que no se ha ido. Guadalupe, municipio al este de Ciudad Juárez, colindante con Texas, es casi un pueblo fantasma, todavía.
«La violencia no está detenida, es de diferente forma, pero sigue», dice una mujer que vive desde niña en Guadalupe y que prefiere no dar su nombre. «Siempre hay alguien vigilándonos», cuenta.
Hace diez años que comenzó la guerra en este pueblo. Los cárteles de Sinaloa y de Juárez se disputaban el territorio, ideal para el tráfico de droga, personas y armas porque no hay muro y el río lleva poca agua gran parte del año, las brechas que existen del lado norteamericano llevan a la carretera Interestatal 10 que conecta los estados fronterizos. Al enfrentamiento se sumaron el Ejército y la Policía Federal y este pueblo fue una devastada zona de guerra entre tres bandos.
Marzo de 2008 llegó con el anuncio del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, impulsado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Llegó también con el arribo de 11.840 elementos de seguridad, entre policías federales, ministeriales y Ejército, al estado. Marzo cambió todo y no ha vuelto a la normalidad desde entonces.
Por ejemplo, en 2010 fueron asesinadas entre Ciudad Juárez y Guadalupe, municipios que representan apenas el 1 por ciento de la población total del país, 3.825 personas, es decir, el 15 por ciento de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México, las puso este puntito del mapa junto al río Bravo. Y el 50 por ciento de los homicidios fueron contra hombres de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La cabecera municipal de Guadalupe es el poblado que lleva el mismo nombre, es parte de lo que se conoce como el Valle de Juárez, que comprende una parte de Ciudad Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero. Son más de 60 kilómetros de frontera que comparte el río con los poblados de Fabens, Tornillo y San Elizario, en Texas.
Desintegrar a la Policía y exterminar familias
Aunque parezca contradictorio, Guadalupe, uno de los municipios más violentos del estado de Chihuahua, no tiene Policía Municipal. A sus integrantes los asesinaron, secuestraron, desaparecieron o amenazaron para que renunciaran.
Éricka Gándara Archuleta tenía 28 años cuando se convirtió en la primera comandante de la Policía Municipal de Guadalupe. Tenía bajo su mando a siete policías; todos renunciaron ante las amenazas y ella se quedó sola. Era la única policía que salía a patrullar el pueblo cada día con un fusil AK-47 cuando, el 23 de diciembre de 2010, víspera de Navidad, fue secuestrada. Un grupo armado la sacó de su casa, a la que le prendió fuego, antes de irse con Éricka.
asi dos meses después, el 12 de febrero, fue hallada muerta en un canal de aguas negras, pero eso no se supo hasta que pasaron ocho meses y el cuerpo, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, pudo ser reconocido.
Seis meses antes del secuestro de Éricka, el alcalde de Guadalupe huyó hacia Ciudad Juárez por las amenazadas del crimen organizado. Jesús Manuel Lara fue acribillado frente a su familia y dentro de la casa en que se refugiaba, el 19 de junio de 2010.
Pasaron cuatro años y la familia de Éricka se enlutó de nuevo. El 11 de diciembre de 2014 fueron encontrados los cuerpos de tres hombres cada uno enredado en una cobija. El multihomicidio de Élmer García Archuleta, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y activista, así como de su hermano Édgar Iván García y de su primo Gabriel Gándara Archuleta, conmocionó a la comunidad de ambos municipios. Los cuerpos tuvieron que ser velados en El Paso, Texas, a donde huyó el resto de la familia en busca de asilo.
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.
La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto «delito de tráfico de influencias agravado» al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.
La indagación es la segunda que le abre la fiscalía al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.
El presidente peruano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso difundido por la prensa limeña y al cual accedió la AFP
La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones».
Las contrataciones se realizaron entre octubre y enero, según el Ministerio Público
El caso se conoció luego de que el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.
La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.
Esta nueva investigación es la segunda de la fiscalía contra Jerí luego que en enero se abrió una por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.
Perú celebrará elecciones generales en abril. El país sudamericano vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.
