Internacionales
Conoce el pueblo fantasma donde los Narcos asesinaron a todos los policías
La guerra quedó grabada a manera de memoria dolorosa y amenazante en las estructuras cadavéricas de lo que fueron casas y negocios. A manera de lo que fue, sí; pero también de lo que no se ha ido. Guadalupe, municipio al este de Ciudad Juárez, colindante con Texas, es casi un pueblo fantasma, todavía.
«La violencia no está detenida, es de diferente forma, pero sigue», dice una mujer que vive desde niña en Guadalupe y que prefiere no dar su nombre. «Siempre hay alguien vigilándonos», cuenta.
Hace diez años que comenzó la guerra en este pueblo. Los cárteles de Sinaloa y de Juárez se disputaban el territorio, ideal para el tráfico de droga, personas y armas porque no hay muro y el río lleva poca agua gran parte del año, las brechas que existen del lado norteamericano llevan a la carretera Interestatal 10 que conecta los estados fronterizos. Al enfrentamiento se sumaron el Ejército y la Policía Federal y este pueblo fue una devastada zona de guerra entre tres bandos.
Marzo de 2008 llegó con el anuncio del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, impulsado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Llegó también con el arribo de 11.840 elementos de seguridad, entre policías federales, ministeriales y Ejército, al estado. Marzo cambió todo y no ha vuelto a la normalidad desde entonces.
Por ejemplo, en 2010 fueron asesinadas entre Ciudad Juárez y Guadalupe, municipios que representan apenas el 1 por ciento de la población total del país, 3.825 personas, es decir, el 15 por ciento de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México, las puso este puntito del mapa junto al río Bravo. Y el 50 por ciento de los homicidios fueron contra hombres de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La cabecera municipal de Guadalupe es el poblado que lleva el mismo nombre, es parte de lo que se conoce como el Valle de Juárez, que comprende una parte de Ciudad Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero. Son más de 60 kilómetros de frontera que comparte el río con los poblados de Fabens, Tornillo y San Elizario, en Texas.
Desintegrar a la Policía y exterminar familias
Aunque parezca contradictorio, Guadalupe, uno de los municipios más violentos del estado de Chihuahua, no tiene Policía Municipal. A sus integrantes los asesinaron, secuestraron, desaparecieron o amenazaron para que renunciaran.
Éricka Gándara Archuleta tenía 28 años cuando se convirtió en la primera comandante de la Policía Municipal de Guadalupe. Tenía bajo su mando a siete policías; todos renunciaron ante las amenazas y ella se quedó sola. Era la única policía que salía a patrullar el pueblo cada día con un fusil AK-47 cuando, el 23 de diciembre de 2010, víspera de Navidad, fue secuestrada. Un grupo armado la sacó de su casa, a la que le prendió fuego, antes de irse con Éricka.
asi dos meses después, el 12 de febrero, fue hallada muerta en un canal de aguas negras, pero eso no se supo hasta que pasaron ocho meses y el cuerpo, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, pudo ser reconocido.
Seis meses antes del secuestro de Éricka, el alcalde de Guadalupe huyó hacia Ciudad Juárez por las amenazadas del crimen organizado. Jesús Manuel Lara fue acribillado frente a su familia y dentro de la casa en que se refugiaba, el 19 de junio de 2010.
Pasaron cuatro años y la familia de Éricka se enlutó de nuevo. El 11 de diciembre de 2014 fueron encontrados los cuerpos de tres hombres cada uno enredado en una cobija. El multihomicidio de Élmer García Archuleta, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y activista, así como de su hermano Édgar Iván García y de su primo Gabriel Gándara Archuleta, conmocionó a la comunidad de ambos municipios. Los cuerpos tuvieron que ser velados en El Paso, Texas, a donde huyó el resto de la familia en busca de asilo.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
