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Conoce el pueblo fantasma donde los Narcos asesinaron a todos los policías
La guerra quedó grabada a manera de memoria dolorosa y amenazante en las estructuras cadavéricas de lo que fueron casas y negocios. A manera de lo que fue, sí; pero también de lo que no se ha ido. Guadalupe, municipio al este de Ciudad Juárez, colindante con Texas, es casi un pueblo fantasma, todavía.
«La violencia no está detenida, es de diferente forma, pero sigue», dice una mujer que vive desde niña en Guadalupe y que prefiere no dar su nombre. «Siempre hay alguien vigilándonos», cuenta.
Hace diez años que comenzó la guerra en este pueblo. Los cárteles de Sinaloa y de Juárez se disputaban el territorio, ideal para el tráfico de droga, personas y armas porque no hay muro y el río lleva poca agua gran parte del año, las brechas que existen del lado norteamericano llevan a la carretera Interestatal 10 que conecta los estados fronterizos. Al enfrentamiento se sumaron el Ejército y la Policía Federal y este pueblo fue una devastada zona de guerra entre tres bandos.
Marzo de 2008 llegó con el anuncio del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, impulsado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Llegó también con el arribo de 11.840 elementos de seguridad, entre policías federales, ministeriales y Ejército, al estado. Marzo cambió todo y no ha vuelto a la normalidad desde entonces.
Por ejemplo, en 2010 fueron asesinadas entre Ciudad Juárez y Guadalupe, municipios que representan apenas el 1 por ciento de la población total del país, 3.825 personas, es decir, el 15 por ciento de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México, las puso este puntito del mapa junto al río Bravo. Y el 50 por ciento de los homicidios fueron contra hombres de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La cabecera municipal de Guadalupe es el poblado que lleva el mismo nombre, es parte de lo que se conoce como el Valle de Juárez, que comprende una parte de Ciudad Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero. Son más de 60 kilómetros de frontera que comparte el río con los poblados de Fabens, Tornillo y San Elizario, en Texas.
Desintegrar a la Policía y exterminar familias
Aunque parezca contradictorio, Guadalupe, uno de los municipios más violentos del estado de Chihuahua, no tiene Policía Municipal. A sus integrantes los asesinaron, secuestraron, desaparecieron o amenazaron para que renunciaran.
Éricka Gándara Archuleta tenía 28 años cuando se convirtió en la primera comandante de la Policía Municipal de Guadalupe. Tenía bajo su mando a siete policías; todos renunciaron ante las amenazas y ella se quedó sola. Era la única policía que salía a patrullar el pueblo cada día con un fusil AK-47 cuando, el 23 de diciembre de 2010, víspera de Navidad, fue secuestrada. Un grupo armado la sacó de su casa, a la que le prendió fuego, antes de irse con Éricka.
asi dos meses después, el 12 de febrero, fue hallada muerta en un canal de aguas negras, pero eso no se supo hasta que pasaron ocho meses y el cuerpo, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, pudo ser reconocido.
Seis meses antes del secuestro de Éricka, el alcalde de Guadalupe huyó hacia Ciudad Juárez por las amenazadas del crimen organizado. Jesús Manuel Lara fue acribillado frente a su familia y dentro de la casa en que se refugiaba, el 19 de junio de 2010.
Pasaron cuatro años y la familia de Éricka se enlutó de nuevo. El 11 de diciembre de 2014 fueron encontrados los cuerpos de tres hombres cada uno enredado en una cobija. El multihomicidio de Élmer García Archuleta, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y activista, así como de su hermano Édgar Iván García y de su primo Gabriel Gándara Archuleta, conmocionó a la comunidad de ambos municipios. Los cuerpos tuvieron que ser velados en El Paso, Texas, a donde huyó el resto de la familia en busca de asilo.

Internacionales
La UE ayudará a Google a abrir Android a los servicios de IA rivales
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
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Tormenta invernal paraliza gran parte de Estados Unidos y deja decenas de víctimas
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
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Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.


