Internacionales
Capturan a sicarios que atacaron un helicóptero de la Guardia Nacional en Zacatecas
Un grupo de 15 personas fueron detenidas hace un par de semanas en el estado de Zacatecas, en el centro de México, debido a que fueron vinculadas a proceso por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).
“A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de 15 personas por la probable comisión de los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como del delito de acopio de armas de fuego”, detallaron.
Las personas, presuntas integrantes de una organización criminal, agredieron a integrantes de diferentes corporaciones de seguridad, incluida la Guardia Nacional, cuando fueron sorprendidos durante un operativo en la comunidad de Jerez de García Salinas, unos 45 kilómetros al suroeste de la capital del estado.
“El 8 de diciembre de 2020, elementos de la Base de Operaciones Mixtas pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, elementos del 53 Batallón de Infantería y elementos de la Guardia Nacional, al encontrarse en un recorrido de seguridad y vigilancia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, recibieron una denuncia en la que se señalaba la presencia de gente armada, así como de personas secuestradas en un rancho de la Comunidad Villa Hermosa”, explicó la FGR.
“Al arribar al lugar apoyados por elementos que viajan en helicóptero, observan personas que al percatarse de la presencia policial realizan disparos hacia el helicóptero y hacia las unidades policiales, por lo que al repeler la agresión y controlar la situación, los elementos de seguridad logran su aprehensión”, añadieron.
Se trata de: Daniel “R”, Yair “A”, Francisco “L”, Misael “E”, Artemio “O”, Celso “D”, Genaro “O”, Hilario “S”, José “C”, Salvador “T”, José “M”, Marco “V”, Silvano “M”, Hilario “M” y Eduardo “H”.
A los detenidos se les aseguraron 19 armas de fuego largas, un arma de fuego tipo pistola, un aditamento lanzagranadas, 12 granadas, 6,251 cartuchos útiles, 127 cargadores para arma de fuego, diversas prendas de vestir tipo táctico, un vehículo automotor tipo SUV y una motocicleta.
El 10 de diciembre pasado, durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Zacatecas, el Juez de Distrito vinculó a proceso a los 15 sujetos por los delitos de acopio de armas de fuego; posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; posesión de cargadores del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ahondaron.
“Por lo que respecta a 10 de los imputados por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, nueve de ellos con agravantes; otorgando a las partes un término de tres meses de investigación complementaria, decretándose prisión preventiva justificada, quedando internos el Centro Federal de Readaptación Social de Cieneguillas”, concluyeron.
Zacatecas es una entidad donde la la de violencia ha ido en aumento en los últimos meses, debido al enfrentamiento cada vez más frontal entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, que buscan controlar la plaza, la cual tiene una ubicación estratégica que lo ha convertido en una zona altamente codiciada para el trasiego de drogas, ya que conecta al Pacífico con la frontera con los Estados Unidos.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
