Internacionales
Brasil colapsa por el COVID-19, Bolsonaro responde: «No voy a decretar el confinamiento»
«Ya colapsamos. Socorro. Necesitamos ayuda. ¿Algún estado con sitio en sus Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos puede ayudar?». Este fue el desesperado mensaje que lanzó a sus colegas Gilberto Figueiredo, secretario de Salud del estado de Mato Grosso.
Unos 59 contagiados por coronavirus esperan en Mato Grosso para poder acceder a una cama en la UTI y 390 aguardan en Santa Catarina, donde en febrero murieron 36 personas tras no conseguir plaza para ser atendidas. Pará ha decretado el estado de «calamidad pública» y el resto de los 23 estados y el Distrito Federal (DF) también atraviesan situaciones complicadas.
Brasil vive una momento realmente crítico. El domingo alcanzó 80.508 nuevos casos y 1.086 muertes en la últimas 24 horas y superó los once millones de infectados y los 265.000 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la situación en Brasil es «muy seria, muy preocupante» y considera que el país tiene que adoptar medidas «agresivas».
Colapso hospitalario por la nueva variante
A las puertas de un colapso hospitalario a nivel nacional y la amenaza de la P1, la nueva variante brasileña propagada por todo el país, los gobernadores de 21 estados –de un total de 26– y del DF piden la creación de un pacto nacional con medidas restrictivas y preventivas para frenar el avance de la pandemia.
«De nada sirve que mi estado lo haga [adoptar medidas] y el otro no (…) está claro que lo ideal es hacer como otros países y que se encargue el poder central. EE.UU. no lo estaba haciendo en la época de Trump, pero sí lo lleva a cabo ahora con Biden», comentó el gobernador de Piauí, Wellington Dias, portavoz del grupo, durante una entrevista a GloboNews.
Desde que comenzó la pandemia, Bolsonaro ha rechazado las medidas propuestas por los gobernadores para frenar el coronavirus y este lunes mantuvo su discurso. El mandatario afirmó que «su Ejército» no va «a obligar al pueblo a quedarse en casa» y consideró que «algunos se están excediendo».
«Algunos quieren que decrete el ‘cierre total’. No lo voy a decretar. Pueden tener clara una cosa: mi Ejército no va a salir a la calle para obligar al pueblo a quedarse en casa», dijo.
Por otro lado, este lunes los gobernadores se reunieron con el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, y representantes de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) para discutir sobre la manera de agilizar la vacunación.
«No podemos estar en una operación de guerra y que Anvisa [Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria] aplique exigencias propias de un periodo de normalidad», advirtió Dias.
La campaña de vacunación
El proceso de vacunación en Brasil comenzó el 18 de enero y desde entonces se han aplicado dosis a un 3,88 % de la población. El suministro de vacunas es uno de los temas de mayor preocupación en Brasil y crecen las críticas sobre la lentitud por parte del Gobierno para cerrar acuerdos. Por el momento, se están administrando la Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, y la del grupo anglo-sueco AstraZeneca.
La semana pasada, en medio de la preocupación por el alto número de muertos y contagiados, Bolsonaro llamó idiotas a quienes pedían al Gobierno agilizar la compra de vacunas.
Según los analistas, la gravedad de la crisis sanitaria y económica –con una caída histórica de un 4,1 % del PIB en 2020– ha empujado a Bolsonaro, asesorado por su entorno, a cambiar el discurso sobre las vacunas.
El Gobierno anunció este lunes una vacunación en masa contra el covid-19 e informó que el país se abastecerá en junio de 14 millones de dosis vacunas de la farmacéutica Pfizer. El ministro de Economía, Paulo Guedes, explicó que fue Bolsonaro quien habló directamente con el presidente de Pfizer, Albert Bourla.
Una reunión que, según Folha de S. Paulo, no estaba prevista y forma parte de la estrategia del Gobierno para disminuir el desgaste creado por el mandatario.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
