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Internacionales

Brasil colapsa por el COVID-19, Bolsonaro responde: «No voy a decretar el confinamiento»

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«Ya colapsamos. Socorro. Necesitamos ayuda. ¿Algún estado con sitio en sus Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos puede ayudar?». Este fue el desesperado mensaje que lanzó a sus colegas Gilberto Figueiredo, secretario de Salud del estado de Mato Grosso. 

Unos 59 contagiados por coronavirus esperan en Mato Grosso para poder acceder a una cama en la UTI y 390 aguardan en Santa Catarina, donde en febrero murieron 36 personas tras no conseguir plaza para ser atendidas. Pará ha decretado el estado de «calamidad pública» y el resto de los 23 estados y el Distrito Federal (DF) también atraviesan situaciones complicadas. 

Brasil vive una momento realmente crítico. El domingo alcanzó 80.508 nuevos casos y 1.086 muertes en la últimas 24 horas y superó los once millones de infectados y los 265.000 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la situación en Brasil es «muy seria, muy preocupante» y considera que el país tiene que adoptar medidas «agresivas».

Colapso hospitalario por la nueva variante

A las puertas de un colapso hospitalario a nivel nacional y la amenaza de la P1, la nueva variante brasileña propagada por todo el país, los gobernadores de 21 estados –de un total de 26– y del DF piden la creación de un pacto nacional con medidas restrictivas y preventivas para frenar el avance de la pandemia. 

«De nada sirve que mi estado lo haga [adoptar medidas] y el otro no (…) está claro que lo ideal es hacer como otros países y que se encargue el poder central. EE.UU. no lo estaba haciendo en la época de Trump, pero sí lo lleva a cabo ahora con Biden», comentó el gobernador de Piauí, Wellington Dias, portavoz del grupo, durante una entrevista a GloboNews.

Desde que comenzó la pandemia, Bolsonaro ha rechazado las medidas propuestas por los gobernadores para frenar el coronavirus y este lunes mantuvo su discurso. El mandatario afirmó que «su Ejército» no va «a obligar al pueblo a quedarse en casa» y consideró que «algunos se están excediendo».

«Algunos quieren que decrete el ‘cierre total’. No lo voy a decretar. Pueden tener clara una cosa: mi Ejército no va a salir a la calle para obligar al pueblo a quedarse en casa», dijo. 

Por otro lado, este lunes los gobernadores se reunieron con el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, y representantes de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) para discutir sobre la manera de agilizar la vacunación. 

«No podemos estar en una operación de guerra y que Anvisa [Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria] aplique exigencias propias de un periodo de normalidad», advirtió Dias.

La campaña de vacunación

El proceso de vacunación en Brasil comenzó el 18 de enero y desde entonces se han aplicado dosis a un 3,88 % de la población. El suministro de vacunas es uno de los temas de mayor preocupación en Brasil y crecen las críticas sobre la lentitud por parte del Gobierno para cerrar acuerdos. Por el momento, se están administrando la Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, y la del grupo anglo-sueco AstraZeneca.

La semana pasada, en medio de la preocupación por el alto número de muertos y contagiados, Bolsonaro llamó idiotas a quienes pedían al Gobierno agilizar la compra de vacunas. 

Según los analistas, la gravedad de la crisis sanitaria y económica –con una caída histórica de un 4,1 % del PIB en 2020– ha empujado a Bolsonaro, asesorado por su entorno, a cambiar el discurso sobre las vacunas. 

El Gobierno anunció este lunes una vacunación en masa contra el covid-19 e informó que el país se abastecerá en junio de 14 millones de dosis vacunas de la farmacéutica Pfizer. El ministro de Economía, Paulo Guedes, explicó que fue Bolsonaro quien habló directamente con el presidente de Pfizer, Albert Bourla. 

Una reunión que, según Folha de S. Paulo, no estaba prevista y forma parte de la estrategia del Gobierno para disminuir el desgaste creado por el mandatario. 

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La UE ayudará a Google a abrir Android a los servicios de IA rivales

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El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).

En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.

El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.

Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».

Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.

Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.

Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.

«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.

Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.

«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.

«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».

Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.

El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.

El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.

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Tormenta invernal paraliza gran parte de Estados Unidos y deja decenas de víctimas

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Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.

De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.

Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.

El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas

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El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.

«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.

Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.

El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.

Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.

En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.

Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.

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