Internacionales
Aguacates mexicanos enviados para el Super Bowl reciben una denuncia ambiental
Un año después de que la temporada del Super Bowl se viera empañada por la prohbición de los envíos de aguacates mexicanos, ha surgido otra amenaza: una denuncia ambiental de que los productores de aguacate están destruyendo los bosques que proporcionan un hábitat crítico para las mariposas monarca y otras criaturas.
La denuncia, presentada ante la Comisión trilateral para la Cooperación Ambiental, parte del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, acusa al gobierno mexicano de no hacer cumplir sus propias leyes sobre deforestación, conservación del agua y uso de la tierra.
Los productores a menudo talan bosques vírgenes para plantar aguacates para los consumidores estadounidenses. Las mariposas, debido a que pasan el invierno a mayor altitud, no están directamente amenazadas, pero los bosques alrededor de sus reservas en la cima de la montaña sí lo están.
Julio Santoyo es parte de un grupo de ambientalistas en el pueblo de Villa Madero, Michoacán, donde los activistas han sufrido durante años secuestros y amenazas de bandas madereras ilegales que limpian tierras para plantaciones de aguacate no autorizadas. Los huertos requieren mucha más agua que los pinos nativos.
Santoyo dijo que no sabe quién presentó la denuncia, pero la apoya, según recoge la agencia de información AP.
Los huertos de aguacate crecen aproximadamente a la misma altitud y condiciones climáticas que los bosques de pinos y abetos en Michoacán, donde las mariposas migratorias se reúnen cada año.
“La denuncia ayuda a que el problema sea más visible y puede ayudar a crear la regulación ambiental que se necesita” en la industria del aguacate, dijo Santoyo. “La verdad es que está bien fundado, y los puntos que plantea son los que nos hemos estado quejando y que siguen ocurriendo”.
Los activistas en Villa Madero dicen que regularmente ven talar franjas de bosque y cavar estanques de riego para regar los árboles de aguacate.
La agencia recordó que al menos dos activistas han sido secuestrados, amenazados y golpeados cuando denunciaban la deforestación.
México ha sido el lugar más mortífero del mundo para los activistas ambientales y de defensa de la tierra, según una encuesta global del grupo no gubernamental Global Witness, con 54 activistas asesinados en 2021.
Los cultivadores de aguacate también enfrentan amenazas en Michoacán, donde habitualmente son objeto de extorsión por parte de los cárteles de la droga.
Una declaración de la comisión dijo que la persona o grupo que presentó la denuncia no será liberado, presumiblemente para protegerlos de represalias.
La denuncia “afirma que México no está aplicando de manera efectiva sus leyes ambientales para proteger los ecosistemas forestales y la calidad del agua de los impactos ambientales adversos de la producción de aguacate en Michoacán, México”, según la oficina.
“Afirma que México está incumpliendo las disposiciones de la Constitución mexicana y varias leyes federales centradas en la evaluación de impacto ambiental, la conservación forestal, el desarrollo sostenible, la calidad del agua, el cambio climático y la protección del medio ambiente”.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
