Muchas veces me preguntan cuál fue el secreto del cambio en El Salvador en materia de seguridad. Suelen esperar una respuesta técnica: más policías, más presupuesto, más tecnología. Pero el punto de quiebre fue otro, mucho más incómodo y mucho menos exportable: el Estado decidió no ceder. No a la presión internacional. No al chantaje moral. No a la idea, muy instalada en ciertas democracias modernas, de que la justicia debe ser sensible con quien destruyó vidas.

Durante años, muchas democracias confundieron humanidad con indulgencia. En nombre de los derechos humanos, desplazaron el foco hacia el bienestar cotidiano del criminal, mientras las víctimas -y quienes aún podían convertirse en ellas- quedaban fuera del encuadre. El resultado fue un sistema invertido: Estados movilizando recursos, jueces y solemnidad institucional para garantizar el confort de asesinos.

El mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar esa inversión no está en una teoría jurídica. Está en una celda europea, ocupada por un hombre que asesinó a 77 personas.

En Noruega, Anders Breivik cumple condena en condiciones que se asemejan más a una vivienda que a una celda. Tiene televisión, gimnasio, escritorio y acceso a estudios universitarios. Demandó al Estado alegando trato inhumano porque el café se servía frío y su consola de videojuegos era anticuada. Un tribunal le dio la razón. El proceso judicial fue prolongado. El entierro de sus víctimas, breve y definitivo.

Dinamarca ofreció otra escena. Peter Madsen, quien violó, torturó y asesinó a la periodista Kim Wall, no necesitó tribunales para transformar su condena en vitrina. Desde prisión mantuvo relaciones sentimentales, recibió cartas de admiradoras y contrajo matrimonio legal. El sistema penitenciario funcionó exactamente como fue diseñado. Para cuando la opinión pública reaccionó, la cárcel ya había cumplido una función inesperada: otorgar visibilidad.

Israel llevó el fenómeno a un plano aún más inquietante. Terroristas condenados por atentados masivos -algunos con múltiples cadenas perpetuas- presentaron peticiones ante la Corte Suprema no para revisar sus sentencias, sino para mejorar sus condiciones de vida. Uno solicitó televisión satelital porque los canales disponibles no eran suficientes.

Otro exigió un colchón ortopédico por dolores de espalda. Otro pidió acceso ampliado a internet para continuar estudios universitarios. El Estado compareció. Los juecesescucharon. Se fijaron audiencias. El calendario judicial de un país en guerra se ajustó para deliberar sobre el bienestar físico y emocional de quienes habían asesinado civiles.

Todo fue legal. Y precisamente por eso resulta tan perturbador.

Cuando un Estado dedica su tiempo más valioso -el tiempo institucional- a optimizar la experiencia carcelaria de asesinos y terroristas, algo se quiebra. La justicia deja de ser protección y se convierte en administración. El criminal se vuelve sujeto central del derecho. La sociedad queda reducida a una abstracción sin urgencia.

El Salvador decidió no seguir ese camino.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, invierte esa lógica sin pedir permiso. No busca agradar a observadores internacionales ni ganar premios de diseño institucional. Su mensaje es simple y brutal: el miedo cambia de lado. El Estado deja de justificar su firmeza y la ejerce. No hay pedagogía para el victimario ni metáforas terapéuticas. Hay control. Hay orden. Hay una línea clara que antes no existía.

Por eso incomoda tanto. CECOT no discute si el criminal está cómodo. Discute si la sociedad está a salvo. Y en ese giro -silencioso y efectivo- El Salvador recordó algo que muchos países olvidaron: que la cárcel no es un experimento moral, sino una herramienta de soberanía.

CECOT parte de una premisa simple: antes de los derechos humanos del asesino están los derechos humanos de la víctima. Y antes aún, los derechos de quienes todavía no han sido atacados. Está destinado a asesinos seriales, jefes criminales y terroristas que destruyeron comunidades enteras.

Eso no es crueldad. Es prevención.

Los resultados son visibles. Barrios que antes vivían bajo extorsión hoy funcionan. Comercios abren. Niños caminan. Madres duermen. El silencio que llegó después no fue el de la represión, sino el del alivio.

Occidente puede seguir perfeccionando procedimientos y llamarlo “progreso”. El Salvador eligió claridad, prioridad y coherencia. CECOT no es la negación del derecho humano. Es la negación de la ingenuidad. Y en un mundo donde el crimen aprendió a usar la ley como escudo, quizá el acto más humano que le queda al Estado sea recordar, sin complejos, a quién debe proteger primero.

Yossi Abadi
Consul Honorario de El Salvador en Israel

El mercado de los seguros corporativos en Centroamérica entra en una nueva etapa en 2026. Más allá de la discusión sobre precios, las empresas están revisando de forma más profunda cómo protegen su operación frente a un entorno marcado por mayores exigencias económicas, cadenas de suministro regionalizadas, riesgos digitales, eventos climáticos y una creciente responsabilidad para directivos y consejos de administración.

De acuerdo con los análisis y perspectivas globales de WTW, el mercado de seguros corporativos avanza hacia un mayor equilibrio. Algunas líneas muestran mayor capacidad disponible; sin embargo, este escenario viene acompañado de una expectativa clara por parte de las aseguradoras: que las organizaciones comprendan mejor sus riesgos y estructuren programas de seguros alineados a su realidad operativa y regulatoria en la región.

Este contexto abre una oportunidad para que las empresas pasen de decisiones reactivas a enfoques más estratégicos. Durante los últimos años, la volatilidad económica y el aumento en el costo de los siniestros obligaron a muchas organizaciones a enfocarse únicamente en contener incrementos. Hoy, el panorama permite revisar coberturas, límites y estructuras con una visión más integral, especialmente en compañías con presencia en varios países de Centroamérica.

“Cada vez más empresas en El Salvador están entendiendo que el seguro no debe verse únicamente como un requisito operativo, sino como una herramienta clave para respaldar la continuidad del negocio, proteger su reputación y acompañar su crecimiento en un entorno regional más exigente”, señaló Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.

En este proceso de revisión, el comportamiento del mercado también muestra matices relevantes. En seguros patrimoniales, el mercado de reaseguro presenta señales de mayor estabilidad y competencia, lo que puede traducirse en condiciones más favorables para empresas con una gestión de riesgos sólida. No obstante, en coberturas de responsabilidad y riesgos legales, el mercado mantiene criterios más estrictos, lo que está llevando a las compañías a fortalecer sus procesos internos y su gobierno corporativo.

Coberturas que ganan relevancia en 2026
WTW identifica un interés creciente de las empresas en soluciones que respondan a los riesgos actuales, entre ellas:

Ciberseguridad: ante el aumento de ataques y la creciente dependencia tecnológica.
Responsabilidad de directivos (D&O): en un contexto de mayor escrutinio regulatorio y reputacional.
Seguros de crédito: orientados a proteger los flujos de caja frente a escenarios de insolvencia.
Soluciones alternativas: como coberturas paramétricas o estructuras más flexibles que complementan al seguro tradicional.

Esta evolución en las coberturas va de la mano con un desafío cada vez más relevante para las empresas que operan en más de un país de la región. El reto ya no es únicamente contratar un seguro, sino diseñar programas regionales consistentes, que cumplan con las regulaciones locales y permitan responder de forma eficiente ante un siniestro, sin perder visibilidad ni control desde la casa matriz.

“Para las empresas salvadoreñas con operaciones regionales, el verdadero valor del seguro en 2026 estará en su capacidad de integrarse a la estrategia del negocio, anticipar riesgos y facilitar decisiones informadas en un entorno cada vez más interconectado”, añadió Barrientos.

Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.

De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.