Internacionales
Redadas migratorias causan efecto “devastador” en comunidades y familias
Las redadas de inmigrantes en sus lugares de trabajo y la consiguiente separación de las familias han tenido un impacto psicológica y emocionalmente dañino en los menores de edad, así como un efecto devastador en comunidades y familias, según un informe divulgado este martes por el Centro para la Ley y la Política Social (CLASP, en inglés).
«Las redadas han sido devastadoras y han tenido como resultado el desgarramiento de las familias, la ruina de las comunidades. Las consecuencias son de largo plazo», dijo a Efe Wendy Cervantes, directora de Inmigrantes y Familias en CLASP y coautora del reporte.
«Meses y aun años después de estas operaciones las familias no han sido capaces de hacer pie. Los niños sufren consecuencias de salud mental de largo plazo, peores aun en los casos de separación permanente porque el padre o la madre han sido deportados», expuso.
La práctica, que se había moderado en administraciones anteriores, retornó con el Gobierno del presidente Donald Trump y alcanzó cimas en los veranos de 2018 y 2019, cuando cientos de personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), especialmente en Mississippi, Texas y Ohio.
El 18 de marzo pasado, el ICE notificó al Congreso que durante la pandemia de COVID-19 postergaría sus operaciones policiales, cesando las redadas en sitios de trabajo y en torno a hospitales, consultorios médicos y clínicas, y declaró que la gente «no debería evitar el cuidado médico por temor a las autoridades de inmigración».
De acuerdo con la organización National Immigration Law Center, durante esas redadas «los agentes de inmigración invaden un sitio de trabajo, sin anuncio y con fuerza militarizada, y capturan trabajadores para arresto y deportación».
«Los agentes cierran todas las salidas, hacen arrestos y los envían a sitios de detención remotos, sin advertencia», añadió este grupo. «Desde 2017, las redadas en sitios de trabajo han resultado en el arresto de más de 1.800 trabajadores».
CLASP, organización no partidista sin fines de lucro que promueve soluciones políticas para personas de bajos ingresos, señaló que «el alcance nacional de estas redadas, el hecho de que son impredecibles y la fuerza excesiva con que se han llevado a cabo sustentan preocupaciones acerca del costo humano de estas operaciones».
Los expertos de CLASP, que visitaron sitios de redadas en Allen (Texas), Sandusky y Salem (Ohio), y Canton, Carthage, Forest y Morton (Mississippi) encontraron que «el impacto de las redadas en las comunidades y los niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, fue la devastación de la seguridad económica y el bienestar físico y mental de las familias».
Un asesor legal en Ohio dijo a CLASP que «la separación de la familia es una separación de la familia ya sea que se trate de un agente en la frontera que saca a un bebé de los brazos de su madre, o que deja a un niño en la escuela sin que alguien lo recoja; es el mismo crimen contra la humanidad».
Los padres y madres detenidos experimentan impactos mentales y físicos incluso varios meses después de las redadas, cuando su primera preocupación era el cuidado de sus hijos, continuó el informe. Las madres separadas de sus bebés, incluidas las que estaban amamantando, «sufrieron un trauma emocional adicional y condiciones penosas como la mastitis, que a menudo ocurre cuando una madre no puede alimentar de pecho en horarios regulares».
La organización hizo referencia a estudios según los cuales los niños en familias donde algún miembro había sido detenido mostraban señales inmediatas de trastorno por estrés postraumático, con dificultad para dormir, llanto frecuente y una sensación de temor.
«A más largo plazo, esto es más de seis meses después de la redada, los cambios de conducta adversos -incluida la regresión o retrasos en el desarrollo- fueron más comunes en los casos en que los padres habían estado detenidos por más de un mes y/o fueron finalmente deportados», añadió el informe.
El estudio mencionó como ejemplo de experiencia traumática la de varios niños en Mississippi que, cuando volvían de la escuela a sus hogares, vieron a sus padres y madres esposados, en fila afuera de las fábricas y empujados a subirse a camionetas.
«Padres, madres y otros familiares relataron cómo los niños gritaban y lloraban descontrolados», añadió. «Algunos desarrollaron hemorragias nasales y hernias debido al llanto desolado cuando vieron que a sus padres se los llevaban».
Las familias trabajadoras, muchas de las cuales ya experimentaban condiciones económicas difíciles, con sueldos bajos y alquileres altos, como consecuencia de las redadas y las detenciones tuvieron que hallar otros empleos y pasaron a depender de las donaciones de la comunidad y las iglesias.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
