Internacionales
Redadas migratorias causan efecto “devastador” en comunidades y familias
Las redadas de inmigrantes en sus lugares de trabajo y la consiguiente separación de las familias han tenido un impacto psicológica y emocionalmente dañino en los menores de edad, así como un efecto devastador en comunidades y familias, según un informe divulgado este martes por el Centro para la Ley y la Política Social (CLASP, en inglés).
«Las redadas han sido devastadoras y han tenido como resultado el desgarramiento de las familias, la ruina de las comunidades. Las consecuencias son de largo plazo», dijo a Efe Wendy Cervantes, directora de Inmigrantes y Familias en CLASP y coautora del reporte.
«Meses y aun años después de estas operaciones las familias no han sido capaces de hacer pie. Los niños sufren consecuencias de salud mental de largo plazo, peores aun en los casos de separación permanente porque el padre o la madre han sido deportados», expuso.
La práctica, que se había moderado en administraciones anteriores, retornó con el Gobierno del presidente Donald Trump y alcanzó cimas en los veranos de 2018 y 2019, cuando cientos de personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), especialmente en Mississippi, Texas y Ohio.
El 18 de marzo pasado, el ICE notificó al Congreso que durante la pandemia de COVID-19 postergaría sus operaciones policiales, cesando las redadas en sitios de trabajo y en torno a hospitales, consultorios médicos y clínicas, y declaró que la gente «no debería evitar el cuidado médico por temor a las autoridades de inmigración».
De acuerdo con la organización National Immigration Law Center, durante esas redadas «los agentes de inmigración invaden un sitio de trabajo, sin anuncio y con fuerza militarizada, y capturan trabajadores para arresto y deportación».
«Los agentes cierran todas las salidas, hacen arrestos y los envían a sitios de detención remotos, sin advertencia», añadió este grupo. «Desde 2017, las redadas en sitios de trabajo han resultado en el arresto de más de 1.800 trabajadores».
CLASP, organización no partidista sin fines de lucro que promueve soluciones políticas para personas de bajos ingresos, señaló que «el alcance nacional de estas redadas, el hecho de que son impredecibles y la fuerza excesiva con que se han llevado a cabo sustentan preocupaciones acerca del costo humano de estas operaciones».
Los expertos de CLASP, que visitaron sitios de redadas en Allen (Texas), Sandusky y Salem (Ohio), y Canton, Carthage, Forest y Morton (Mississippi) encontraron que «el impacto de las redadas en las comunidades y los niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, fue la devastación de la seguridad económica y el bienestar físico y mental de las familias».
Un asesor legal en Ohio dijo a CLASP que «la separación de la familia es una separación de la familia ya sea que se trate de un agente en la frontera que saca a un bebé de los brazos de su madre, o que deja a un niño en la escuela sin que alguien lo recoja; es el mismo crimen contra la humanidad».
Los padres y madres detenidos experimentan impactos mentales y físicos incluso varios meses después de las redadas, cuando su primera preocupación era el cuidado de sus hijos, continuó el informe. Las madres separadas de sus bebés, incluidas las que estaban amamantando, «sufrieron un trauma emocional adicional y condiciones penosas como la mastitis, que a menudo ocurre cuando una madre no puede alimentar de pecho en horarios regulares».
La organización hizo referencia a estudios según los cuales los niños en familias donde algún miembro había sido detenido mostraban señales inmediatas de trastorno por estrés postraumático, con dificultad para dormir, llanto frecuente y una sensación de temor.
«A más largo plazo, esto es más de seis meses después de la redada, los cambios de conducta adversos -incluida la regresión o retrasos en el desarrollo- fueron más comunes en los casos en que los padres habían estado detenidos por más de un mes y/o fueron finalmente deportados», añadió el informe.
El estudio mencionó como ejemplo de experiencia traumática la de varios niños en Mississippi que, cuando volvían de la escuela a sus hogares, vieron a sus padres y madres esposados, en fila afuera de las fábricas y empujados a subirse a camionetas.
«Padres, madres y otros familiares relataron cómo los niños gritaban y lloraban descontrolados», añadió. «Algunos desarrollaron hemorragias nasales y hernias debido al llanto desolado cuando vieron que a sus padres se los llevaban».
Las familias trabajadoras, muchas de las cuales ya experimentaban condiciones económicas difíciles, con sueldos bajos y alquileres altos, como consecuencia de las redadas y las detenciones tuvieron que hallar otros empleos y pasaron a depender de las donaciones de la comunidad y las iglesias.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
