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VIDEO: Policía destruyó explosivos que decomisaron a pandilleros en casas «Destroyer»
Con la destrucción de 36 granadas tipo industrial PNC previene daños en la población
36 granadas de tipo industrial fueron destruidas de manera controlada esta mañana en el predio de Changallo, Ilopango; la Policía Nacional Civil al detectar oportunamente los artefactos explosivos está previniendo que la población no corra riesgo ya que algunos proyectiles son remanentes del conflicto armado que se vivió en el país en los años 80 o localizados en casas conocidas como “destroyer”.
La destrucción constó de 13 granadas para mortero de diferentes calibres, 15 granadas de mano, 5 granadas calibre 40 milímetros y 3 candelas de iluminación, tal como lo detalló hoy el vocero oficial subcomisionado Fausto Carranza Noyola.
“Este día destruimos este tipo de armas explosiva que de alguna manera causan inseguridad en la población y con estas acciones nos aseguramos que estos explosivos dejen de causar daño y garantizar la seguridad ciudadana” informó el oficial Noyola.
En el transcurso del primer trimestre del año se han incautado 28 artefactos explosivos a escala nacional y que en su mayoría son encontradas en excavaciones que se realizan para la construcción de una calle o incautaciones por agentes policiales en casas “destroyer” donde pandilleros realizan sus fechorías.
En otro tema, el subcomisionado Carranza Noyola informó que durante los primeros tres meses del presente año se ha decomisado 1 219 armas de fuego, lo que representa una disminución de 263 en comparación al primer trimestre del 2018 donde se incautaron 1 482, asimismo, el oficial destacó que el 69% de los decomisos hasta la fecha son pistolas y revólveres conocidos como armas cortas.
Noyola hizo un llamado a la población víctima de hurto o robo de armas de fuego a realizar las denuncias respectivas ya que de esta forma se evita que las armas lleguen al mercado negro y sean utilizadas para cometer delitos.
Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril se contabilizan 138 denuncias por robo o hurto de armas de fuego de las cuales el 76% se debe al hurto de estas, ya que el 44% de las denuncias son por pistolas y el 32% de revólveres el resto se debe por robo o extravío informó el oficial.
En otro tema, el vocero oficial aprovechó para pedir disculpas ante el incidente que se registró con un medio televisivo en San Miguel, durante el fin de semana, ya que la institución policial es de puertas abiertas para la labor periodística. “Como representante de la PNC queremos ofrecer disculpas públicas con el medio de comunicaciones de San Miguel por los altercados ocurridos el domingo 14 de mayo. Ya se está realizando un proceso disciplinario, para deducir responsabilidades, la PNC no está para obstruir el trabajo de la prensa”.
En ese sentido, el oficial dijo que la PNC continúa capacitando al personal policial en el abordaje con los Medios de Comunicación Social, muestra de ello, es que el pasado viernes 03 de mayo 34 nuevos jefes policiales están recibiendo el segundo curso especializado en “Comunicación Efectiva para Vocería de la Policía Nacional Civil” brindado por la escuela de Ciencias de la comunicación de la Universidad Doctor José Matías Delgado.
Al finalizar, el subcomisionado Carranza dijo que durante los 4 primeros meses del 2019 se contabilizan 1 200 homicidios lo que significa un 13% menos en comparación al mismo periodo del 2 018 que dejó 1 385 muertes violentas.
En cuanto al delito de feminicidios, Carranza Noyola, dijo que durante el presente año se cuentan 122 asesinatos de mujeres lo que representa 47 menos en comparación al mismo período del 2 018 que dejó 169 muertes.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
