Judicial
Mauricio Arrieta presenta denuncia ante la Fiscalía contra notario, Karla Ivette Escamilla, a quien acusa de falsead documental agravada en poder usado para acusarlo
Este miércoles 11 de septiembre se ha presentado una nueva denuncia contra la abogada y notario, Karla Ivette Escamilla López, quien actualmente está siendo procesada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de Peculado.
La nueva denunciada, relaciona que Karla Ivette Escamilla López con la intención de involucrar falsamente al arquitecto Mauricio Arrieta, ante sus oficios, relacionó falsamente las credenciales con que actúa para otorgar un poder al licenciado René Medrano en nombre de una sociedad en Barbados, poder dado al abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, el día 3 de mayo 2019 y nuevamente al día siguiente, intentó sorprender al magistrado Antonio Durán de la Cámara Tercera de lo Penal, vuelve a sustituir, ante sus propios oficios de notario, y regresa el mismo poder nuevamente a René Medrano.
Según la denuncia es tan falso y notorio dicho poder, que la notario afirma haber tenido a la vista el documento original, traducida al español la personería de la junta directiva y relata a los seis directores por sus nombres propios y sus cargos, pero “es tan burda la falsedad que dicha sociedad por ley de creación tiene un mínimo de un director y un máximo de 5 directores, cuando ella relaciona 6 directores, con lo cual se comprueba el delito”.
El abogado René Alberto Medrano, presentó una solicitud para constituirse Querellante, el cual hizo acompañar de un Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado ante los oficios notariales de la licenciada Karla Ivette Escamilla López, correspondiente a escritura número cincuenta y tres del Libro de Protocolo número quince, de la referida notario, resultando que en tal instrumento consta que fue otorgado: “En la ciudad de San Salvador a las quince horas del día tres de mayo de dos mil diecinueve, por René Alberto Medrano, quien manifestó actuar en nombre y representación de la Sociedad TRADESAL INC., una sociedad de nacionalidad Barbadense, del domicilio de San Michel, Barbados, quien en esa supuesta calidad le otorga poder especial para querellar, amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere procedente, a los abogados Carlos Daniel Ayala Turcios, José Carlos Barrientos Díaz y Jesús Edgardo Ventura Ayala”.
Posteriormente, mediante acta notarial otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas y quince minutos del día cuatro de mayo de dos mil diecinueve, suscrita ante sí y por sí, el abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, sustituye en todas y cada una de sus partes el poder que le había sido conferido, en el mismo licenciado René Alberto Medrano, es decir quien lo otorgó en supuesta representación de TRADESAL INC, según se desprende de la denuncia.
“Es por tal motivo, que corresponden al verificar la relación de la personería que la notario autorizante efectuó al momento del otorgamiento del relacionado poder, establece que el licenciado René Alberto Medrano contaba con amplias y suficientes credenciales para comparecer y conferir las potestades relacionadas en el poder especial para querellar, lo cual no coincidía con la realidad.
Precisamente, la notario autorizante y hoy denunciada, en el instrumento público señalado expresa dar fe de ser legítima y suficiente la personería con la cual actuó René Alberto Medrano, con lo cual sorprende como acostumbra hacer a los magistrados de la Cámara Tercera de lo penal y le otorgan ilegalmente la calidad de querellante”, comentó el abogado del denunciante.
Esta no es la primera vez que el abogado Medrano acredita ilegalmente una calidad, ya que también intentó hacerlo en otro proceso penal, aludiendo tener la calidad de apoderado de Tradesal. Lo que fue descartado por la Cámara 2a de San Salvador, mencionada el abogado.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
