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20 años después, en cumplimiento con resolución de ONU, reabren caso en favor de Enrique Rais por quiebra de ingenio “El Carmen”
Después de haberse cumplido prácticamente 20 años (2001) que poderosos intereses políticos y económicos Areneros, utilizando al entonces jefe fiscal Douglas Arquímides Meléndez, despojaron al empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais de toda la inversión y las instalaciones donde funcionaba el Ingenio azucarero denominado “EL CARMEN” por medio de la criminalización de una serie de contratos mercantiles para fabricarles un caso penal por el delito de Negociaciones Ilícitas, de acuerdo a su apoderado legal recientemente, el Estado Salvadoreño ha garantizado el derecho de su cliente al acceso a la justicia y a una reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, entre los que se encuentra la pérdida total del negocio azucarero y sus propiedades.
Todo esto fue posible por medio del acatamiento del Órgano Judicial de la resolución dictada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) de Naciones Unidas, que evaluando toda la situación de persecución legal que el empresario ha sufrido desde el año 2001, por grupos fácticos de poder, determinó que debía garantizársele el derecho al acceso a la justicia, así como realizar investigaciones exhaustivas e independientes contra los responsables de las violaciones a derechos humanos de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización por los daños en su patrimonio.
REAPERTURA DE CAUSA PENAL CONTRA EXPRESIDENTES DEL BFA.
De acuerdo a las declaraciones del abogado Miranda Rubio, la Fiscalía General de la República (FGR) bajo titularidad de Douglas Meléndez, omitió investigar la denuncia interpuesta por las sociedades INCAÑA, GRANJA LOS PATOS y ADMINISTRADORA EL CARMEN, propiedad de Enrique Rais, de manera que se mantuvo inactiva durante todo el tiempo que Meléndez fue fiscal general y más grave y aberrante, fue el exfiscal Raúl Melara, quien presentó en septiembre de 2019, “no la acusación presentada por Enrique Rais, sino al contrario pidió sobreseimiento definitivo contra todos los que perjudicaron y llevaron a la quiebra dolosamente el ingenio “El Carmen” y con ello la pérdida de más 1200 empleos”.
Desde entonces, manifiesta el profesional del derecho, comenzaron a librar una batalla que llevó el caso hasta la Honorable Sala de lo Penal, que anuló el sobreseimiento definitivo y obligó a que se instalara de nuevo la audiencia, donde, en calidad de querellantes, demostraron que los hechos existen, que tienen relevancia penal y que no han prescrito.
“Contando con las pruebas reales, objetivas y contundentes de cómo se fraguó un plan para llevar a la quiebra el Ingenio El Carmen, así como la resolución de Naciones Unidas que confirma las violaciones a derechos humanos del Sr. Rais, como querella hemos sustentado el caso y el juez de la causa resolvió en audiencia inicial, que pase a la siguiente etapa e impuso medidas sustitutivas a la detención a los imputados”, destacó Miranda Rubio.
De acuerdo a la resolución que este medio tuvo a la vista, los imputados son los expresidentes del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Guillermo Funes Araujo (ya fallecido por ende fue sobreseído), Nora Mercedes Miranda López y Gustavo Alfonso Escobar, así como el exinterventor del ingenio, Óscar Girón Ulloa, a quienes se les acusa de los delitos de Administración Fraudulenta, Daños Agravados, Apropiación o Retención Indebida y Actos Arbitrarios. A todos los imputados se les impuso como medidas a cumplir no cambiar de domicilio, presentarse a firmar en el juzgado cada treinta días y restricción de no salir del país, durante todo el periodo de instrucción.
Según el abogado, “es muy alentador ver como el actual Sistema de Justicia viene cumpliendo con su mandato de administrar pronta, cumplida y recta justicia, especialmente dando cumplimiento a resoluciones internacionales” como la que fue emitida a favor de su cliente. De hecho, expresa que, como abogados del Sr. Rais, se encuentran permanentemente enviando información actualizada a los observadores de cumplimiento de ONU, quienes también se muestran satisfecho de las señales positivas que el Estado Salvadoreño comienza a brindar en materia de respeto a los derechos humanos.
EFECTOS COLATERALES DE LA QUIEBRA DEL INGENIO “EL CARMEN”
Consultados unos de los habitantes cercanos a las instalaciones que alguna vez albergaron el Ingenio “El Carmen” manifiestan que, desde que el Banco (BFA) le quitó las instalaciones al Sr. Rais, se terminó toda la productividad del Ingenio, ya que las autoridades del BFA lo dejaron en total abandono, acciones de las que dan testimonio las infraestructuras deterioradas y toda la maquinaria que se ha convertido en chatarra con el paso de estos 20 años. Para quienes viven en la comunidad evocar el tiempo en que el Ingenio era productivo, significa ver a mejores tiempos, donde según los pobladores, durante la época de zafra se producían miles y miles de empleos entre directos e indirectos que traían pujanza económica en la localidad, ahora todo es desolación y ruinas.
Sin embargo ahora, como manifiesta el abogado de Rais, se presenta una oportunidad importante para que su cliente alcance justicia ante la forma en que sistemáticamente las autoridades Areneras, como también el exfiscal Douglas Meléndez, entonces a cargo de la Unidad Anticorrupción, por medio de un proceso penal fabricado, como volvió a hacerlo durante su mandato de fiscal general de la República (2016-2019), despojaron al empresario de su proyecto, “con la única intención de quebrarlo en beneficio de otros intereses económicos”. “Esta oportunidad no tendría sentido para mi cliente, si no existiera la opción de volver a potenciar lo que un día fue un desarrollo industrial en la zona donde antes se encontraba el ingenio azucarero, de manera que, se lleve progreso a comunidades que actualmente se encuentran económicamente deprimidas, instalando ya no un ingenio azucarero, sino que en su lugar se instalará una planta de Biomasa para la generación de energía limpia y renovable”, explicó.
Y concluyó: “Se trata de un triunfo que el Sr. Rais espera compartir con las comunidades”
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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