Política
Sentencia de la Sala de lo Constitucional no puede ser irrespetada, asegura magistrado Noel Orellana
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Noel Orellana, brindó un balance de como marcha hasta la fecha el proceso electoral de cara a las elecciones 2024 en El Salvador y sobre la sentencia emanada por la Sala de lo Constitucional en el tema de la posible reelección presidencial.
En este punto el magistrado fue categórico en manifestar que están en la obligación de dar cumplimiento a la sentencia emanada de la Sala que se refiere a la reelección presidencial, sobre la cual no hay argumentos para irrespetarla.
“Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no es autoridad para venir a calificar si una institución ha sido o no legalmente electa. Nosotros tenemos una resolución de la Sala de lo Constitucional, en lo cual le obliga al Tribunal a Supremo Electoral que el actual presidente de la república decidiera inscribirse como candidato, el tribunal tendrá la obligación de inscribirlo, expresamente lo dice la Sala y yo estoy sujeto de un delito de desobediencia que establece el Código Penal que todo funcionario que incumpliera la sentencia procedente de un tribunal superior estará sujeto a pena. Y no estoy defendido ni justificando la reelección” dijo firmemente Orellana.
En la entrevista de El Salvador Today de Diario Digital Cronio, Orellana también adelantó sobre el análisis y contratación de la empresa que estará a cargo de garantizar y validar el voto electrónico en el exterior.
Hasta la fecha el TSE se encuentra en análisis de la empresa que estará a cargo de llevar el voto electrónico en el exterior, tema por el cual, se estudian las licitaciones y experiencia que poseen los ofertantes adelantó el magistrado.
“Llevamos algunos días de retraso, pero esperamos este día estar llevando a la nación la empresa que ha sido seleccionada para la implementación del voto en el exterior”, aseguró.
Los atrasado en el nombramiento de la empresa han pasado por el vencimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hoy la Nueva Ley de Compras que “no coincidían a efecto de que el tribunal supremo electoral pudiera seguir todos los procedimientos en aras de la transparencia”, subrayó el magistrado.
Noel Orellana habló demás del recorte del presupuesto asignado al TSE para llevar a cabo el proceso electoral en cuanto al voto en el exterior se refiere el cual asciende a $45 millones y reafirmó que pese al atraso en el nombramiento de la empresa “en ningún momento está en riesgo el voto en el exterior. Es muy importante y delicado manejar recursos del estado y este tribunal se ha caracterizado por ser transparente y responsable en el uso de los recursos del estado”.
El magistrado además habló sobre los tiempos para la entrega del padrón oficial para las elecciones 2024 el cual debe estar listo y entregado a los partidos políticos para el mes de septiembre.
“Por eso es urgente para entregárselo a la empresa que va a registrar el voto en el exterior y lo estamos construyendo con Migración y Extranjería que remite los pasaporte que se están emitiendo a los salvadoreños y el RNPN va alimentar al tribunal supremo electoral para elaborar el registro”, detalló Orellana.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
