Política
Sentencia de la Sala de lo Constitucional no puede ser irrespetada, asegura magistrado Noel Orellana
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Noel Orellana, brindó un balance de como marcha hasta la fecha el proceso electoral de cara a las elecciones 2024 en El Salvador y sobre la sentencia emanada por la Sala de lo Constitucional en el tema de la posible reelección presidencial.
En este punto el magistrado fue categórico en manifestar que están en la obligación de dar cumplimiento a la sentencia emanada de la Sala que se refiere a la reelección presidencial, sobre la cual no hay argumentos para irrespetarla.
“Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no es autoridad para venir a calificar si una institución ha sido o no legalmente electa. Nosotros tenemos una resolución de la Sala de lo Constitucional, en lo cual le obliga al Tribunal a Supremo Electoral que el actual presidente de la república decidiera inscribirse como candidato, el tribunal tendrá la obligación de inscribirlo, expresamente lo dice la Sala y yo estoy sujeto de un delito de desobediencia que establece el Código Penal que todo funcionario que incumpliera la sentencia procedente de un tribunal superior estará sujeto a pena. Y no estoy defendido ni justificando la reelección” dijo firmemente Orellana.

En la entrevista de El Salvador Today de Diario Digital Cronio, Orellana también adelantó sobre el análisis y contratación de la empresa que estará a cargo de garantizar y validar el voto electrónico en el exterior.
Hasta la fecha el TSE se encuentra en análisis de la empresa que estará a cargo de llevar el voto electrónico en el exterior, tema por el cual, se estudian las licitaciones y experiencia que poseen los ofertantes adelantó el magistrado.
“Llevamos algunos días de retraso, pero esperamos este día estar llevando a la nación la empresa que ha sido seleccionada para la implementación del voto en el exterior”, aseguró.
Los atrasado en el nombramiento de la empresa han pasado por el vencimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hoy la Nueva Ley de Compras que “no coincidían a efecto de que el tribunal supremo electoral pudiera seguir todos los procedimientos en aras de la transparencia”, subrayó el magistrado.
Noel Orellana habló demás del recorte del presupuesto asignado al TSE para llevar a cabo el proceso electoral en cuanto al voto en el exterior se refiere el cual asciende a $45 millones y reafirmó que pese al atraso en el nombramiento de la empresa “en ningún momento está en riesgo el voto en el exterior. Es muy importante y delicado manejar recursos del estado y este tribunal se ha caracterizado por ser transparente y responsable en el uso de los recursos del estado”.

El magistrado además habló sobre los tiempos para la entrega del padrón oficial para las elecciones 2024 el cual debe estar listo y entregado a los partidos políticos para el mes de septiembre.
“Por eso es urgente para entregárselo a la empresa que va a registrar el voto en el exterior y lo estamos construyendo con Migración y Extranjería que remite los pasaporte que se están emitiendo a los salvadoreños y el RNPN va alimentar al tribunal supremo electoral para elaborar el registro”, detalló Orellana.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.






