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Vicepresidente Félix Ulloa homenajea el legado de dos líderes
Este día, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, se trasladó al distrito de Chinameca en San Miguel Oeste para rendir homenaje a dos figuras que han marcado la historia con un legado invaluable. En un primer momento, rindió un tributo al exrector de la UES, defensor de los derechos estudiantiles, Félix Ulloa.

Durante el acto, destacó el profundo compromiso de su padre con la educación y el desarrollo tecnológico, resaltando cómo esa vocación permitió al mártir impulsar un modelo educativo centrado en la ciencia y la innovación. Además, el vicepresidente Ulloa, acompañado de docentes y estudiantes, colocaron una ofrenda floral en el busto del ilustre salvadoreño, ubicado en el Instituto Nacional de Chinameca, que lleva su nombre y mantiene viva su memoria.
Posteriormente, como una acción que reafirma la hermandad entre los pueblos de Chinameca de El Salvador y su ciudad homónima del Estado de Morelos en México, el Vicemandatario junto al Embajador de los Estados Unidos Mexicanos, Ricardo Cantú, se dirigieron al kiosko Daniel Funes para develar un busto de Emiliano Zapata, “El Caudillo del Sur”.

En el contexto de esta conmemoración, el Vicepresidente resaltó a esta figura histórica como un símbolo mundial de un arduo trabajo a favor de la justicia social y los derechos de los campesinos. De la misma forma, reafirmó los profundos lazos culturales e históricos que entrelazan a ambas naciones, celebrando la amistad y el respeto mutuo que enriquecen a los pueblos. “Este hermanamiento espiritual une a dos tierras que, además de compartir un nombre, comparten un profundo legado histórico”, señaló.
Finalmente, los funcionarios subrayaron la importancia de rendir homenaje a estos dos líderes, quienes con su sacrificio y visión contribuyeron a una sociedad más justa y equitativa. En las ceremonias también estuvieron presentes: La representante de la gobernadora de Morelos, México, Liliana González; el Alcalde de San Miguel Oeste, Elías Villatoro y comunidad educativa.

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Gabinete de Seguridad presenta a estructura vinculada al hurto de motocicletas
Autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron detalles de la captura de sujetos vinculados a una estructura de hurto de motos. “Como Gabinete de Seguridad ampliado estamos trabajando día con día en una guerra frontal contra las pandillas y tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas a los responsables de delitos graves”, afirmó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario explicó que están analizando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y que, a raíz de esto, se encontraron con reportes de hurtos de motocicletas y es así como la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil inició con la operatividad.
“Tenemos diferentes videos y denuncias de esta estructura y, como resultado, se tiene la detención de siete personas. Operaban como moscas, salían todos y uno de ellos hurtaba la moto, luego la empujaban y con un desarmador generaban la ignición para que arrancara”, agregó el ministro.
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Revoltoso llora cuando es detenido por la PNC por provocar desórdenes públicos
Un usuario de redes sociales captó el instante en el que un sujeto que protagonizó una pelea durante un baile comenzó a llorar cuando las autoridades lo capturaron.
Según se aprecia en el video, el sujeto había protagonizado una pelea durante un carnaval callejero.
Sin embargo, todo el coraje mostrado durante la pelea parece que se desvaneció al verse rodeado por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que procedieron a capturarlo por provocar desórdenes públicos.
El autor del video, quien se identifica con el usuario Rudy.SV, captó el instante cuando el sujeto comenzó a llorar tras darse cuenta que iría preso.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.


