El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se pronunció en contra de la Fiscalía y ratificó este viernes la victoria de Bernardo Arévalo de León como próximo presidente del país, luego de que el oficialismo anunciara más temprano su anulación por irregularidades.

“Quiero ratificar como magistrada titular y a título muy personal que los resultados están validados, oficializados y son inalterables”, declaró la presidente del TSE, Blanca Alfaro, y agregó que “en este momento (…) los diputados y el binomio presidencial están listos para tomar posesión el 14 de enero”.

En ese sentido, la magistrada descartó que se puedan celebrar otros comicios y advirtió de cara a la investidura pactada para el 14 de enero que “si [Bernardo Arévalo y Karin Herrera] no toman posesión, habría rompimiento del orden constitucional”. “No tengo que defender los resultados electorales, ya los firmamos”, insistió.

Este viernes, luego de que la víspera concluyera el período de coordinación entre los gabinetes saliente y entrante para garantizar un traspaso ordenado, el Ministerio Público lanzó una nueva ofensiva contra el Movimiento SeEste viernes, luego de que la víspera concluyera el período de coordinación entre los gabinetes saliente y entrante para garantizar un traspaso ordenado, el Ministerio Público lanzó una nueva ofensiva contra el Movimiento Semilla, con el objetivo de evitar su llegada al poder.milla, con el objetivo de evitar su llegada al poder.

Así, la fiscal Leonor Morales indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el TSE, por lo que dichas irregularidades conducen a la invalidación de los resultados tanto para presidente como para diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano. “Los formatos utilizados no fueron aprobados por el pleno de magistrados”, sostuvo la funcionaria.

Por su parte, el jefe de la unidad Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, sumó que el TSE será notificado sobre los hallazgos y pidió nuevamente el cese de la inmunidad de Arévalo por “violación de la normativa electoral”, en referencia a supuestas inconsistencias en los ingresos y egresos de su partido y de varios recibos que quedaron sin identificar.

No obstante, la decisión de la Fiscalía, que luego fue desacreditada por el máximo Tribunal, sólo puede ser válida si es dispuesta por la Corte de Constitucionalidad, que no se ha pronunciado hasta el momento. Es por ello que Alfaro reconoció el derecho de la Fiscalía a realizar investigaciones pero destacó que ello no implica en ningún sentido un desacato del proceso democrático.

“La población de Guatemala está cansada de percepciones. Queremos agradecer una vez más a los ciudadanos y a las ciudadanas que acudieron a las urnas, que emitieron su voto de manera libre”, continuó en respaldo a las elecciones que múltiples organismos internacionales constataron como transparentes mientras la abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, escribió en sus redes sociales que el Ministerio Público “no tiene ninguna autoridad” para decretar la nulidad.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se pronunció al respecto y manifestó su preocupación frente al “intento de golpe de Estado por parte de la Fiscalía de Guatemala”.

“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrática y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, agregó en un comunicado.

A él se sumó la ex presidente del TSE Irma Palencia, quien denunció una “persecución política” contra el organismo con el fin último de alterar los resultados de las elecciones en las que ganó Arévalo.

Palencia habló desde el exterior ya que el Congreso aprobó el retiro de su inmunidad y la de otros tres colegas en el marco de una investigación contra el ente por la compra fraudulenta de un programa informático utilizado en las elecciones que, según el oficialismo, fue de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) frente a una oferta más barata “que hubiera permitido ahorrar 34 millones (4,1 millones de euros)”.

Arévalo lleva denunciando los intentos del oficialismo por sabotear su investidura desde hace meses. Las primeras acciones datan del 12 de julio, cuando la cúpula del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras -acusada por Estados Unidos de corrupción-, se propuso hacer lo imposible por revertir los resultados.

Desde entonces, se han dado detenciones, inhabilitaciones, allanamientos y hasta confiscaciones contra varios miembros del partido y de los organismos electorales.

En respaldo a Arévalo y al orden democrático, miles de guatemaltecos salieron en reiteradas oportunidades a la calle, para protestar y exigir la renuncia de la Fiscal.

“La fiscalía de Consuelo Porras dice que el país ha sido ‘víctima de una estructura criminal’. Estoy de acuerdo, pero una estructura con ella a la cabeza para cambiar los resultados electorales y negar la decisión que ya tomó el pueblo guatemalteco. ¡Ya basta!”, sostuvo la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.