Internacionales
TSE de Guatemala ratificó la victoria de Arévalo
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se pronunció en contra de la Fiscalía y ratificó este viernes la victoria de Bernardo Arévalo de León como próximo presidente del país, luego de que el oficialismo anunciara más temprano su anulación por irregularidades.
“Quiero ratificar como magistrada titular y a título muy personal que los resultados están validados, oficializados y son inalterables”, declaró la presidente del TSE, Blanca Alfaro, y agregó que “en este momento (…) los diputados y el binomio presidencial están listos para tomar posesión el 14 de enero”.
En ese sentido, la magistrada descartó que se puedan celebrar otros comicios y advirtió de cara a la investidura pactada para el 14 de enero que “si [Bernardo Arévalo y Karin Herrera] no toman posesión, habría rompimiento del orden constitucional”. “No tengo que defender los resultados electorales, ya los firmamos”, insistió.
Este viernes, luego de que la víspera concluyera el período de coordinación entre los gabinetes saliente y entrante para garantizar un traspaso ordenado, el Ministerio Público lanzó una nueva ofensiva contra el Movimiento SeEste viernes, luego de que la víspera concluyera el período de coordinación entre los gabinetes saliente y entrante para garantizar un traspaso ordenado, el Ministerio Público lanzó una nueva ofensiva contra el Movimiento Semilla, con el objetivo de evitar su llegada al poder.milla, con el objetivo de evitar su llegada al poder.
Así, la fiscal Leonor Morales indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el TSE, por lo que dichas irregularidades conducen a la invalidación de los resultados tanto para presidente como para diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano. “Los formatos utilizados no fueron aprobados por el pleno de magistrados”, sostuvo la funcionaria.
Por su parte, el jefe de la unidad Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, sumó que el TSE será notificado sobre los hallazgos y pidió nuevamente el cese de la inmunidad de Arévalo por “violación de la normativa electoral”, en referencia a supuestas inconsistencias en los ingresos y egresos de su partido y de varios recibos que quedaron sin identificar.
No obstante, la decisión de la Fiscalía, que luego fue desacreditada por el máximo Tribunal, sólo puede ser válida si es dispuesta por la Corte de Constitucionalidad, que no se ha pronunciado hasta el momento. Es por ello que Alfaro reconoció el derecho de la Fiscalía a realizar investigaciones pero destacó que ello no implica en ningún sentido un desacato del proceso democrático.
“La población de Guatemala está cansada de percepciones. Queremos agradecer una vez más a los ciudadanos y a las ciudadanas que acudieron a las urnas, que emitieron su voto de manera libre”, continuó en respaldo a las elecciones que múltiples organismos internacionales constataron como transparentes mientras la abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, escribió en sus redes sociales que el Ministerio Público “no tiene ninguna autoridad” para decretar la nulidad.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se pronunció al respecto y manifestó su preocupación frente al “intento de golpe de Estado por parte de la Fiscalía de Guatemala”.
“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrática y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, agregó en un comunicado.
A él se sumó la ex presidente del TSE Irma Palencia, quien denunció una “persecución política” contra el organismo con el fin último de alterar los resultados de las elecciones en las que ganó Arévalo.
Palencia habló desde el exterior ya que el Congreso aprobó el retiro de su inmunidad y la de otros tres colegas en el marco de una investigación contra el ente por la compra fraudulenta de un programa informático utilizado en las elecciones que, según el oficialismo, fue de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) frente a una oferta más barata “que hubiera permitido ahorrar 34 millones (4,1 millones de euros)”.
Arévalo lleva denunciando los intentos del oficialismo por sabotear su investidura desde hace meses. Las primeras acciones datan del 12 de julio, cuando la cúpula del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras -acusada por Estados Unidos de corrupción-, se propuso hacer lo imposible por revertir los resultados.
Desde entonces, se han dado detenciones, inhabilitaciones, allanamientos y hasta confiscaciones contra varios miembros del partido y de los organismos electorales.
En respaldo a Arévalo y al orden democrático, miles de guatemaltecos salieron en reiteradas oportunidades a la calle, para protestar y exigir la renuncia de la Fiscal.
“La fiscalía de Consuelo Porras dice que el país ha sido ‘víctima de una estructura criminal’. Estoy de acuerdo, pero una estructura con ella a la cabeza para cambiar los resultados electorales y negar la decisión que ya tomó el pueblo guatemalteco. ¡Ya basta!”, sostuvo la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
Internacionales
Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
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Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
