Internacionales
TSE de Guatemala ratificó la victoria de Arévalo
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se pronunció en contra de la Fiscalía y ratificó este viernes la victoria de Bernardo Arévalo de León como próximo presidente del país, luego de que el oficialismo anunciara más temprano su anulación por irregularidades.
“Quiero ratificar como magistrada titular y a título muy personal que los resultados están validados, oficializados y son inalterables”, declaró la presidente del TSE, Blanca Alfaro, y agregó que “en este momento (…) los diputados y el binomio presidencial están listos para tomar posesión el 14 de enero”.
En ese sentido, la magistrada descartó que se puedan celebrar otros comicios y advirtió de cara a la investidura pactada para el 14 de enero que “si [Bernardo Arévalo y Karin Herrera] no toman posesión, habría rompimiento del orden constitucional”. “No tengo que defender los resultados electorales, ya los firmamos”, insistió.
Este viernes, luego de que la víspera concluyera el período de coordinación entre los gabinetes saliente y entrante para garantizar un traspaso ordenado, el Ministerio Público lanzó una nueva ofensiva contra el Movimiento SeEste viernes, luego de que la víspera concluyera el período de coordinación entre los gabinetes saliente y entrante para garantizar un traspaso ordenado, el Ministerio Público lanzó una nueva ofensiva contra el Movimiento Semilla, con el objetivo de evitar su llegada al poder.milla, con el objetivo de evitar su llegada al poder.
Así, la fiscal Leonor Morales indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el TSE, por lo que dichas irregularidades conducen a la invalidación de los resultados tanto para presidente como para diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano. “Los formatos utilizados no fueron aprobados por el pleno de magistrados”, sostuvo la funcionaria.
Por su parte, el jefe de la unidad Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, sumó que el TSE será notificado sobre los hallazgos y pidió nuevamente el cese de la inmunidad de Arévalo por “violación de la normativa electoral”, en referencia a supuestas inconsistencias en los ingresos y egresos de su partido y de varios recibos que quedaron sin identificar.
No obstante, la decisión de la Fiscalía, que luego fue desacreditada por el máximo Tribunal, sólo puede ser válida si es dispuesta por la Corte de Constitucionalidad, que no se ha pronunciado hasta el momento. Es por ello que Alfaro reconoció el derecho de la Fiscalía a realizar investigaciones pero destacó que ello no implica en ningún sentido un desacato del proceso democrático.
“La población de Guatemala está cansada de percepciones. Queremos agradecer una vez más a los ciudadanos y a las ciudadanas que acudieron a las urnas, que emitieron su voto de manera libre”, continuó en respaldo a las elecciones que múltiples organismos internacionales constataron como transparentes mientras la abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, escribió en sus redes sociales que el Ministerio Público “no tiene ninguna autoridad” para decretar la nulidad.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se pronunció al respecto y manifestó su preocupación frente al “intento de golpe de Estado por parte de la Fiscalía de Guatemala”.
“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrática y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, agregó en un comunicado.
A él se sumó la ex presidente del TSE Irma Palencia, quien denunció una “persecución política” contra el organismo con el fin último de alterar los resultados de las elecciones en las que ganó Arévalo.
Palencia habló desde el exterior ya que el Congreso aprobó el retiro de su inmunidad y la de otros tres colegas en el marco de una investigación contra el ente por la compra fraudulenta de un programa informático utilizado en las elecciones que, según el oficialismo, fue de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) frente a una oferta más barata “que hubiera permitido ahorrar 34 millones (4,1 millones de euros)”.
Arévalo lleva denunciando los intentos del oficialismo por sabotear su investidura desde hace meses. Las primeras acciones datan del 12 de julio, cuando la cúpula del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras -acusada por Estados Unidos de corrupción-, se propuso hacer lo imposible por revertir los resultados.
Desde entonces, se han dado detenciones, inhabilitaciones, allanamientos y hasta confiscaciones contra varios miembros del partido y de los organismos electorales.
En respaldo a Arévalo y al orden democrático, miles de guatemaltecos salieron en reiteradas oportunidades a la calle, para protestar y exigir la renuncia de la Fiscal.
“La fiscalía de Consuelo Porras dice que el país ha sido ‘víctima de una estructura criminal’. Estoy de acuerdo, pero una estructura con ella a la cabeza para cambiar los resultados electorales y negar la decisión que ya tomó el pueblo guatemalteco. ¡Ya basta!”, sostuvo la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.
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Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: «Nada ha sido agendado», indicó.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.
«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.
Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
Trump dijo en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy listos», en referencia a Rodríguez. «Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados».
El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como «formidable» y había asegurado que con ella «todo anda muy bien».
La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.
Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería «involucrar» a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.
“La gran cooperación”
El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.
El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.
Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.
La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.
Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.
Cambios militares
Rodríguez impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a los generales responsables de 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI), ubicadas en distintos estados del país.
La mandataria interina ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno que dirige protesta a diario por el «secuestro» del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.
Cabello denunció una «campaña de descrédito» impulsada por la oposición en contra de Rodríguez.
Entre tanto, la liberación de presos políticos avanza a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, entregó este miércoles la credencial oficial que acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40,.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
En la misma jornada, el Parlamento hondureño eligió su junta directiva provisional y se constituirá de manera oficial el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.
Además, el CNE entregó la víspera las credenciales a los alcaldes electos de las 18 cabeceras departamentales y a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño.
El pasado 24 de diciembre, el ente electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura, para el período 2026-2030.
Esta declaratoria se produjo 24 días después de los comicios, en medio de fallas del sistema de cómputo y denuncias de irregularidades por parte de varios actores políticos.
Internacionales
Venezuela inyecta petrodólares en su economía con el difícil plan de bajar los precios
La primera intervención en meses fue de 300 millones de dólares. Provienen de petróleo vendido a precio de mercado por Estados Unidos, que asumió un rol protagónico en la comercialización de crudo tras deponer a Nicolás Maduro el 3 de enero.
Solo la expectativa de la inyección redujo la brecha cambiaria que llegó al 100 % hace apenas unos días.
Los precios en Venezuela se fijan en dólares, pero muchos pagan en bolívares, la débil moneda local, para aprovechar la diferencia con la tasa del mercado negro.
Y los comerciantes ajustaron los precios y explican que una caída será progresiva, aunque siempre atada al comportamiento del dólar en el largo plazo.
«Nada ha cambiado, todo está igual. Tú vas a comprar a donde vayas a comprar y todo sigue igual», lamentó Dixory Seijas, vendedora informal de 40 años. «Compro lo más esencial, solo lo que más se necesita, porque como la plata no alcanza», comentó a la AFP.
«Los precios entraron en un proceso de expansión terrible. Eso se nota sobre todo en los cárnicos», dijo por su parte Rafael Labrador, abogado de 73 años.
Estabilizar el dólar
Venezuela despenalizó el uso del dólar y levantó controles para combatir la hiperinflación y escasez que padeció entre 2017 y 2022.
Desde entonces el gobierno, bajo la conducción económica de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, empezó a inyectar petrodólares recurrentemente para controlar el mercado.
Ahora como presidenta, Rodríguez vuelve a recurrir al dólar para intentar estabilizar la economía.
Al anunciar el martes el ingreso de los primeros 300 millones, la presidenta dijo que están destinados a «proteger (a la población) del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario».
Analistas creen que la inyección es un buen paso para estabilizar la economía, pero requerirá más divisas consistentemente.
El director de la consultora Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, cree que de no haber anuncios de un flujo constante de divisas y una oferta a verdaderos precios de mercado el país va «a tener de nuevo una depreciación importante en la moneda».
Considera además que no puede utilizarse el control del tipo de cambio como una política antiinflacionaria. «Debería ser a través de la política fiscal que se logre reducir los precios», dijo a la AFP.
Sin poder adquisitivo
El dólar paralelo llegó a superar los 900 bolívares poco después del ataque de Estados Unidos del 3 de enero. En las semanas previas, fuerzas estadounidenses impidieron la salida de buques con petróleo venezolano, sometido a sanciones desde 2019.
Pero luego de la primera venta en coordinación con Estados Unidos, el tipo de cambio paralelo bajó a unos 460 bolívares por dólar.
Desde el poder, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, exigió a los comercios ajustar los precios.
«Tienen que hacerlo, es su obligación, porque a veces pasa que suben el precio y, cuando el dólar baja, se hacen los pendejos (tontos)», dijo el miércoles al hablar de la reforma a la ley de Hidrocarburos, que se espera facilite los negocios con Estados Unidos e incremente el flujo de dólares.
La inflación y la desvalorización de la moneda hicieron trizas hace años el precario ingreso promedio de los venezolanos. El sueldo mínimo es de menos de un dólar, lo mismo que recibe un pensionado.
El gobierno entrega bonos a discreción para complementar.
Organizaciones sindicales exigieron el lunes que los recursos petroleros se utilicen para mejorar el ingreso de los venezolanos y reforzar las pensiones. «Todos los meses el pensionado tiene que decidir de qué morirse, si de hambre o de enfermedad», reclamó ante la AFP Josefina Guerra, dirigente sindical.
