Judicial
Tribunal rechaza informe financiero de la defensa en juicio Saqueo Público
La falta de verificación del auto de apertura a juicio [resolución de juzgado de instrucción] por parte de la defensa respecto a la admisión de un análisis financiero contable que pretendía favorecer a tres exempleados de Casa Presidencial, llevó a que esa pericia fuera rechazada.
La defensa de los exempleados de la Presidencia, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera Castellano, no se percató de un erros material que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador plasmó en el auto de apertura a juicio.
Fue hasta este jueves que el abogado de los tres imputados verificó que el Juzgado Octavo de Instrucción admitió una pericia financiera y de gestión, cuando en realidad la que debió incorporar como prueba es la pericia financiera contable tributaria que elaboraron dos expertos del Ministerio de Hacienda.
Ante ese error material, el Tribunal Primero de Sentencia, a petición de la Fiscalía General de la República rechazó esa pericia y por ende la declaración de los peritos por impertinencia.
La defensa de los tres imputados insistió en que se le admitiera y presentó un recurso de revocatoria, pero los jueces se mantuvieron en su decisión.
Las fiscales dijeron que los abogados tuvieron más de un año para haberse percatado de ese error y haber presentado escritos para que se subsanara, pero que al hacerlo hasta el momento de la vista pública ya era extemporáneo y no se les debía admitir.
Con la resolución judicial los exempleados de Casa Presidencial se quedaron sin ese elemento probatorio con el cual pretendían acreditar que ellos no tuvieron ningún beneficio económico por la desviación de fondos de la Presidencia y tampoco registraron un incremento patrimonial.
En este juicio conocido como «Saqueo Público» la Fiscalía General de la República enjuicia a 10 imputados a quienes la Fiscalía señala de haber ayudado al expresidente Funes para que se sustrajeran desde Casa Presidencial más de $351 millones.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
