Judicial
Tribunal rechaza informe financiero de la defensa en juicio Saqueo Público
La falta de verificación del auto de apertura a juicio [resolución de juzgado de instrucción] por parte de la defensa respecto a la admisión de un análisis financiero contable que pretendía favorecer a tres exempleados de Casa Presidencial, llevó a que esa pericia fuera rechazada.
La defensa de los exempleados de la Presidencia, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera Castellano, no se percató de un erros material que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador plasmó en el auto de apertura a juicio.
Fue hasta este jueves que el abogado de los tres imputados verificó que el Juzgado Octavo de Instrucción admitió una pericia financiera y de gestión, cuando en realidad la que debió incorporar como prueba es la pericia financiera contable tributaria que elaboraron dos expertos del Ministerio de Hacienda.
Ante ese error material, el Tribunal Primero de Sentencia, a petición de la Fiscalía General de la República rechazó esa pericia y por ende la declaración de los peritos por impertinencia.
La defensa de los tres imputados insistió en que se le admitiera y presentó un recurso de revocatoria, pero los jueces se mantuvieron en su decisión.
Las fiscales dijeron que los abogados tuvieron más de un año para haberse percatado de ese error y haber presentado escritos para que se subsanara, pero que al hacerlo hasta el momento de la vista pública ya era extemporáneo y no se les debía admitir.
Con la resolución judicial los exempleados de Casa Presidencial se quedaron sin ese elemento probatorio con el cual pretendían acreditar que ellos no tuvieron ningún beneficio económico por la desviación de fondos de la Presidencia y tampoco registraron un incremento patrimonial.
En este juicio conocido como «Saqueo Público» la Fiscalía General de la República enjuicia a 10 imputados a quienes la Fiscalía señala de haber ayudado al expresidente Funes para que se sustrajeran desde Casa Presidencial más de $351 millones.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
