Judicial
Tribunal rechaza informe financiero de la defensa en juicio Saqueo Público
La falta de verificación del auto de apertura a juicio [resolución de juzgado de instrucción] por parte de la defensa respecto a la admisión de un análisis financiero contable que pretendía favorecer a tres exempleados de Casa Presidencial, llevó a que esa pericia fuera rechazada.
La defensa de los exempleados de la Presidencia, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera Castellano, no se percató de un erros material que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador plasmó en el auto de apertura a juicio.
Fue hasta este jueves que el abogado de los tres imputados verificó que el Juzgado Octavo de Instrucción admitió una pericia financiera y de gestión, cuando en realidad la que debió incorporar como prueba es la pericia financiera contable tributaria que elaboraron dos expertos del Ministerio de Hacienda.
Ante ese error material, el Tribunal Primero de Sentencia, a petición de la Fiscalía General de la República rechazó esa pericia y por ende la declaración de los peritos por impertinencia.
La defensa de los tres imputados insistió en que se le admitiera y presentó un recurso de revocatoria, pero los jueces se mantuvieron en su decisión.
Las fiscales dijeron que los abogados tuvieron más de un año para haberse percatado de ese error y haber presentado escritos para que se subsanara, pero que al hacerlo hasta el momento de la vista pública ya era extemporáneo y no se les debía admitir.
Con la resolución judicial los exempleados de Casa Presidencial se quedaron sin ese elemento probatorio con el cual pretendían acreditar que ellos no tuvieron ningún beneficio económico por la desviación de fondos de la Presidencia y tampoco registraron un incremento patrimonial.
En este juicio conocido como «Saqueo Público» la Fiscalía General de la República enjuicia a 10 imputados a quienes la Fiscalía señala de haber ayudado al expresidente Funes para que se sustrajeran desde Casa Presidencial más de $351 millones.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 50 años de cárcel para José Eriberto Calidonio, por haber asesinado a una persona en el distrito de Apopa, jurisdicción de San Salvador Oeste.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han determinado que este criminal fue «contactado por el esposo de la víctima para que cometiera el crimen a cambio de dinero».
Calidonio, también apodado Bob Esponja, fue procesado por el delito de homicidio agravado, el cual está regulado en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Este crimen sucedió el 18 de marzo de 2016.
«Ese hecho da inicio a partir de la planificación que fue realizada por el esposo de la víctima quien se pone en contacto con dos personas a quienes le ofrece dinero para que ejecuten a la esposa», explicó en su momento la fiscal del caso.
Uno de los criminales contratados es alias Bob Esponja; la víctima fue contactada por los delincuentes a eso de las 4:00 de la tarde y cerca de las 8:00 de la noche fue asesinada con un arma de fuego, según establecieron las autoridades.
