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Texas listo para poner tras las rejas a miles de indocumentados
El Senado de Texas aprobó la semana pasada dos proyectos preliminares para ampliar dos legislaciones vigentes, un paso que volvió a encender las alarmas de grupos de derecho civiles que defienden a inmigrantes en el sureño estado fronterizo.
Uno de los proyectos es la Ley SB 11, que “crearía un nuevo delito estatal dirigido a arrestar y enjuiciar a muchos solicitantes de asilo y a otros inmigrantes”, explicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y ACLU Texas.
El segundo plan busca ampliar significativamente la Ley SB 4, que castiga el “tráfico de personas” con penas severas de cárcel.
De aprobarse ambas iniciativas en la Cámara de Representantes, “tendrían graves consecuencias tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los inmigrantes”, advirtió ACLU. Estas leyes “ya sirven como herramientas para el abuso procesal contra los trabajadores humanitarios, al imponer un mínimo obligatorio de cárcel de 10 años en la mayoría de los casos”, advirtió.
«Leyes penales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel»
“Las leyes internacionales y federales, así como la decencia humana, nos obligan a permitir que las personas que buscan seguridad presenten sus reclamos (de asilo) ante las autoridades federales de inmigración”, dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas. “Las leyes penales estatales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel violan los valores y las leyes fundamentales de nuestra nación. Deberíamos dar la bienvenida, no criminalizar, a las familias y a las personas que huyen de la persecución”, agregó.
La aprobación de ambas propuestas de ley se dio en momentos en que los legisladores, de mayoría republicana en ambas cámaras de la Asamblea estatal, se reunieron la semana pasada para llevar a cabo la tercera sesión legislativa especial de este año, convocada por el gobernador Greg Abbott.
ACLU catalogó la aprobación de estos proyectos como el “último ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes en Texas, y dijo que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el Río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
El Proyecto de Ley Senatorial 11 (SB 11) es patrocinado por el senador estatal Brian Birdwell (republicano por Granbury). Propone crear un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas desde México. También autorizaría a la policía estatal a arrestar a los infractores, es decir, propone otorgar permiso a las autoridades locales y estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados en la frontera sur con México.
En la actualidad, los gobiernos estatal y local deben pedir permiso al gobierno federal antes de realizar cualquier tipo de arresto a inmigrantes indocumentados, una facultad avalada por la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa estatal precisa que un infractor primario (que antes no había sido arrestado por este motivo) podría ser condenado por un delito menor. Pero exige que la pena se convierta en un “delito grave” si la persona tiene antecedentes criminales y penales, y ha ingresado ilegalmente al país en repetidas ocasiones.
El senador Birdwell dijo en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) que su proyecto “crea un nuevo delito estatal por ingresar a Texas indebidamente desde una nación extranjera” y que ambas iniciativas de ley “se encuentran ahora en la Cámara para su consideración”.
Por su parte, el senador demócrata Juan Hinojosa (McAllen) expresó su preocupación sobre la capacidad de los condados para cumplir con la SB 11. Argumentó que el número de personas que serían arrestadas abrumaría las cárceles locales y requeriría fondos significativos para la defensa de los inmigrantes que son detenidos, se lee en un reporte del Texas Tribune.
Por su parte, la iniciativa senatorial que amplía o modifica la Ley SB 4, patrocinada por el senador estatal Pete Flores (republicano por Pleasanton), propone aumentar la sentencia mínima de 2 a 10 años por contrabando de inmigrantes u organizar un escondite para indocumentados.
“Hemos visto antes que leyes como estas resultan en perfiles raciales ilegales, arrestos y detenciones tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes”, dijo Sarah Mehta, asesora principal de política fronteriza de la ACLU. “El gobernador. Abbott ha abusado repetidamente del sistema legal en una campaña implacable contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Texas. Este peligroso intento de criminalizar a los inmigrantes es cruel y tiene un gran costo para nuestras comunidades”, agregó.
El impactante colapso de una carretera en el distrito indonesio de Bener Meriah quedó registrado en un video sembrando el pánico entre los residentes.
El derrumbe ocurrió cuando un socavón, formado por la intensa erosión del agua, cedió por completo bajo la fuerza del paso hidráulico.
En las imágenes se aprecia cómo el asfalto se quiebra y se desploma en cuestión de segundos, mientras los vecinos observan sin poder creer lo que estaba sucediendo.
El episodio tuvo lugar en un contexto de graves inundaciones que continúan devastando amplias zonas de la isla de Sumatra.
El balance oficial es estremecedor: al menos 770 personas fallecieron y hay centenares de desaparecidos.
Fuentes de inteligencia penitenciaria y un explosivo dossier internacional confirman que Jorge Alberto Gaitán Castro, el polémico empresario guatemalteco acusado de liderar una red transnacional de fraude millonario y blanqueo de capitales, estaría ejecutando un sofisticado plan de fuga desde el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), donde disfruta de privilegios que ningún reo común siquiera sueña.
Gaitán Castro, detenido desde marzo de 2025 y con orden de extradición activa a El Salvador además de alerta roja de Interpol por vínculos con fugitivos estadounidenses, lleva meses pagando 5.000 dólares mensuales a estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada organización terrorista.
Ese dinero, según documentos filtrados, garantiza “protección interna” y, lo más alarmante, la preparación de una evasión espectacular. Cualquier pago a pandillas terroristas es catalogado automáticamente como acto de terrorismo. Entonces, ¿Por qué este sujeto sigue en una celda VIP en lugar de pudrirse en el infierno de Pavoncito?Privilegios que gritan corrupción a los cuatro vientosEn mayo de 2025 una requisa encontró un celular de alta gama escondido en su celda.
En agosto y septiembre del mismo año tres órdenes judiciales de traslado a Pavoncito fueron ignoradas con el pretexto de “seguridad”. Mientras tanto, Gaitán recibe reuniones familiares dentro del penal, visitas de lujo y acceso irrestricto a abogados que arrastran escándalos por todo Centroamérica.
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El cerebro jurídico detrás de este blindaje incluye nombres que congelan la sangre: Julio Taracena, abogado de cabecera de la magistrada Elia Raquel Perdomo; Gustavo Juárez, histórico defensor de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, condenada por corrupción; y las hermanas Piedad Isabel Soberanis Alonzo y Marla Janet Ruiz Alonzo, señaladas en múltiples expedientes por representar estructuras terroristas y facilitar fugas de alto perfil.
Este empresario está acusado de pertenecer a un cartel financiero que, junto a socios de TPG Peppertree y otros fondos buitre, hundía empresas centroamericanas para saquear sus activos. El esquema dejó miles de desempleados en Guatemala y El Salvador, y hoy Gaitán es uno de los últimos eslabones visibles antes de que la extradición lo siente frente a jueces que no se venden tan fácil.
Autoridades consultadas en reserva advierten: “Si Gaitán logra fugarse, será el golpe más duro al sistema penitenciario desde la época de ‘El Rey del Pavón’”.
La extradición puede ejecutarse en cualquier momento y cada día que pasa con él en Mariscal Zavala es un día que le regalan a un hombre que ya demostró que puede comprar guardias, pandillas y hasta órdenes judiciales.La pregunta que retumba en todo Guatemala es una sola: ¿Quién responde si mañana amanecemos con la noticia de que Jorge Alberto Gaitán Castro voló de la cárcel como tantos otros antes que él?
La ciudadanía exige traslado INMEDIATO a Pavoncito, investigación exhaustiva a directivos penitenciarios y corte total de privilegios y comunicaciones.
Porque mientras un narcoempresario sigue manejando su escape desde una celda con WiFi, la justicia guatemalteca vuelve a sangrar por la herida que nunca cierra.
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Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, realizaba un ejercicio de ‘press’ de banca cuando la barra cayó sobre su pecho y le provocó la muerte.
El hecho ocurrió el pasado lunes y fue registrado por las cámaras de seguridad en un centro de entrenamiento en Olinda, Brasil.
El caso se está tratando como una muerte accidental y la policía está investigando el equipo y las circunstancias del entrenamiento.
Ronald era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes en Olinda y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad.
