Internacionales
Texas listo para poner tras las rejas a miles de indocumentados
El Senado de Texas aprobó la semana pasada dos proyectos preliminares para ampliar dos legislaciones vigentes, un paso que volvió a encender las alarmas de grupos de derecho civiles que defienden a inmigrantes en el sureño estado fronterizo.
Uno de los proyectos es la Ley SB 11, que “crearía un nuevo delito estatal dirigido a arrestar y enjuiciar a muchos solicitantes de asilo y a otros inmigrantes”, explicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y ACLU Texas.
El segundo plan busca ampliar significativamente la Ley SB 4, que castiga el “tráfico de personas” con penas severas de cárcel.
De aprobarse ambas iniciativas en la Cámara de Representantes, “tendrían graves consecuencias tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los inmigrantes”, advirtió ACLU. Estas leyes “ya sirven como herramientas para el abuso procesal contra los trabajadores humanitarios, al imponer un mínimo obligatorio de cárcel de 10 años en la mayoría de los casos”, advirtió.
«Leyes penales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel»
“Las leyes internacionales y federales, así como la decencia humana, nos obligan a permitir que las personas que buscan seguridad presenten sus reclamos (de asilo) ante las autoridades federales de inmigración”, dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas. “Las leyes penales estatales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel violan los valores y las leyes fundamentales de nuestra nación. Deberíamos dar la bienvenida, no criminalizar, a las familias y a las personas que huyen de la persecución”, agregó.
La aprobación de ambas propuestas de ley se dio en momentos en que los legisladores, de mayoría republicana en ambas cámaras de la Asamblea estatal, se reunieron la semana pasada para llevar a cabo la tercera sesión legislativa especial de este año, convocada por el gobernador Greg Abbott.
ACLU catalogó la aprobación de estos proyectos como el “último ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes en Texas, y dijo que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el Río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
El Proyecto de Ley Senatorial 11 (SB 11) es patrocinado por el senador estatal Brian Birdwell (republicano por Granbury). Propone crear un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas desde México. También autorizaría a la policía estatal a arrestar a los infractores, es decir, propone otorgar permiso a las autoridades locales y estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados en la frontera sur con México.
En la actualidad, los gobiernos estatal y local deben pedir permiso al gobierno federal antes de realizar cualquier tipo de arresto a inmigrantes indocumentados, una facultad avalada por la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa estatal precisa que un infractor primario (que antes no había sido arrestado por este motivo) podría ser condenado por un delito menor. Pero exige que la pena se convierta en un “delito grave” si la persona tiene antecedentes criminales y penales, y ha ingresado ilegalmente al país en repetidas ocasiones.
El senador Birdwell dijo en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) que su proyecto “crea un nuevo delito estatal por ingresar a Texas indebidamente desde una nación extranjera” y que ambas iniciativas de ley “se encuentran ahora en la Cámara para su consideración”.
Por su parte, el senador demócrata Juan Hinojosa (McAllen) expresó su preocupación sobre la capacidad de los condados para cumplir con la SB 11. Argumentó que el número de personas que serían arrestadas abrumaría las cárceles locales y requeriría fondos significativos para la defensa de los inmigrantes que son detenidos, se lee en un reporte del Texas Tribune.
Por su parte, la iniciativa senatorial que amplía o modifica la Ley SB 4, patrocinada por el senador estatal Pete Flores (republicano por Pleasanton), propone aumentar la sentencia mínima de 2 a 10 años por contrabando de inmigrantes u organizar un escondite para indocumentados.
“Hemos visto antes que leyes como estas resultan en perfiles raciales ilegales, arrestos y detenciones tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes”, dijo Sarah Mehta, asesora principal de política fronteriza de la ACLU. “El gobernador. Abbott ha abusado repetidamente del sistema legal en una campaña implacable contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Texas. Este peligroso intento de criminalizar a los inmigrantes es cruel y tiene un gran costo para nuestras comunidades”, agregó.
Los precios del petróleo repuntaron nuevamente el viernes por segunda sesión consecutiva, en un mercado preocupado por una prolongación de la guerra en Medio Oriente sin un avance diplomático tangible.
El barril de Brent del mar del Norte con plazo de entrega en mayo finalizó con una subida del 4,22%, hasta los 112,57 dólares.
En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los 100 dólares para terminar a 99,64 dólares, con un avance de 5,46%.
La decisión del presidente Donald Trump de aplazar otros diez días su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, no bastó para calmar a los operadores.
«Significa que va a haber diez días adicionales de perturbaciones en Medio Oriente» para la circulación del crudo y sus derivados, comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
«Para que los precios vuelvan a bajar, es necesario encontrar una salida al conflicto», estimó Lipow. «E incluso si hubiera un cese del fuego, ni siquiera es seguro que Irán deje pasar el petróleo por el estrecho de Ormuz», agrega.
De mantenerse así por varias semanas, el analista prevé que el WTI se acerque a los 120 dólares.
«Sin control total militar del estrecho de parte de los estadounidenses, Irán tiene la ventaja en esta guerra, y el equilibrio de los riesgos deja presagiar un deterioro», previnieron los expertos de Brown Brothers Harriman.
Internacionales
Presidente de Colombia advierte nuevo ciclo de violencia social por régimen en El Salvador
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó durante una entrevista que las capturas masivas qué ejecuta el brazo armado del Gobierno de El Salvador durante el régimen de excepción, ha desencadenado un nuevo ciclo de violencia en la sociedad salvadoreña que no tardará en explotar.
Petro opinió respecto al trabajo que ejecuta el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad pública y, según él, existe violación a los derechos humanos en El Salvador.
«Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos cuplables y otros no tantos, hay violaciones a los derechos humanos van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte», aseveró.
A la vez, dijo que al salir de presión, las personas capturadas injustamente saldrían con rencor y lo que generaría una nueva etapa de estallido social.
«Esa salida puede contener tanta ira, entonces, la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia, que ha estado en muchos ciclos de violencia. Es una probabilidad», aseveró.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo replicará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al entrevistador al ser cuestionada si implementará durante su mandato las estrategias del mandatario salvadoreño que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que, en Costa Rica, si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida, sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo cuestionó el rol de las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de detenidos y no de las víctimas de estos.
«A mi me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaros esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.
