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Texas listo para poner tras las rejas a miles de indocumentados
El Senado de Texas aprobó la semana pasada dos proyectos preliminares para ampliar dos legislaciones vigentes, un paso que volvió a encender las alarmas de grupos de derecho civiles que defienden a inmigrantes en el sureño estado fronterizo.
Uno de los proyectos es la Ley SB 11, que “crearía un nuevo delito estatal dirigido a arrestar y enjuiciar a muchos solicitantes de asilo y a otros inmigrantes”, explicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y ACLU Texas.
El segundo plan busca ampliar significativamente la Ley SB 4, que castiga el “tráfico de personas” con penas severas de cárcel.
De aprobarse ambas iniciativas en la Cámara de Representantes, “tendrían graves consecuencias tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los inmigrantes”, advirtió ACLU. Estas leyes “ya sirven como herramientas para el abuso procesal contra los trabajadores humanitarios, al imponer un mínimo obligatorio de cárcel de 10 años en la mayoría de los casos”, advirtió.
«Leyes penales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel»
“Las leyes internacionales y federales, así como la decencia humana, nos obligan a permitir que las personas que buscan seguridad presenten sus reclamos (de asilo) ante las autoridades federales de inmigración”, dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas. “Las leyes penales estatales que amenazan a los inmigrantes con penas de cárcel violan los valores y las leyes fundamentales de nuestra nación. Deberíamos dar la bienvenida, no criminalizar, a las familias y a las personas que huyen de la persecución”, agregó.
La aprobación de ambas propuestas de ley se dio en momentos en que los legisladores, de mayoría republicana en ambas cámaras de la Asamblea estatal, se reunieron la semana pasada para llevar a cabo la tercera sesión legislativa especial de este año, convocada por el gobernador Greg Abbott.
ACLU catalogó la aprobación de estos proyectos como el “último ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes en Texas, y dijo que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el Río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
El Proyecto de Ley Senatorial 11 (SB 11) es patrocinado por el senador estatal Brian Birdwell (republicano por Granbury). Propone crear un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas desde México. También autorizaría a la policía estatal a arrestar a los infractores, es decir, propone otorgar permiso a las autoridades locales y estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados en la frontera sur con México.
En la actualidad, los gobiernos estatal y local deben pedir permiso al gobierno federal antes de realizar cualquier tipo de arresto a inmigrantes indocumentados, una facultad avalada por la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa estatal precisa que un infractor primario (que antes no había sido arrestado por este motivo) podría ser condenado por un delito menor. Pero exige que la pena se convierta en un “delito grave” si la persona tiene antecedentes criminales y penales, y ha ingresado ilegalmente al país en repetidas ocasiones.
El senador Birdwell dijo en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) que su proyecto “crea un nuevo delito estatal por ingresar a Texas indebidamente desde una nación extranjera” y que ambas iniciativas de ley “se encuentran ahora en la Cámara para su consideración”.
Por su parte, el senador demócrata Juan Hinojosa (McAllen) expresó su preocupación sobre la capacidad de los condados para cumplir con la SB 11. Argumentó que el número de personas que serían arrestadas abrumaría las cárceles locales y requeriría fondos significativos para la defensa de los inmigrantes que son detenidos, se lee en un reporte del Texas Tribune.
Por su parte, la iniciativa senatorial que amplía o modifica la Ley SB 4, patrocinada por el senador estatal Pete Flores (republicano por Pleasanton), propone aumentar la sentencia mínima de 2 a 10 años por contrabando de inmigrantes u organizar un escondite para indocumentados.
“Hemos visto antes que leyes como estas resultan en perfiles raciales ilegales, arrestos y detenciones tanto de ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes”, dijo Sarah Mehta, asesora principal de política fronteriza de la ACLU. “El gobernador. Abbott ha abusado repetidamente del sistema legal en una campaña implacable contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Texas. Este peligroso intento de criminalizar a los inmigrantes es cruel y tiene un gran costo para nuestras comunidades”, agregó.
El accidente ocurrió en el complejo comercial Real Plaza de Trujillo, la tercera ciudad del país ubicada unos 500 km al norte de la capital Lima.
Según medios locales, en el momento del accidente había decenas de familias en el patio de comidas del recinto, donde todavía pueden quedar personas atrapadas bajo los escombros.
«Hasta el momento tenemos tres fallecidos, dos caballeros y una dama», dijo el comandante Gelqui Gómez, inspector departamental del Cuerpo de Bomberos en declaraciones al canal América TV desde el lugar.
El ministerio del Interior también señaló a través de un mensaje en la red X que «hay tres fallecidos».
La cifra de heridos se incrementó a 74, según el Aníbal Morillo, gerente de Salud del gobierno regional de La Libertad, cuya capital es Trujillo.
«Son 74 heridos que hemos evacuados a las hospitales y clínicas, dentro de los cuales 10 son niños. Hay 11 heridos graves», dijo a la radio RPP Morillo.
En un primer reporte el Ministerio de Salud había cifrado en 20 los heridos.
Más de un centenar de bomberos y policías se encuentran en el centro comercial removiendo escombros en busca de supervivientes, según imágenes difundidas por las televisoras.
Varias ambulancias llegaron al lugar y salieron hacia los centros hospitalarios con los lesionados.
«¡Solo estoy aquí, ayuda!», gritaba una persona atrapada según imágenes en Facebook.
«Hay un niño que está atrapado» bajo las estructuras metálicas del techo, agregó Morillo citado por el canal de televisión Panamericana.
Según el Centro de Operaciones de Emergencia regional, la caída del techo ocurrió aproximadamente a las 20H41 (01H41 GMT del sábado), pero fue reportada solo hasta media hora después.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez,estimó que el área del techo colapsada era de «entre 700 a 800 metros cuadrados».
«Necesitamos grúas hidráulicas para poder levantar parte del techo que aún no se ha podido retirar por lo pesado que es y poder continuar con las labores de rescate de las personas que estarían atrapadas», declaró el ministro al canal N de televisión
Mientras tanto, la Fiscalía de Trujillo inició diligencias contra los que resulten responsables del presunto delito contra la vida.
«El papa Francisco descansó bien», afirmó la Santa Sede en un escueto comunicado el sábado por la mañana. Aún así, no está «fuera de peligro» y permanecerá ingresado «al menos toda la próxima semana», indicaron sus médicos el viernes.
El pontífice no pronunciará la tradicional oración del Ángelus el domingo, pero si enviará un texto que será publicado, al igual que la semana pasada, declaró el sábado Matteo Bruni, portavoz del Vaticano.
Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis el 14 de febrero y este martes la Santa Sede anunció que padecía una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.
La hospitalización del jefe de la Iglesia católica ha atizado las conjeturas sobre su futuro, aunque los médicos aseguraron el viernes que se ha podido parar y no está conectado a ninguna máquina.
En los últimos días el papa ha recibido en el hospital a sus colaboradores más cercanos, lee, firma documentos y hace llamadas telefónicas.
A inicios de semana recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que lo vio «alerta», «receptivo» y que incluso «bromearon».
Los cardenales se mostraron positivos asegurando que iba «por el buen camino».
«Noticias alentadoras»
Esta hospitalización, la cuarta desde 2021, reavivó la preocupación por la salud del líder de la Iglesia católica, ya debilitado por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colon y del abdomen hasta dificultades para andar.
La inquietud sobre la salud del papa fue en aumento tras la difusión de falsas informaciones en las redes sociales, sobre todo en X, que reportaban la muerte del papa en varios idiomas.
«Sé que algunos por ahí dicen que ha llegado mi hora, ¡siempre me traen mala suerte!», le dijo Francisco, según la prensa italiana, a Giorgia Meloni durante su visita.
La hospitalización de Jorge Bergoglio, líder espiritual de 1.300 millones de católicos y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, avivó las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo, pese a que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de problema grave que alterase su lucidez.
También reavivan las especulaciones sobre una posible renuncia del papa, alimentadas por los opositores a Francisco, sobre todo en los círculos conservadores.
«Tengo la impresión de que se trata de especulaciones inútiles», comentó el sábado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos del Vaticano, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.
«Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras, se está recuperando», añadió.
A pesar de los reiterados problemas de salud de los últimos años, el papa Francisco, conocido por su fuerza de carácter, ha mantenido una cargada agenda, aunque sus médicos insisten en que tendría que frenar un poco sus actividades.
Ortega elogió la «lealtad» del general Avilés, en un acto militar en Managua también presidido por su poderosa esposa Rosario Murillo, y al que asistieron delegados de países aliados como Cuba, Venezuela, Rusia y Honduras.
Investigaciones de medios de comunicación nicaragüenses como Confidencial, que trabajan desde el exilio en Costa Rica, señalan que Ortega ha aumentado los millonarios negocios de los militares para «comprar su fidelidad».
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
El fallecido hermano del presidente, el general Humberto Ortega, exjefe del Ejército, había asegurado en una entrevista con el portal de noticias argentino Infobae que los militares serán fundamentales en una transición o sucesión cuando muera Daniel Ortega.
El presidente rompió con Avilés, un exguerrillero de 68 años, el tradicional relevo militar de cada cinco años, y a fines de noviembre pasado el Congreso, controlado por el gobierno, amplió a seis años el mandato del jefe del Ejército y la Policía Nacional, también fiel.
Esa modificación se dio como parte de una vasta reforma constitucional que según la oposición prepara el camino para la sucesión del poder de Ortega a Murillo o a alguno de sus hijos.
La nueva Constitución creó el cargo de «copresidenta» para Murillo y dio a ella y a Ortega un poder absoluto con el control de todos los órganos del Estado, amplió el mandato de gobierno de cinco a seis años y estableció la vigilancia de la prensa y la Iglesia.
También creó la «Policía Voluntaria», integrada por civiles encapuchados en apoyo a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a los paramilitares de rostro oculto que reprimieron las protestas contra Ortega de 2018, con saldo de unos 300 muertos según la ONU.
Avilés, quien realizó estudios militares en Cuba, fue sancionado en 2020 por Washington señalado de corrupción, y es acusado por organismos de derechos humanos de tolerar y ayudar, de forma encubierta, a policías y paramilitares a atacar a los manifestantes en 2018.
