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Tercer coacusado en caso de Trump en Georgia se declara culpable tras acuerdo con fiscalía
Kenneth Chesebro, un abogado que trabajó para el expresidente Donald Trump, se declaró culpable el viernes de un cargo en el caso relacionado a los supuestos intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia en 2020.
Chesebro alcanzó un acuerdo con la Fiscalía del Condado de Fulton para admitir su culpa en el delito grave de conspirar para presentar documentos falsos.
Durante el proceso, Chesebro se paró junto a su abogado frente al juez Scott McAfee asegurando que entendía las implicaciones de su declaración, entre ellas, estar en libertad condicional por cinco años y pagar 5.000 dólares en restitución.
El abogado también tendrá que testificar en cualquier juicio futuro relacionado al caso, incluido el de Trump.
Chesebro, quien representó a Trump en su campaña presidencial de 2020, alcanzó este acuerdo con la fiscalía días antes de que comenzara su juicio y justo cuando comenzaba la selección del jurado.
Esta acción también ocurre un día después de que la abogada Sydney Powell, quien también estaba pautada a iniciar su juicio el 23 de octubre, se declara culpable de seis delitos en el mismo caso.
Los acuerdos de declaración de culpabilidad significan que el primer juicio programado en el caso, que debía darle a Trump y a otros coacusados una idea de los argumentos del estado, no se llevará a cabo.
Las dos declaraciones de culpabilidad, junto con una tercera para un fiador el mes pasado, son importantes victorias para la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien presentó la acusación en agosto.
delitos graves de extorsión y otros seis cargos como parte de un plan amplio para mantener al presidente republicano en el poder después de que perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden.
La acusación formal alega que Chesebro coordinó y ejecutó un plan para que 16 republicanos de Georgia firmaran un certificado declarando falsamente que Trump ganó el estado y declarándose electores “debidamente elegidos y calificados” del estado.
Todos los demás acusados, incluido el expresidente y el jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, se declararon inocentes.
La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta «chemsex», consumo de drogas con fines sexuales, la noche anterior en Lille, en el norte de Francia, según la fiscalía local.
El padre del niño lo «puso en contacto con hombres adultos» y sufrió esa noche «violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas», indicó el ministerio público en un comunicado.
La investigación abarcó hechos cometidos entre noviembre de 2024 y esa noche, que incluyen «violación y agresión sexual con administración de una sustancia a la víctima, sin su conocimiento, para mermar su juicio o el control de sus actos».
Diez hombres fueron imputados, en una fecha no especificada.
El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno no estaba acusado de participar, sino de haber recibido un video y no haberlo denunciado a las autoridades.
Uno de los principales sospechosos se suicidó mientras estaba en prisión preventiva en junio del año pasado, señaló la fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre su identidad.
El padre del niño, por su parte, fue imputado por «agresión sexual incestuosa» y «complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo», según esta fuente.
El niño está al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, agregó.
La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, aseguró que en su gobierno «nunca» permitirá el «autoritarismo», en su primer discurso tras ganar las elecciones de este domingo.
Fernández, heredera política del presidente Rodrigo Chaves, es acusada por sus adversarios de querer llevar al país por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.
«Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca» el «autoritarismo» y la «arbitrariedad» que «nadie quiere» en Costa Rica, expresó entre vítores de sus seguidores en un hotel de la capital.
La politóloga de 39 años criticó que sus rivales «apostaron al discurso del autoritarismo y la dictadura» en la campaña electoral. «Intentaron meterles miedo, pero los electores no cayeron en la trampa», afirmó.
Sin precisar, Fernández aseguró que, no obstante, cambiarán las «reglas del juego político» en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina.
«El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», manifestó la presidenta electa, quien será investida el próximo 8 de mayo.
Fernández obtuvo el 48.5 % de los votos, casi nueve puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 88 % del escrutinio difundido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Aunque su campaña la centró en prometer una política de seguridad inspirada en la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la futura mandataria no mencionó en su discurso el combate al narcotráfico, principal preocupación de los costarricenses.
La autodenominada «candidata de la continuidad» promete aumentar las penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas, como el que rige en todo El Salvador, así también concluir el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) -ubicado en La Reforma, Alajuela-, inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El mandatario salvadoreño fue de los primeros en felicitarla vía telefónica. «Le deseo el mayor de los éxitos», escribió además en su cuenta oficial de X.
«Puede estar seguro de que (…) la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades», dijo a Bukele en un video de propaganda electoral.
Fernández se convertirá en la segunda mujer que gobierne Costa Rica (uno de los países más estables de la región, pero últimamente flagelado por la violencia), tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.
El segundo al mando de la mara Barrio 18 de Guatemala, Carlos Agustín Reyes Popol, alias «Bufón» o «Joker», compareció el pasado domingo, ante el Tribunal de Turno por los delitos de evasión, trata de personas en su modalidad de reclutamiento y portación ilegal de arma de fuego. Durante la audiencia inicial lanzó reveladoras declaraciones donde el terrorista afirmó que se pagó una suma millonaria a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala para que les ayudarán a fugarse, consignaron diversos medios locales.
Entre las facilidades otorgadas para el escape se encontraban la dotación de uniformes policiales para pasar desapercibidos, la movilización desde la cárcel en autos particulares, y que el director de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, coordinó el escape, dijo el marero.
El imputado es parte de un grupo de 20 reos que se fugaron el 2 de octubre de 2025 del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, y que fue recapturado el 30 de enero pasado en San Pedro Ayampuc, al norte de la ciudad de Guatemala, acompañado de menores de edad y de varias armas de fuego.
