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Refuerzan a militares con 800 fusiles para combatir las pandillas
El ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy entregó 800 nuevos fusiles de asalto marca Arad al personal de la Fuerza Armada; el armamento está valorado en $1.2 millones y se usará para el combate contra las pandillas en El Salvador.
La entrega es parte de la fase 3 del del Plan Control Territorial denominada «Modernización», que ayudará a cambiar parte del armamento que ya cumplió su vida útil dentro de la Fuerza Armada.
«Cuando hablamos de modernización hablamos de los vehículos, por ejemplo los Yagu, SandCat, que son utilizados junto con el armamento, los cascos balísticos, los chalecos. Todo eso influye de manera directa en los resultados del Plan Control Territorial», aseguró Merino Monroy.
Según el jefe castrense, gracias al esfuerzo del ministerio de Justicia en el combate a las pandillas se ha decomisado $1.15 millones en efectivo, se ha incautado 75 mil porciones de drogas, 1,310 armas de fuego, 1,551 vehículos, 11,367 celulares y se ha capturado a más de 50,000 personas involucradas con pandillas.
La entrega de las armas se realizó en la Plaza de la Soberanía, del Centro de Historia Militar, ubicado en el barrio San Jacinto.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que más de $7,000 que fueron decomisados a pandilleros pasen al Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal logró comprobar que los $7,087 incautados a tres pandilleros de la MS en un procedimiento realizado el 2 de julio de 2019 en San Salvador procedían de actividades ilícitas.
«Se demostró que ese dinero procedía de diversos delitos de maras o pandillas en virtud de que se encontró manuscritos de diferentes aportaciones de las diversas clicas de El Salvador, utilizado para financiar actividades ilícitas» explicó el fiscal del caso, al concluir la audiencia.
El monto fue decomisado a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no lograron justificar la procedencia legal de los fondos.
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que otros $30,000 pasaran al Estado por estar relacionados directamente a la actividad delictiva de agrupaciones ilícitas.
El dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía registro criminal por pertenecer a grupos criminales.
El saldo de los créditos verdes del país en moneda nacional y extranjera se situó en 44,8 billones de yuanes (6,46 billones de dólares) para el final de 2025, lo que supone un aumento interanual del 20,2 por ciento, según un informe publicado por el Banco Popular de China.
Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), los créditos verdes crecieron a una tasa media anual del 30,2 por ciento, es decir, 21,1 puntos porcentuales más que el total de créditos, mientras que su participación en el saldo absoluto de créditos aumentó del 6,7 por ciento al 16,2 por ciento.
Durante ese lapso, la emisión acumulada de bonos verdes alcanzó los 5,2 billones de yuanes, con un saldo pendiente de 2,4 billones de yuanes, lo que convirtió a China en uno de los mayores mercados de bonos verdes del mundo, de acuerdo con el informe.
De cara al futuro, el banco ampliará su apoyo para abarcar más áreas con beneficios en materia de reducción de carbono, ayudará a liberar el valor de los recursos y los activos medioambientales, y apoyará a las instituciones financieras para que participen de manera ordenada en el desarrollo del mercado nacional del carbono, destaca el informe.
Julio César Hernández Magaña, acusado del delito de homicidio culposo por presunta mala praxis, es enjuiciado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
La acusación fiscal detalla que Hernández Magaña realizó un procedimiento quirúrgico inadecuado el 24 de junio del 2022, en su clínica ubicada en colonia Escalón, San Salvador Centro.
«La mujer habría sido sometida a tres cirugías en un lapso de seis horas en el quirófano; posteriormente se le dio el alta y no habría recibido la vigilancia médica requerida después de las intervenciones», explicó el ministerio público.
La víctima falleció seis días después de las cirugías, el 30 de junio 2022 en su casa de habitación ubicada en Lourdes Colón, La Libertad Oeste.
Durante el juicio, la Fiscalía asegura que presentará suficiente prueba documental, pericial, testimonial que determinan la responsabilidad del imputado y ha pedido al tribunal que se haga justicia y que le aplique la pena máxima de cárcel por ese delito y también una condena civil.
