Hasta con 134 años de prisión, fueron condenados 10 extorsionistas y homicidas de tres estructuras de la Mara Salvatrucha, por delitos consumados en Mejicanos y Ciudad Delgado, entre el 2017 y 2018.

Con la sentencia que emitió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, se resolvieron 11 casos por los delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, homicidio tentado, aborto sin consentimiento, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

La mayor condena de 134 años fue para Alexis Omar González Rodríguez, por dos homicidios agravados, dos proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado, un aborto sin consentimiento, tres privaciones de libertad, un homicidio en grado de tentativa y por agrupaciones ilícitas.

Otro de los condenados es Mauricio Antonio Moreno Aparicio, quien al ser enjuiciado como ausente recibió 75 años de cárcel por dos extorsiones agravadas, tres proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

A los demás, el tribunal les impuso penas de 20 y 34 años de prisión. Los pandilleros comenzaron a ser investigados tras una denuncia de extorsión en perjuicio de transportistas de Mejicanos.

Entre los casos resueltos con las condenas, está el homicidio agravado de una adolescente de 16 años embarazada; también el homicidio de su pareja en la colonia Santa Laura del cantón Arenales, de Ciudad Delgado.

El doble homicidio fue con arma blanca y los imputados las asesinaron porque vivían en zonas controladas por la pandilla 18.

También los encontraron responsables por el delito de proposición y conspiración del delito de homicidio agravado en perjuicio de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), el aborto de un recién nacido, así como el intento de homicidio de un hombre.

Este 1 de febrero son las elecciones en Costa Rica, contienda en la que se disputan la presidencia, 57 diputaciones y, principalmente, lo que múltiples sectores han nombrado como la “defensa de la democracia”. Ello se debe a que el continuismo ofrece conflictos entre los poderes, autoritarismo y discursos de odio, además de la amenaza de un proceso constitucional que garantice la reelección. Pese a la amenaza, el presidente Chaves cuenta con amplio apoyo popular y su candidata, Laura Fernández encabeza la intención de voto. Pocas opciones quedan para una oposición fragmentada y con una única opción: impulsar el ballotage.

En las elecciones del 2022 Rodrigo Chaves se presentó como un outsider. Trabajó 30 años fuera del país -en el Banco Mundial (BM)- y fue convocado a ser ministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado -de Acción Ciudadana-. Cargo pasajero debido a las diferencias con Alvarado en la implementación de la reforma fiscal -de las más regresivas en la historia-, posteriormente se unió al Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Fue la desconfianza construida hacia el bipartidismo histórico -Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC)-, la apatía hacia Acción Ciudadana y la necesidad de algo diferente lo que hizo que Chaves fuera electo presidente. Esto a pesar de que se hicieron públicas denuncias por violencia sexual que cometió mientras trabajaba en el BM y por las que fue sancionado.

La improvisación del presidente y su equipo resultó evidente desde el principio de la administración. El discurso de cambio se veía poco reflejado en el accionar del Ejecutivo y una bancada legislativa poco propositiva. Por ello resultó cómodo señalar a sus críticos y a las otras instituciones de impedir el avance de su administración. El discurso de Chaves -y el de todo su gabinete- es que él es víctima de una clase política enquistada en las instituciones públicas que no le permiten “comerse la bronca” -como su lema de campaña decía-.

Una de las cúspides del choque entre poderes se dio a las puertas de la campaña electoral, cuando la Corte Plena, por mayoría, avaló la acusación de la fiscalía general contra el presidente por el delito de concusión en un contrato millonario con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para avanzar en la investigación penal era necesario que fuera levantada la inmunidad de Chaves, decisión que dependía de la Asamblea Legislativa y que finalmente no alcanzó los 38 votos mínimos para ello. Dos semanas después, una nueva solicitud de desafuero fue planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el delito de beligerancia política -durante el período electoral- derivada de más de 15 denuncias presentadas contra el mandatario. Esto, dado que legalmente los funcionarios públicos tienen prohibido dar a conocer su elección partidaria y utilizar las plataformas estatales para favorecerla. Fueron dos votos los que hicieron falta para el desafuero; en ambas ocasiones los votos de Nueva República -conservador, evangélico- resultaron cruciales.

Otro punto de inflexión fue el video publicado por el TSE. Eugenia María Zamora, Magistrada Presidente, en compañía de otros Magistrados/as del TSE compartieron un mensaje público dirigido a Chaves: Zamora recalcó que en 76 años ningún magistrado presidente había tenido que referirse directa o públicamente al Ejecutivo, llamó la atención sobre el hecho de que él como presidente no tiene la facultad para destituirla e hizo hincapié en las numerosas faltas de Chaves sobre la legitimidad del TSE y sobre su integridad personal.

En el plano político-económico, Chaves profundizó la desigualdad y el neoliberalismo. El costo de la vida se disparó y políticas como la “ruta del Arroz” -decreto que eliminó el arancel al grano importado- llevó a una crisis existencial al campesinado y atentó contra la seguridad alimentaria. Por otro lado, según el informe del estado de la educación (2025) la inversión educativa tuvo la caída más grande en 40 años pese a que constitucionalmente se establece el 8% del PIB para ello; norma que no fue respetada lo que agravó la crisis que viene de años atrás. En esa misma materia, Chaves, rodeado de líderes religiosos, eliminó el programa de educación sexual debido a que “los materiales contenían erotismo y perversión”. Para el cierre del 2025, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) alertó sobre el aumento de embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual en el Pacífico Central. Como si ello fuera poco, el gobierno de Chaves Robles es el que más acumuló deuda con la CCSS y el régimen de pensiones. Con ello, Chaves atentó contra uno de los pocos sistemas de salud pública aún en pie en Nuestra América.

Caso contrario, los homicidios se dispararon: el 2023 fue el año más violento de la historia con 907 asesinatos y en 2025 se reportaron 873, con una taza de 16,7 por 100 mil habitantes. Paralelamente, el gobierno ordenó la salida del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) en puntos estratégicos del trasiego de droga, debilitó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y mantuvo un clima de hostilidad contra el aparato judicial. También en 2025, el OIJ arrestó a Celso Gamboa -ex ministro de seguridad pública, ex director de inteligente y seguridad nacional, magistrado de la Sala Tercera- porque fue requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ser extraditado e imputado por el presunto delito de tráfico internacional de drogas. Según la DEA, Celso era clave para el traslado de cocaína de Colombia a EE.UU. Recientemente Chaves fue señalado de reunirse con un narcotraficante y cuando fue alertado dijo “vamos a ver qué pasa si le damos las llaves de la casa ladrón».

Todo este contexto ha sido tierra fértil para el fortalecimiento de la retórica de mano dura de Rodrigo Chaves y, consecuentemente, su cercanía con Nayib Bukele, presidente -inconstitucional- de El Salvador. Bukele viajó a Costa Rica para colocar la primer piedra de la megacárcel, proyecto insignia de Chaves. En redes sociales Bukele se pronunció a favor del continuismo y la necesidad de que Laura Fernández sea electa. También Chaves recibió a Marco Rubio en su primer gira internacional y acordó el recibimiento de personas deportadas de EE.UU.

Ballotage ¿única opción?
La candidata oficialista encabeza las encuestas y la más reciente, del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), señala que Fernández podría superar el 40% mínimo para ser electa (escenario que desde 2010 no sucede). Muy lejos en las encuestas se encuentran los candidatos opositores que apenas alcanzan el 9%: Álvaro Ramos del PLN y Claudia Dobles de Coalición Ciudadana. Por debajo se encuentra Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%.

En ese contexto es fundamental la participación en las elecciones y la disminución del abstencionismo, para posicionar el ballotage. El oficialismo por su parte pide el apoyo legislativo para alcanzar una bancada mayoritaria de 40 diputaciones “para gobernar” -en claro reflejo de Bukele-; situación improbable y que no ha sucedido anteriormente. Aún así la incertidumbre se mantiene y por tanto la esperanza de detener un proceso regresivo y de avance de la ultraderecha conservadora en Centroamérica.

La princesa heredera de Noruega, cuyo hijo será juzgado el martes por violación, se vio envuelta en otro escándalo este fin de semana después de que archivos publicados en Estados Unidos revelaran su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega.

En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era «inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf».

En 2012, cuando Epstein le contó que estaba en París «buscando esposa», ella le respondió que la capital francesa es »buena para el adulterio» pero que «las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas».

Para entonces, Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de solicitar la prostitución a una menor. Los archivos muestran que la princesa se alojó en la casa de Epstein en Florida durante cuatro días en 2013, aunque él no estaba allí en ese momento.

Mette-Marit se refirió el sábado a su «vergonzosa» amistad con el financista caído en desgracia, quien se suicidó en 2019 en la cárcel mientras esperaba su juicio por delitos sexuales contra menores.

«Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso», declaró en un comunicado enviado a AFP por el palacio real.

La mujer de 52 años también asumió la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes y de no comprender con la suficiente rapidez qué tipo de persona era.

Sin embargo, en 2011 Mette-Marit le escribió a Epstein que lo había buscado en Google, añadiendo que «no tenía muy buena pinta» sin especificar exactamente a qué se refería y terminando la frase con un emoji sonriente.

Según el palacio real, Mette-Marit interrumpió el contacto porque sentía que este intentaba explotar su relación para acceder a otras personas de su círculo.

Un momento difícil

Los mensajes casi dan la impresión de que eran amigos cercanos», afirmó el historiador y experto en realeza Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, aunque recalcó que se desconoce el contexto en el que se escribieron.

«Esto demuestra, en cualquier caso, una falta de criterio y que todos los ‘recursos de seguridad’ que la rodeaban también fallaron».

El momento no podría ser peor para Mette-Marit. El martes, su hijo de 29 años, Marius Borg Hoiby, fruto de una relación que mantuvo antes de casarse con el príncipe heredero Haakon en 2001, será juzgado en el tribunal de distrito de Oslo.

Marius Borg Hoiby fue acusado de 38 delitos, incluyendo la violación de cuatro mujeres, así como agresión y delitos relacionados con drogas, que podrían acarrearle hasta 16 años de prisión.

La pareja de príncipes herederos ya ha dicho que no asistirá al juicio, que está previsto que dure siete semanas.