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Fondos de Ministerio de Desarrollo Local se destinarán a sectores vulnerables y para el fortalecimiento de los Derechos Humanos
La ministra del Ministerio de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, “María Chichilco”, presentó este viernes ante los diputados de la comisión de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, la partida presupuestaria para la cartera que dirige, la cual es de $37, 334, 019 durante 2025.
Según lo expresado por la funcionaria, el objetivo general para el año entrante es mejorar y fortalecer la oferta programática de la institución para potenciar el desarrollo local, el bienestar social en los territorios y optimizar la generación de valor público en el marco del cumplimiento de su mandato y campo de competencia.
En materia de las actividades y proyectos que serán incluidos en el plan de trabajo, se contará con un talento humano fortalecidoen sus habilidades y competencias para poder ejecutar programa indemnizatorio a víctimas del conflicto armado, la asistencia social para población en riesgo de inseguridad alimentaria y la atención en centro de día de cantón La Joya, Morazán.
Se contempla con un desarrollo de sistemas informáticos para facilitar la gestión institucional y las mejoras en la infraestructura física e instalaciones del MINDEL.
Además, de una generación de información con base en resultados y evidencia técnica, la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno, con base en la norma ISO 37001:2016.
De acuerdo a la funcionaria, la institución contará con un presupuesto de $37, 334, 019, de ese monto la distribución del mismo se hará de la siguiente manera:
$3, 751, 318 se invertirá en la dirección y administración institucional. Esto contempla la dirección superior, la administración general y gestión financiera y la administración del desarrollo local.
$4, 495, 210 servirá para la atención a personas en condición de vulnerabilidad, es decir para el programa “Reparación a víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos”, para asistencia alimentaria, humanitaria y técnica para el desarrollo de competencia.
También para el cumplimiento a la sentencia de El Mozote y lugares aledaños y para la protección y promoción de los derechos de la población adulto mayor.
$26, 854, 771 será para el apoyo al programa hacia la erradicación de la pobreza en El Salvador. Esto cubrirá el apoyo a la educación y la salud.
Para la indemnización a víctimas de grandes violaciones será un total de $1, 732, 720 y para el apoyo al desarrollo económico local es de $412, 805.
Para la inversión en infraestructura se destinará $87, 195.
Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, informó este jueves el Departamento de Estado, en una señal de deshielo tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.
«Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
«Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente», añadió.
Trump ha felicitado su trabajo.
Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.
Burgum calificó de «fantásticamente positivo» el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado.
«Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares», indicó el texto. «Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela».
«Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente».
Estados Unidos tampoco reconoció la segunda reelección de Maduro en 2024, blanco de denuncias de fraude por parte de la oposición.
La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.
«Garantías»
La gira Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. El secretario es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.
Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.
La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros.
Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques.
Burgum aseguró que recibió «garantías» de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona.
Rodríguez impulsa también una reforma a la ley de minería en línea con la nueva ley de Hidrocarburos, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez, el presidente fallecido hace 13 años este jueves.
«Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años, y eso es un mérito del liderazgo que hay aquí», indicó Burgum.
Burgum acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell, los primeros públicamente anunciados bajo el amparo de la nueva ley.
«Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países», dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal.
El petróleo y oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019. Las multinacionales que operan en el país reciben un permiso especial en Washington.
«Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar», dijo el secretario a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas antes de partir.
Venezuela -con las mayores reservas petroleras del mundo- busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2025, menos de la mitad del que fue su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.
El personal del Cuerpo de Bomberos y soldados de la Fuerza Armada y otras instituciones de Protección Civil comenzaron ayer la misión de sofocar otro incendio forestal registrado en la faldas del volcán Chaparrastique, en San Miguel.
Este es el tercer siniestro de gran magnitud que se registra en este coloso en menos de un mes; el primero fue a principios de febrero, el segundo a mediados del mismo mes y el más reciente que comenzó desde el pasado martes, según las autoridades departamentales de Protección Civil.
«Da tristeza y coraje que por el descuido de algunas personas se vean afectadas muchas familias, árboles y animales y sobre todo, por los efectos que esto genera, como el calor y la erosión que causan las tormentas en la época lluviosa», expresó el presidente de la comisión departamental de Protección Civil, Sinaí Hernández.
El incendio se ha registrado en la zona sur del volcán, mientras que los dos anteriores han afectado el área oeste, provocando daños en la fauna y flora.
En los últimos días, la comisión departamental de Protección Civil ha reportado otros incendios forestales en algunos cerros de los cantones Agua Zarca, en El Salitre, Mayucaquín y El Delirio. Solo en el distrito de San Miguel en las últimas semanas se ha registrado un aproximado de 25 incendios forestales.
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y otras instancias de control ha permitido avanzar en la desarticulación de estructuras vinculadas al comercio ilícito de cigarrillos, así lo determinó un estudio ejecutado por la empresa Total Research Network para la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).
Según el estudio, el comercio ilícito de cigarrillos en El Salvador registró en 2025 su nivel más bajo de los últimos años, representando el 24.8 % del mercado.
«De acuerdo con el análisis, el contrabando de cigarrillos pasó de representar el 44.1 % del mercado en 2019 al 24.8 % en 2025, una reducción cercana a 20 puntos porcentuales en seis años. Este comportamiento refleja un fortalecimiento sostenido de las acciones de control y fiscalización desarrolladas por las autoridades competentes», indicó ADES.
El estudio establece que solo en 2025, las autoridades destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos incautados, con un valor comercial y fiscal superior a $4.1 millones y una evasión estimada cercana a $2 millones en impuestos no pagados.
«Asimismo, entre 2019 y 2025, la recaudación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos reportó un aumento del 17.4 %, en un contexto de fortalecimiento de los controles aduaneros y fiscales», se lee en el informe de ADES.
El análisis detalla que las autoridades también han identificado las rutas y patrones de ingreso irregular de mercadería. Además de cigarrillos, los controles han permitido identificar otros productos que ingresan de forma ilícita, incluyendo medicamentos no autorizados y lácteos sin certificación sanitaria, lo que evidencia la importancia de mantener mecanismos de vigilancia permanentes.
«El combate al contrabando requiere coordinación constante entre las autoridades competentes y el sector privado. Los avances registrados en los últimos años demuestran que la articulación técnica fortalece la economía formal, protege la competencia leal y genera mayor confianza en la cadena de distribución», afirmó Blanca Roque, directora ejecutiva de ADES.
El estudio concluye que la reducción del comercio ilícito no solo impacta la recaudación fiscal, sino que contribuye a la estabilidad del mercado formal, a la protección del consumidor y a un entorno de mayor transparencia para las empresas que cumplen con la normativa vigente.
