Este domingo se conoció que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló una red de financiamiento de Hamas que se extiende a través de inversiones inmobiliarias en diversos países, incluido un complejo de oficinas en Estambul, Turquía. La investigación difundida por Newsweek ha identificado vínculos entre Hamas y empresas que operan desde Oriente Medio hasta Europa Occidental, estimando que el imperio de la construcción vinculado a Hamas tiene un valor de $500 millones.

Las operaciones financieras del grupo incluyen la utilización de personal clave para establecer compañías en países como Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Arabia Saudita y Sudán, a menudo en localidades donde, según expertos, podrían encontrar una aprobación tácita para sus operaciones. Estas empresas no solo generan ingresos significativos para Hamas sino que también han enriquecido a sus líderes, contrastando con las duras condiciones de vida en Gaza.

Según detalló Newsweek, un administrador de negocios yemení posee participaciones en la empresa inmobiliaria de Hamas en Emiratos Árabes Unidos, así como en una empresa de construcción cotizada en bolsa en Turquía, entre otras compañías vinculadas al grupo. Asimismo, se ha descubierto un contador de Cisjordania involucrado en importantes compañías de construcción y bienes raíces en Turquía, Sudán y Arabia Saudita.

El tejido empresarial de Hamas también ha tocado suelo europeo, con el establecimiento de una compañía en España por parte de un acaudalado empresario sudanés con vínculos previos con Osama Bin Laden. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a estas empresas y ejecutivos en su lista de sanciones a Hamas en 2022 y durante tres rondas de sanciones adicionales después del mencionado ataque de octubre.

La Administración Biden ha intensificado los esfuerzos para desmantelar las bases económicas de Hamas, al ofrecer una recompensa de hasta USD10 millones por información relevante a través del Programa de Recompensas por la Justicia. La estrategia estadounidense coincide con las sanciones impuestas por Israel tras el brutal ataque ocurrido el 7 de octubre, en el que Hamas asesinó a 1.200 personas, secuestró a más de 300 y mutiló y abusó sexualenten de decenas.

El programa de sanciones se enfoca tanto en la interrupción del flujo de ingresos como en la identificación de representantes empresariales que intentan ocultar el control de Hamas sobre sus activos. A pesar de la terrible situación en Gaza, donde más del 85% de su población ha sido desplazada y la ONU advierte sobre una posible hambruna, las sanciones buscan impedir que las operaciones financieras sigan influyendo en el conflicto.

Expertos como Stephen Reimer, investigador del Royal United Services Institute del Reino Unido, explican que el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario ofrece una forma eficaz para que organizaciones como Hamas puedan disfrazar sus fondos, dado que la regulación contra el crimen financiero en estas industrias es relativamente débil a nivel global.

El imperio inmobiliario vinculado a Hamas no solo es una fuente de financiamiento para el grupo sino que, a menudo, involucra compradores ordinarios que desconocen el origen de los fondos de sus propiedades, financiando así indirectamente a una entidad considerada terrorista por varios países.