Internacionales
Estados Unidos rastrea imperio inmobiliario de Hamas para financiar actividades terroristas
Este domingo se conoció que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló una red de financiamiento de Hamas que se extiende a través de inversiones inmobiliarias en diversos países, incluido un complejo de oficinas en Estambul, Turquía. La investigación difundida por Newsweek ha identificado vínculos entre Hamas y empresas que operan desde Oriente Medio hasta Europa Occidental, estimando que el imperio de la construcción vinculado a Hamas tiene un valor de $500 millones.
Las operaciones financieras del grupo incluyen la utilización de personal clave para establecer compañías en países como Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Arabia Saudita y Sudán, a menudo en localidades donde, según expertos, podrían encontrar una aprobación tácita para sus operaciones. Estas empresas no solo generan ingresos significativos para Hamas sino que también han enriquecido a sus líderes, contrastando con las duras condiciones de vida en Gaza.
Según detalló Newsweek, un administrador de negocios yemení posee participaciones en la empresa inmobiliaria de Hamas en Emiratos Árabes Unidos, así como en una empresa de construcción cotizada en bolsa en Turquía, entre otras compañías vinculadas al grupo. Asimismo, se ha descubierto un contador de Cisjordania involucrado en importantes compañías de construcción y bienes raíces en Turquía, Sudán y Arabia Saudita.
El tejido empresarial de Hamas también ha tocado suelo europeo, con el establecimiento de una compañía en España por parte de un acaudalado empresario sudanés con vínculos previos con Osama Bin Laden. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a estas empresas y ejecutivos en su lista de sanciones a Hamas en 2022 y durante tres rondas de sanciones adicionales después del mencionado ataque de octubre.
La Administración Biden ha intensificado los esfuerzos para desmantelar las bases económicas de Hamas, al ofrecer una recompensa de hasta USD10 millones por información relevante a través del Programa de Recompensas por la Justicia. La estrategia estadounidense coincide con las sanciones impuestas por Israel tras el brutal ataque ocurrido el 7 de octubre, en el que Hamas asesinó a 1.200 personas, secuestró a más de 300 y mutiló y abusó sexualenten de decenas.
El programa de sanciones se enfoca tanto en la interrupción del flujo de ingresos como en la identificación de representantes empresariales que intentan ocultar el control de Hamas sobre sus activos. A pesar de la terrible situación en Gaza, donde más del 85% de su población ha sido desplazada y la ONU advierte sobre una posible hambruna, las sanciones buscan impedir que las operaciones financieras sigan influyendo en el conflicto.
Expertos como Stephen Reimer, investigador del Royal United Services Institute del Reino Unido, explican que el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario ofrece una forma eficaz para que organizaciones como Hamas puedan disfrazar sus fondos, dado que la regulación contra el crimen financiero en estas industrias es relativamente débil a nivel global.
El imperio inmobiliario vinculado a Hamas no solo es una fuente de financiamiento para el grupo sino que, a menudo, involucra compradores ordinarios que desconocen el origen de los fondos de sus propiedades, financiando así indirectamente a una entidad considerada terrorista por varios países.
Estados Unidos afirmó ayer que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, después de que los países del Golfo parecieran haberlo disuadido de emprender una acción militar contra Teherán por la letal represión de las marchas.
La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.
Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.
Según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3,428 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.
El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.
Mientras Washington parecía dar marcha atrás en una eventual acción militar, la Casa Blanca afirmó que «todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente».
«El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer (miércoles)», declaró a la prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Según ella, Trump había advertido a Teherán de «graves consecuencias” si mataba a más manifestantes.
Por su parte, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras.
Irán ya es objeto de duras sanciones internacionales por su programa nuclear, que contribuyeron a los problemas económicos que desencadenaron las protestas
Trump afirmó el miércoles que había sido informado «por fuentes muy importantes» de que las matanzas han terminado», mientras que sus aliados del Golfo se esforzaron en disuadirlo de una intervención militar.
Según dijo a la AFP un alto cargo saudita, bajo condición de anonimato, Arabia Saudita, Catar y Omán llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones».
Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en la zona «tendría consecuencias» para las relaciones regionales de Teherán.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá «frente a cualquier amenaza extranjera», en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.
Un ciudadano canadiense ha muerto «a manos de las autoridades iraníes», informó Ottawa el jueves, en medio de fuertes protestas contra el gobierno de Teherán.
«Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en Irán a manos de las autoridades iraníes», declaró la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar más detalles.
Añadió que la respuesta de Teherán a las «protestas pacíficas» ha «llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana».
Ayer, Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.
«Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.
Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y el uso de la fuerza.
Cuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, apenas generó la mitad de la electricidad consumida por la isla en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados por la AFP.
Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.
La demanda diaria de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios (MW), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MW, según cálculos de la AFP basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
El monitoreo muestra que la tendencia se mantiene en la primera quincena de 2026.
La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica para el día, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.
Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una capacidad de generación de entre 300 y 400 MW, para fines de diciembre superaron los 3.000 MW.
Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.
Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.
Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.
Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.
Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.
Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.
El gobierno afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.
