La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.

Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.

Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.

Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.

El Tribunal Superior de Dublín condenó este viernes al luchador Conor McGregor a pagarle una indemnización a Nikita Hand, quien lo había acusado de violación. La decisión fue tomada por un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres. De esta forma, el veredicto ratificó la versión de la mujer de 35 años en la demanda civil presentada contra el peleador y James Lawrence, amigo de la estrella de las artes marciales mixtas y quien ha resultado exculpado del incidente ocurrido en un hotel de la capital de Irlanda a fines de 2018.

Los representantes legales de la demandante han pedido una compensación de 750.000 euros para realojar a su clienta, quien dejó la casa que había comprado con su entonces pareja tras el incidente, así como un millón de esa misma moneda por la pérdida de ingresos tras abandonar su trabajo en el salón de belleza por motivos de salud mental. Sin embargo, el portal irlandés RTE confirmó los montos a percibir: “La indemnización total por daños y perjuicios asciende a 248.603,60 euros (más de 258.000 dólares), incluidos los daños generales y especiales, incluidos los gastos médicos. No se contemplan daños ejemplares ni agravados”.

El jurado del Tribunal Superior de Dublín había reanudado este viernes las deliberaciones sobre la demanda civil interpuesta por Nikita Hand contra el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, a quien acusaba de agresión y violación en un incidente ocurrido en el Hotel Beacon el 9 de diciembre de 2018.

Hand brindó su testimonio en su retirada del establecimiento judicial: “Si algo les sucede, sin importar quién sea la persona, se hará justicia. A todas las víctimas de agresión sexual. Espero que mi historia sea un recordatorio de que, sin importar cuánto miedo puedan tener, hablen. Tienen una voz y sigan luchando por la justicia”.

“Sé que esto ha impactado no solo mi vida, la de mi hija, mi familia y amigos de manera tremenda, y es algo que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Pero ahora que se ha hecho justicia, puedo intentar seguir adelante y mirar hacia el futuro con mi familia y amigos e hija”, señaló.

La acción también incluía a James Lawrence, de 35 años, acusado de agresión al supuestamente haber mantenido relaciones sexuales no consensuadas con Hand en el mismo lugar. Ambos demandados negaban las acusaciones, afirmando que las relaciones fueron consensuadas.

El jurado le pidió al juez Alexander Owens un cable para poder revisar con mayor claridad las imágenes del CCTV (Circuito cerrado de televisión) del día en cuestión, que fueron facilitadas para continuar con el análisis.

Hand y su compañera de trabajo, Danielle Kealey, declararon que acompañaron a McGregor y Lawrence al hotel tras una noche de fiesta que incluyó consumo de alcohol y cocaína. Las imágenes muestran a McGregor saliendo con Kealey cerca de las 6:15 p. m., mientras Hand dejó el hotel con Lawrence a las 10:30 p. m.

Hand acusaba a McGregor de violación y sostiene que no recuerda haber tenido relaciones sexuales con Lawrence, calificando su relato como una “historia inventada”. Por su parte, McGregor declaró que mantuvieron relaciones sexuales “totalmente consentidas” y negó haber causado los hematomas que aparecen en las fotografías presentadas. Lawrence afirmó haber tenido relaciones consensuadas con Hand en dos ocasiones esa misma noche y tampoco se atribuyó las marcas. El juez Owens explicó le recordó al jurado que debían evaluar la credibilidad de los testimonios y las pruebas, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad, calificadas como “testigos silenciosos”.

McGregor asistió al tribunal acompañado de su pareja, Dee Devlin, y varios familiares, incluyendo a su madre, Margaret McGregor, y su hermana, Aoife McGregor.

Previamente, los abogados de las partes presentaron sus alegatos finales el martes pasado, tras un proceso que incluyó testimonios médicos y de testigos sobre los hechos ocurridos en el hotel.

Durante el juicio, la defensa de Hand presentó informes médicos que confirmaron la presencia de moratones y lesiones internas. Asimismo, un profesional sanitario declaró que tuvo que retirar un tampón con fórceps debido a su ubicación en un lugar profundo de la vagina. Por otro lado, los abogados de McGregor argumentaron que las imágenes de seguridad del hotel muestran una actitud festiva por parte de la demandante durante toda la noche. Esta versión fue respaldada por Danielle Kealey, quien acompañó a Hand al ático donde ocurrieron los hechos.

El juez argentino que llamó a declarar al expresidente Alberto Fernández en un caso de violencia contra la ex primera dama consideró que había «elementos de convicción suficientes» para avanzar en el proceso y, en su citación judicial, recogió detalles de la acusación que apuntan a violencia física y psicológica durante ocho años, incluso mientras la víctima estuvo embarazada en 2021.

Según el documento al que accedió AP, dado a conocer el jueves, el exmandatario de Argentina (2019-2023) tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de diciembre. La citación recoge que Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez mediante agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes, de acuerdo con la investigación judicial.

El político, que enfrenta posibles cargos por violencia de género y coacción, habría además condicionado económicamente a la mujer tras la separación de la pareja este año mientras residían en Madrid.

Fernández ejerció «con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad», recoge el oficio judicial.

La violencia física, según la acusación en el caso, habría «continuado y escalado» cuando Yáñez quedó embarazada a mediados de 2021, con «agarrones del cuello, zamarreos, bofetadas a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada» durante la convivencia de la pareja en la residencia presidencial de Olivos.

Investigación en marcha
La información se desprende de la investigación liderada por el fiscal federal Ramiro González. El exmandatario deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini.

Al exmandatario le podrían caer hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los delitos de los que se le acusan, entre ellos «lesiones graves» que están «agravadas» por haberse cometido contra su entonces pareja y amenazas coactivas para que Yánez no denunciara los hechos.

El documento judicial menciona además que la violencia se sustentó en una «relación asimétrica de poder» y que se extendió por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024.

Fernández, un peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, todavía no se pronunció sobre la citación judicial, pero previamente ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez, de 43 años.

El expresidente puede negarse a declarar y, en su lugar, presentar un escrito.

Con los argumentos y la documentación de respaldo presentada por la fiscalía, el juez consideró «que existen elementos de convicción suficiente como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a Alberto Ángel Fernández a prestar declaración indagatoria», dispuso en su oficio.

Múltiples testigos han declarado
Varias personas han testificado en el marco de la causa, aportadas por las dos partes, entre ellas la madre de Yáñez, médicos y niñeras. Fueron analizadas llamadas telefónicas entre el entonces presidente y su pareja e informes psiquiátricos realizados a la denunciante.

Luego de dejar el poder en diciembre de 2023, Fernández, Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, se radicaron en Madrid, España, y al poco tiempo la pareja se separó. Según la pesquisa judicial, el dirigente político habría condicionado a la denunciante económicamente «para manipular y continuar ejerciendo poder y control sobre aquella».

De acuerdo con lo recogido en la citación judicial, los ocho años de agresiones psicológicas y físicas a Yañez, «en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja», habrían dejado en la víctima «secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud».

Ésta no es la única causa judicial que enfrenta el expresidente argentino, quien también es investigado por irregularidades en la contratación de seguros para el Estado durante su mandato.