El presidente del complejo monumental de Versalles fue nombrado este miércoles al frente del museo del Louvre de París, tras la dimisión de Laurence des Cars cuatro meses después del espectacular robo de varias joyas.

Aunque en un primer momento se rechazó la renuncia de Des Cars, el presidente francés, Emmanuel Macron, acabó por aceptarla el martes para dar «calma» y un nuevo impulso fuerte a la pinacoteca, indicó su oficina.

El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre, anunció la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras su nombramiento.

Tendrá la misión de «dar seguridad» y «modernizar» el museo, así como de llevar a cabo su ambicioso plan de renovación bautizado Louvre-Nuevo Renacimiento, precisó.

El martes, Des Cars presentó su dimisión a Macron. La funcionaria dijo al diario Le Figaro que «ya no se daban las condiciones para avanzar».

El Louvre se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el sonado robo de las joyas, así como por problemas estructurales, huelgas de personal y casos de fraude en los boletos de entrada.

Aunque su ya expresidenta había alertado desde inicios 2025 del estado del museo, que alberga obras maestras como «La Gioconda» o la «Venus de Milo», el ‘modus operandi’ del robo aumentó la presión sobre ella.

Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.

El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de ese complejo monumental, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.

Durante la noche del martes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres vinculados al hurto de una motocicleta en la urbanización Brisas de Soyapango.

Los capturados fueron identificados como Jonathan Alberto Calderón Rivas, de 22 años de edad y Víctor Fidel Martínez Ayala, de 40 años. Ambos detenidos serán remitidos por el delito de «receptación de vehículo automotor o sus piezas provenientes de hurto o robo», según detallaron las autoridades.

La PNC informó que en redes sociales circuló un video sobre el robo de la motocicleta, posteriormente equipos policiales ubicaron el lugar donde fue vista por última vez, llegando a la comunidad Brisas Adesco, lugar donde encontrando al interior de una casa piezas de motocicleta.

«Mediante grabaciones de cámaras de videovigilancia se observa a un hombre que se lleva la motocicleta desde donde estaba estacionada…. Se constató que el número de chasis encontrado en la vivienda coincide con el de la motocicleta hurtada», explicó la policía en su cuenta de X.

La corte suprema de Brasil decide este miércoles la condena o absolución de dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocho años después de este crimen que expuso los vínculos entre la política y las milicias de Río.

Ícono de la causa negra y LGBT, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Río de Janeiro, ciudad de la que era concejala.

Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.

La fiscalía acusó el martes al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Río, de haber ideado el asesinato.

La defensa clamó su inocencia, pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.

«Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra», dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao.

Cuatro jueces de la corte votarán sobre esa acusación, en una sesión que inició a las 9H00 locales (12H00 GMT) en Brasilia.

La fiscalía afirma que los hermanos Brazao ordenaron el crimen por la oposición de Franco en el concejo municipal a propuestas que facilitarían la apropiación de tierras por milicias.

Estos grupos criminales controlan zonas enteras de barrios populares de Río.

Formadas en Río hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

La acusación pidió que los Brazao sean condenados por doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.

De ser hallados culpables, se exponen a penas que podrían superar 90 años de prisión.

Los hermanos niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración entre la justicia y el pistolero condenado a 78 años de cárcel por haber cometido el crimen, el expolicía Ronnie Lessa.

«Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao», apuntó el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand en la sesión del martes.

Procedente de una favela y referente izquierdista, Franco defendía además los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGBT.

Mientras la corte decide sobre el caso Franco, el Congreso brasileño aprobó en la noche del lunes una ley que endurece la lucha contra organizaciones criminales.