Política
Asamblea Legislativa aprueba $50 millones para reforzar el combate a las pandillas en El Salvador
La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo volvieron a trabajar de la mano hoy para el combate de las pandillas con la aprobación e incorporación de $50 millones para reforzar las tereas y planes de seguridad durante la implementación de la medida constitucional del régimen de excepción.
Los fondos no provienen de préstamos, sino que son producto de excedentes en concepto de la recaudación del impuesto sobre la renta y el combate a la evasión fiscal que impulsa el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda.
Por la aprobación de los fondos -que serán administrados por la cartera de Justicia y Seguridad Pública- votaron 66 diputados a favor de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
El grupo parlamentario de ARENA no votó; tampoco votaron las diputadas del FMLN Anabel Belloso y Dina Argueta, mientras que los diputados efemelenistas Jaime Guevara -coordinador de la fracción- y Marleni Funes votaron abstención.
Según investigaciones judicializadas por la Fiscalía General de la República (FGR), miembros y dirigentes de ARENA y el FMLN negociaron con las pandillas a cambio del respaldo electoral en las elecciones pasadas, con la finalidad de ganar o mantenerse, respectivamente, en el Gobierno Central. El subcoordinador de la bancada cian, Caleb Navarro recriminó a los partidos ARENA y FMLN por no haber mejorado la seguridad pública en los 30 años que gobernaron el país.
«En los tres años de Gobierno del presidente Nayib Bukele se han tenido cifras históricas sobre los días con cero homicidios. En ninguna administración de ARENA y el FMLN vimos este logro», recalcó el legislador.
El único diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol y la única diputada de VAMOS, Claudia Ortiz votaron en contra, pero no razonaron su voto. El diputado disidente de ARENA y que se declaró independiente a inicios de este año, Donato Vaquerano, votó a favor de la incorporación de los recursos para el combate de las pandillas.
Según el decreto aprobado ayer, los $50 millones vendrán a reforzar los $60 millones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo pasado para que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública implementara el Programa Especial de Combate a Terroristas.
El coordinador del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara reconoció los esfuerzos del presidente de la república para combatir a las pandillas y destacó que más de 40,000 miembros de estructuras delincuenciales han sido capturados con el régimen de excepción.
«Recientemente vi como estos grupos terroristas [que ya fueron capturados] tenían una lista de los negocios que extorsionaban. Muchos salvadoreños pagaban altas cantidades de dinero para proteger sus locales», dijo el legislador cian y subrayó que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas acompañará al Ejecutivo en todas las iniciativas para el combate de las pandillas.
Además de aprobar los $50 millones la Asamblea Legislativa también aprobó la incorporación de 755 plazas de inspectores y sargentos a la Policía Nacional Civil (PNC). Los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC argumentaron que los nuevos elementos policiales reforzarán el trabajo policial en el combate de las pandillas.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
