Política
Asamblea Legislativa aprueba $50 millones para reforzar el combate a las pandillas en El Salvador
La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo volvieron a trabajar de la mano hoy para el combate de las pandillas con la aprobación e incorporación de $50 millones para reforzar las tereas y planes de seguridad durante la implementación de la medida constitucional del régimen de excepción.
Los fondos no provienen de préstamos, sino que son producto de excedentes en concepto de la recaudación del impuesto sobre la renta y el combate a la evasión fiscal que impulsa el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda.
Por la aprobación de los fondos -que serán administrados por la cartera de Justicia y Seguridad Pública- votaron 66 diputados a favor de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
El grupo parlamentario de ARENA no votó; tampoco votaron las diputadas del FMLN Anabel Belloso y Dina Argueta, mientras que los diputados efemelenistas Jaime Guevara -coordinador de la fracción- y Marleni Funes votaron abstención.
Según investigaciones judicializadas por la Fiscalía General de la República (FGR), miembros y dirigentes de ARENA y el FMLN negociaron con las pandillas a cambio del respaldo electoral en las elecciones pasadas, con la finalidad de ganar o mantenerse, respectivamente, en el Gobierno Central. El subcoordinador de la bancada cian, Caleb Navarro recriminó a los partidos ARENA y FMLN por no haber mejorado la seguridad pública en los 30 años que gobernaron el país.
«En los tres años de Gobierno del presidente Nayib Bukele se han tenido cifras históricas sobre los días con cero homicidios. En ninguna administración de ARENA y el FMLN vimos este logro», recalcó el legislador.
El único diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol y la única diputada de VAMOS, Claudia Ortiz votaron en contra, pero no razonaron su voto. El diputado disidente de ARENA y que se declaró independiente a inicios de este año, Donato Vaquerano, votó a favor de la incorporación de los recursos para el combate de las pandillas.
Según el decreto aprobado ayer, los $50 millones vendrán a reforzar los $60 millones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo pasado para que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública implementara el Programa Especial de Combate a Terroristas.
El coordinador del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara reconoció los esfuerzos del presidente de la república para combatir a las pandillas y destacó que más de 40,000 miembros de estructuras delincuenciales han sido capturados con el régimen de excepción.
«Recientemente vi como estos grupos terroristas [que ya fueron capturados] tenían una lista de los negocios que extorsionaban. Muchos salvadoreños pagaban altas cantidades de dinero para proteger sus locales», dijo el legislador cian y subrayó que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas acompañará al Ejecutivo en todas las iniciativas para el combate de las pandillas.
Además de aprobar los $50 millones la Asamblea Legislativa también aprobó la incorporación de 755 plazas de inspectores y sargentos a la Policía Nacional Civil (PNC). Los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC argumentaron que los nuevos elementos policiales reforzarán el trabajo policial en el combate de las pandillas.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
