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Alabama ejecuta a un preso con gas nitrógeno, un método nunca antes probado
Alabama ejecutó el jueves 25 de enero a Kenneth Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, la primera vez que se usa este método de pena capital y que ese estado del sur de Estados Unidos defiende como una alternativa más simple a las inyecciones letales.
Smith fue ejecutado con este procedimiento luego de que en noviembre de 2022 hubiese un intento fallido, dado que el verdugo no logró insertar una aguja de vía intravenosa en su cuerpo. Como parte de un acuerdo posterior, Alabama se comprometió a no intentar matarlo de nuevo con inyección letal.
Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, fue declarado muerto a las 20.25 hora local (02.25 GMT del viernes) tras haber inhalado el gas nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno.
Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron:
«Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos».
Periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.
El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron «involuntarias», pero nada fuera de lo esperado.
«Parecía que Smith estaba conteniendo la respiración tanto como podía», dijo Hamm, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si se esperaba que se retorciera. «Luchó un poco contra las ataduras, pero fue un movimiento involuntario y una respiración agónica. Así que eso era todo lo que se esperaba».
El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos.
Rechazo de organismos de derechos humanos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento.
La progresista Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que votaron por detener la ejecución, argumentó:
«al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su ‘conejillo de indias’ para probar un método de ejecución nunca antes usado».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch habían pedido a Estados Unidos que no permitiera la ejecución.
Smith estaba en el corredor de la muerte por haber asesinado en 1988 a Elizabeth Sennett, por encargo de su marido, Charles Sennett, quien pretendía cobrar una indemnización. Smith y su cómplice, John Forrest Parker, recibieron 1.000 dólares cada uno.
Charles Sennett se suicidó una semana después del asesinato, cuando se dio cuenta de que las autoridades le consideraban sospechoso, mientras que Parker también fue condenado a muerte y fue ejecutado en 2010 con una inyección letal.
«A las tres personas implicadas hace años, las hemos perdonado», aseguró también en rueda de prensa Mike Sennett junto a sus dos hermanos, los hijos de la asesinada, después de presenciar la ejecución del último de los involucrados, una sensación que describieron como «agridulce».
«Los actos malvados tienen consecuencias», añadieron.
Todos los ojos estaban puestos sobre Alabama y su nuevo método de ejecución, el primero desarrollado desde que en 1982 se introdujo la inyección letal, que ha sido mayoritario durante las últimas cuatro décadas en el país, desplazando a la silla eléctrica.
Alabama decidió probar con la asfixia con gas nitrógeno ante la dificultad que han enfrentado en los últimos años los estados que aún usan la pena capital para adquirir fármacos letales por la negativa de las farmacéuticas a que sean usados con este propósito.
Además, las complicaciones surgidas en varias ejecuciones desde 2014 -algunas en Alabama- han hecho que se cuestione el método por inhumano y que haya sido objeto de disputas legales durante años.
Otros estados estaban muy pendientes de la ejecución en Alabama, para introducir también el método de asfixia con nitrógeno. Oklahoma y Misisipi, de hecho, ya han aprobado el método, pero aún no han desarrollado un protocolo para usarlo ni construido las instalaciones.
Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.583 presos, 73 de ellos en Alabama.
La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.
Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.
Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.
Conocido como «Lobo Menor», el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.
Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.
La AFP contactó a funcionarios de Migración Colombia y aseguraron que Aguilar está en Bogotá y no pudieron explicar si venía detenido desde México.
El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió en X la captura y calificó a Aguilar como «uno de los asesinos más grandes del mundo».
El arresto ocurre en pleno lío diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.
«Este resultado (…) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México», dijo el presidente colombiano.
En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.
El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.
Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.
«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera» de su país, añadió.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las fuerzas armadas ideologizadas durante más de una década.
Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero. Su destitución se produce en medio de la efervescencia nacional por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.
«Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», escribió Rodríguez en Telegram.
Momentos después, Padrino le agradeció por «todo el apoyo brindado».
«Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa», escribió Padrino en Telegram.
La mandataria encargada designó en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.
González encabezó ante el servicio de inteligencia (Sebin).
Rodríguez nombró también este miércoles nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica y de Vivienda.
«Lealtad y subordinación absoluta»
Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo.
El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo.
Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída del mandatario en una incursión militar de Estados Unidos en la que murieron cerca de un centenar de personas, incluidos uniformados.
Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista. El propio Padrino, en el cargo desde 2014, juró su «lealtad y subordinación absoluta» a Delcy Rodríguez.
«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», agregó la mandataria interina, sin detallarlas.
Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a carga del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Reformó la ley petrolera y promulgó una amnistía histórica, al tiempo que avanza con cambios en su gabinete y en el ejército, entre ellos los generales que comandan la tropa en las regiones de Venezuela.
Fuerza Armada chavista
Bautizada como bolivariana por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no esconde su politización. Ha tenido entre sus lemas «¡Patria, socialismo o muerte!» y el actual «¡Chávez vive!».
La Constitución que Chávez impulsó en 1999 concedió el voto a los militares, que además ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado.
Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.
El percance registrado en el complejo Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de izquierda, fue provocado por fuertes lluvias en el estado de Tabasco, que ocasionaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió, detalló Pemex en un comunicado.
«Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellas, una trabajadora de Pemex», agregó la petrolera estatal.
Otras personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica, añadió.
El incendio se registró al amanecer alrededor de la barda perimetral de un sector donde se almacenan hidrocarburos, informó horas antes la petrolera.
El siniestro fue sofocado dos horas después de que comenzó y «no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores», aseguró la firma.
En redes sociales circularon videos donde se observa las instalaciones petroleras, ubicadas justo en la costa del Golfo de México, devoradas por el fuego en medio de una intensa lluvia.
Según medios locales, entre los fallecidos se encontraría un guardia de seguridad.
La construcción de la refinería Dos Bocas se inició durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La obra se vio marcada por numerosos retrasos y elevados costos de edificación, además de demoras para su entrada en operación.
Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales.
