Judicial
407 jefes de la MS seguirán en prisión por 500 homicidios y un centenar de desapariciones
Un total de 407 miembros de la ranfla nacional, o jefes de la MS 13 seguirán en prisión provisional por 500 homicidios y 91 desapariciones que la Fiscalía General de la República les atribuye. Así lo determinó el Tribunal Sexto contra Crimen Organizado de San Salvador.
El juez fijó el plazo de instrucción hasta agosto de 2025 para que la Fiscalía fortalezca las investigaciones y pueda demostrar un total de 37,402 hechos delictivos que se les atribuyen.
Entre los acusados se encuentran sanguinarios ranfleros como Borromeo Henríquez “El Diablito de Hollywood”; y Luis Ángel Turcios, “El Trece de Santa Tecla”. En el mismo caso se procesa a los corredores de los programas “Ahuachapán”, “Wester”, “Vatos Locos”, “Criminal”, “Stone”, “Sonsonate”, “Pinos Locos Salvatruchas”, “Libertad”, y Programa “Centrales”.
“Se ordena instrucción formal con la aplicación de la detención provisión en contra de los 407 imputados… se autoriza un plazo de instrucción basado en el decreto 803, en el cual el plazo de instrucción transcurriría de forma paralela, la cual iniciará del 9 de febrero del 2024 y finalizará el 25 de agosto del 2025”, señaló el juez.
Entre los procesados, 84 serán juzgados de forma ausente. Los presuntos terroristas son procesados por agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, rebelión, tráfico ilícito, tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de armas o explosivos, actos de terrorismo, homicidios agravados, privación de libertad, desaparición de personas, tentativa de homicidio agravado, y feminicidio.
Según la Fiscalía, los delitos fueron cometidos entre 2012 y 2022. En esta época habrían ordenado 29, 416 homicidios agravados, 907 desapariciones de personas y 492 extorsiones. De ser hallados culpables, las condenas mínimas que podrían recibir van desde 95 años de prisión.
La FGR cuenta con extracciones de teléfonos que les fueron incautados, donde hay registro de diversos crímenes, así como se cuenta con declaraciones de testigos criteriados, por lo que se espera que los sujetos paguen por sus crímenes a la sociedad.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
