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Polémico caso «Corruptela» supuestamente fabricado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez fue suspendido por jueza, que se declaró incompetente
El proceso judicial conocido como caso “Corruptela” sufrió un nuevo revés judicial, luego que este jueves 7 de enero, la jueza Cuarto de Instrucción de San Salvador, Lila Álvarez Blanco, suspendió la audiencia programada para hoy, tras declararse incompetente para seguir conociendo la causa, debido a que los presuntos hechos que se imputan a varios imputados no ocurrieron en su territorialidad.
La abogada del exfiscal Julio Arriaza y el mismo exagente fiscal solicitaron a la juzgadora que se declarara incompetente debido a que los presuntos hechos ilícitos que se le imputan no ocurrieron en San Salvador, sino en municipios del departamento de La Libertad, por lo tanto la causa debía pasar a conocimiento de un juez competente, en dicha área geográfica.
El exagente fiscal Julio Arriaza es uno de los imputados en el polémico proceso judicial denominado “Corruptela”, que según han expuesto varios abogados y analistas políticos, fue una maniobra por parte del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba la reelección en su cargo; sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa ni lo consideraron en la terna final, donde fue nombrado Raúl Melara, casi el 100% de los votos de los legisladores.
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mi no me costaron”, comentó uno de los afectados.
Además de Julio Arriaza también son procesados el exfiscal general Luis Martínez, además de varios empresarios salvadoreños y un periodista, la mayoría enfrenta el proceso en libertad, pese al show mediático que presentó Meléndez en su momento cuando realizó las detenciones.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
“El escrito presentado por la Licenciada Ivon Maribel García Arriaza, a las doce horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien lo suscribe junto a Julio Adalberto Arriaza González, por medio del cual exponen: ‘Que con fundamento en los Arts. 80, 81, 95, 150, 57 inc. 1 y 64 C.Pr.Pn., en relación con los Arts. 2, 15 y 18 de la Constitución de la República, 14 N ° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Art. 8 N ° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; solicitan se reconozca incompetencia territorial por parte de este Juzgado, y se remitan las actuaciones al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, de conformidad a los Arts. 60 y 146 de la Ley Orgánica Judicial”, reza parte del escrito presentado por Arriaza y su abogada.
Al realizar un análisis del lugar en el cual supuestamente acontecieron los supuestos hechos de relevancia penal, se puede determinar según la fáctica del requerimiento y acusación del ministerio público fiscal, estos fueron realizados en la sede de trabajo de esa entidad v. gr. omisión de la investigación, falsedad ideológica etc., es decir, en el edificio conocido como FARMA-VIDA, el cual 1 se encuentra ubicado en Calle Cortéz Blanco Poniente, N ° 20, Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; pero no solo estas infracciones penales de los ex-empleados de esa entidad, sino también las de los demás inculpados, v. gr., lavado de dinero y activos (depósitos realizados en Agencia Bancaria del Banco Promérica, ubicado en Antiguo Cuscatlán)”, agrega el escrito entregado a la jueza.
Durante una entrevista radial, el pasado 6 de enero, el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, dejó en evidencia al exfiscal Meléndez de generar show mediáticos, sin sustentar debidamente los procesos en las instancias judiciales.
“Vimos como en administraciones anteriores se presentaban show mediáticos pero que luego en los tribunales los casos se caen, esa situación no sucede bajo mi actual administración, ya que se presentan los procesos debidamente investigados y comprobados”, mencionó Melara.
Tras una explicación sobre los conceptos de territorialidad, la juez Lila Álvarez Blanco resolvió declararse incompentente de seguir conociendo la causa en el caso “Corruptela” y será el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, que deberá programar una fecha para fijar una nueva audiencia.
“En relación a la peticionado por los licenciados Ivon Maribel García Arriaza y Julio Adalberto Arriaza González, la suscrita juez tiene a bien reconocer su incompetencia en razón del territorio, por lo que, Declárase incompetente esta sede judicial en razón del territorio, en virtud de lo expuesto supra.
En consecuencia désele el trámite de ley, y remítase la causa de mérito al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla”, reza la resolución de la juez.
“En razón de lo anterior, DÉJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SIETE DE LOS CORRIENTES: líbrese los oficios correspondientes”, agrega lo resuelto por la Juez Lila Álvarez Blanco.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, desde la noche del miércoles, se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño. Este nuevo incremento de vientos podría generar ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del país.
El Marn explicó que el nuevo ciclo de vientos nortes podría tener influencia sobre El Salvador hasta el viernes 16 de enero.
«Para la noche del día miércoles 14 de enero se esperan Vientos Nortes con velocidades promedio entre 10 a 25 km/h y ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que se podrían extender hasta la madrugada el día viernes 16», agregó el informe de Medio Ambiente.
Además, agregaron que estas condiciones climáticas se deben a «un frente frío y la alta presión que lo acompañan incursionan sobre el Caribe provocando vientos nortes».
El pandillero José Roberto Crespín Hércules, alias Joker, fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un empresario.
De acuerdo con la acusación fiscal, en 2008, Crespín y otros pandilleros abordaron un microbús propiedad de la víctima, de donde sustrajeron dinero y posteriormente agredieron físicamente a su hijo. Mientras los sujetos huían, la víctima interceptó a uno de ellos y le propinó una paliza.
Durante el juicio se estableció que, «como represalia, el 6 de mayo de 2008, en la colonia Valle del Sol, jurisdicción de Apopa, alias Joker, junto con otros miembros de la estructura criminal, -Crespín Hércules- vigiló y ubicó a la víctima cuando se conducía en uno de los microbuses y le quitó la vida con arma de fuego», detallaron fuentes judiciales.
Las extorsiones y el asesinato de transportistas eran parte común el accionar de las pandillas en El Salvador cuando controlaban diversos territorios. Hasta antes del 2019, este sector pagaba anualmente entre $12 a $34 millones en concepto de extorsión, además fueron víctimas de atentados armados como diariamente sucedía en los gobiernos de ARENA y FMLN.
Sin embargo, actualmente, representantes del sector transporte han asegurado que gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción han logrado una reducción del 100% de lo que entregaban de extorsión cada año a pandilleros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.
«Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente», dijo Trump en su red Truth Social.
Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.
Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos han aumentado el número de muertos.
«Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe», comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Agregó sin embargo que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y lo que dice Teherán en privado es «bastante diferente» de lo que dice en declaraciones públicas
