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Judicial

CSJ declara improcedentes la inhabilitación de Parker y Quijano

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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) declararon improcedentes las demandas para inhabilitar a Norman Quijano y Rodolfo Parker, como diputados de la Asamblea Legislativa (AL).

La demanda interpuesta por un grupo de abogados señalaba que ambos diputados están involucrados en casos de enriquecimiento ilícito, corrupción y otros delitos; incumpliendo con los requisitos que exige la ley de «honradez y notoriedad».

Quijano, resultó diputado electo dentro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); a quien los abogados le demandaron por delitos relacionados agrupaciones ílicitas y fraude electoral, en el año 2014, por una negociación con pandilleros.

Anteriormente hubo una solicitud a los congresistas de la AL, para desaforar a Quijano, sin embargo los diputados de oposición lo escudaron para que él no fuera juzgado por los casos que se le imputan.

Por su parte al diputado saliente, Parker, los juristas pidieron que fuera juzagado por recibir sobresueldos, de $30,000 mensuales, de la partida secreta de Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente prófugo Mauricio Funes.

Otro de los casos en los que se le expone a Parker, es la incriminación en la Masacre de los Jesuítas, quien ocultó información de mandos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), para evitar que fueran juzgados en España.

Además presenta algunos casos en los que ha sido cuestionado por la Corte de Cuentas de la República, en varias auditorias.

Algunas pruebas que los abogados presentaron fueron de notas periodísticas, por lo que la CSJ señala lo siguiente: «Sin duda, las publicaciones periodísticas tienen un alcance y difusión amplia, permitiendo que su conocimiento sea accesible para la generalidad de la población, lo que en definitiva determina su notoriedad, pero, esto no implica necesariamente su veracidad».

Judicial

Asesinó a su pareja y arrojó el cuerpo a una quebrada; pasará 17 años en prisión

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El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.

El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.

Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.

Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.

Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.

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Judicial

Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario

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Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.

Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.

En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.

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Condenan a 20 años de prisión a dos extorsionistas en Cuscatlán

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El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.

Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.

Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.

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