Política
ARENA ahora es la quinta fuerza política municipal
Los resultados electorales del 28 de febrero de 2021 dejaron a ARENA como el segundo partido político -después de Nuevas Ideas- con la mayor cantidad de alcaldías a gobernar, sin embargo, en menos de un año el mapa municipal se ha reconfigurado y el tricolor ha caído a la quinta posición.
A escala nacional, ARENA obtuvo 34 alcaldías sin coalición y una coaligado con el PCN, es decir, 35 en total. Esos resultados ubicaron al expartido que gobernó al país por 20 años con el control político del 13.36 % de los 262 municipios del país.
Pero desde septiembre del año pasado 21 alcaldes del tricolor han renunciado, por lo tanto, solo retiene -temporalmente- 14 alcaldías, la misma cantidad de ediles que actualmente tiene el PCN, partido fundado el 30 de septiembre de 1961.
La primera renuncia ocurrió el 22 de septiembre de 2021 y fue la del alcalde de Jutiapa (Cabañas), Adrián Castellanos Peña. Con su dimisión ARENA perdió el control político y presencia territorial que ejercía en ese municipio desde 2012. Castellanos renunció simultáneamente con los diputados propietarios de la legislatura 2021-2024 de ARENA, Carlos Reyes -de la circunscripción de Cabañas- y Jorge Rosales, de La Unión.
Ambos legisladores se han declarado independientes y alejados de las directrices del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (Coena). La dimisión más reciente ocurrió el 3 de febrero de este año en un hotel capitalino, y fue la del emblemático edil de San José Guayabal (Cuscatlán), Mauricio Arturo Vilanova Vaquero.
En las últimas elecciones Vilanova ganó su octavo periodo consecutivo como alcalde, sin embargo, el día que oficializó su renuncia informó que ya no competirá -ni siquiera con otro partido- en las elecciones de 2024 por otro periodo edilicio.
Vilanova, al igual que los 20 alcaldes que renunciaron antes que él, criticó que la dirigencia del partido ARENA se desligó de los líderes en los municipios y ya no visitó los territorios para conocer las necesidades de la población. Con la renuncia de Vilanova el partido no solo perdió a su icónico alcalde, sino también la presencia y representación edilicia en todo Cuscatlán, porque los jefes municipales de Candelaria, San Cristóbal y San Bartolomé Perulapía también dimitieron.
Los 21 alcaldes que hasta la fecha han renunciado al tricolor públicamente se han declarado independientes, pero algunos no han descartado endosar su respaldo a otros partidos políticos ya formados o en formación.
Luego de las renuncias, los partidos que superan a ARENA en el número de alcaldías son: Nuevas Ideas que gobierna 116 comunas solo con la bandera cian y 36 en coalición con GANA, PCN y Cambio Democrático (CD).
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
