Política
Noman Quijano propone a diputados no cobrar salario hasta lograr elección de magistrados de la CSJ
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, propuso a los diputados que conforman la Comisión Política no cobrar el salario correspondiente hasta no tener un acuerdo en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“¿Por qué los diputados no cobramos salario hasta escoger a los magistrados de la CSJ?”, señaló Quijano quien agregó que este es un sentir que la población tiene luego de estar más de dos meses sin Sala de lo Constitucional.
“Podemos llegar a eso, tal vez así nos apremiamos más”, reflexionó Quijano. El parlamentario de ARENA acusó a quienes se oponen a la elección de estar buscando un reparto de cuotas para lograr intereses particulares.
“Quieren ir dos a dos, ustedes ponen a dos y nosotros dos, nadie quiere que pongan tres porque el tres bloquea decisiones de Sala de lo Constitucional”, señaló el presidente del Órgano Legislativo.
Nuevas propuestas
Los diputados a cargo de este proceso llevaron a la mesa de la Comisión Política un nuevo listado para tratar de lograr acuerdos en la conformación de la Sala de lo Constitucional por los próximos nueve años.
La propuesta presentada por ARENA, PCN y PDC es conformada por Carlos Sánchez, Aldo Cáder, Alex Marroquín, Carlos Avilés, para la Sala de lo Constitucional y Marina de Torrento, para la de lo Civil.
GANA por su parte propuso a: Carlos Escobar, Aldo Cader, Sergio Velásquez y Marina Torrento para Sala de Constitucional y Sonia de Madriz Sala de lo Civil.
Política
Asamblea Legislativa extiende régimen de excepción para consolidar avances en seguridad en El Salvador
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la prórroga del régimen de excepción por 30 días, medida constitucional que busca garantizar paz, tranquilidad y seguridad a comunidades afectadas por la violencia de pandillas durante décadas. El decreto entrará en vigor el 2 de noviembre de 2025, previa publicación en el Diario Oficial, y estará vigente hasta el 1 de diciembre de 2025.
La extensión fue respaldada con 57 votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC, cuyos diputados destacaron la importancia de mantener vigente la medida y aseguraron que continuarán apoyándola cuando sea necesario. Claudia Ortiz, de VAMOS, votó en contra, mientras que los diputados de ARENA Francisco Lira y Lidia Raquel Serrano no se encontraban presentes al momento de la votación.
En su solicitud, el Consejo de Ministros destacó que la política de seguridad implementada bajo el régimen de excepción ha permitido recuperar espacios públicos, fomentar inversiones y mejorar la calidad de vida de la población. Además, señaló la reducción histórica de homicidios, con más de 1,040 días sin asesinatos, y la captura de más de 89,900 personas vinculadas a estructuras criminales, incluyendo líderes y miembros activos.
Las autoridades advirtieron que la persistencia de vínculos transnacionales y actividades ilícitas remanentes requiere la continuidad del régimen de excepción para consolidar los avances, prevenir el resurgimiento de la violencia y garantizar la protección de la ciudadanía.
El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado que El Salvador salga de la lista de los países más violentos del mundo, posicionándose como el más seguro del hemisferio occidental, estrategia que ha llamado la atención de otras naciones. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, reveló que solicitó apoyo técnico al mandatario salvadoreño para la construcción de un nuevo sistema carcelario. Asimismo, la revista The European Conservative elogió la política de seguridad de Bukele, criticando la tolerancia al crimen en Reino Unido.
Política
Asamblea Legislativa prevé aprobar una nueva prórroga del Régimen de Excepción
La Asamblea Legislativa podría aprobar este día una nueva prórroga del Régimen de Excepción, medida que se mantiene vigente desde marzo de 2022 y que ha sido clave en la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas en El Salvador.
El Régimen de Excepción ha permitido la detención de miles de personas acusadas del delito de agrupaciones ilícitas, con penas que oscilan entre los 20 y 30 años de prisión solo por pertenecer a estructuras criminales.
Durante su aplicación, también se han autorizado disposiciones especiales, como procesar a menores de edad implicados en pandillas como adultos, el uso de jueces sin rostro y la emisión de sentencias colectivas contra miembros de las denominadas “clicas”.



















