Política
La seguridad ciudadana y la paz social continuarán con nueva prórroga del régimen de excepción
Durante un mes más permanecerá vigente el Régimen de Excepción, con la nueva prórroga que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, hoy durante la sesión plenaria ordinaria.
Los parlamentarios recibieron del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, la solicitud de aprobación de la vigésima quinta prórroga del Régimen, por un período de 30 días, para continuar con las tareas de captura de todas las personas que pertenecen o participan en la actividad criminal de las pandillas.
La iniciativa fue ampliamente discutida y aprobada con dispensa de trámite con 67 votos de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC y diputados independientes. Siete diputados de la oposición votaron en contra y cuatro abstenciones.
El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales de las personas que pertenecen a las pandillas, que en nuestro país son consideradas como grupos terroristas.
De acuerdo con el Decreto, esta herramienta es aplicada para enfrentar un fenómeno sin precedentes reconocido a escala mundial que llevó al país a convertirse en una de las naciones más violentas del planeta.
La solicitud presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública detalla que aún existen remanentes de las pandillas en libertad, por lo cual aún existe la amenaza de que se reagrupen y continúen afectando a la población.
Desde el mes de marzo de 2022, cuando fue aprobado por primera vez el régimen de excepción hasta la fecha, las instituciones que conforman el gabinete de seguridad han logrado la captura de 79,184 miembros de las pandillas 18 y la MS-13.
«Ahora somos un país atractivo ante el mundo, pero no podemos confiarnos; porque aún hay personas que andan viendo cómo hacer el mal, hay personas que quieren reagruparse para sembrar miedo a la población», detalló el diputado de Nuevas Ideas Jonathan Hernández.
El régimen ha logrado una reducción en de otros delitos que cometían estos grupos criminales como las extorsiones y por el contrario ha motivado a los emprendedores a retomar sus negocios.
Otras de las consecuencias positivas del régimen es que el país ha creado un clima de seguridad adecuado para las inversiones, para potenciar el turismo y por consiguiente para enrumbar al país al desarrollo económico.
«Gracias al clima de seguridad, los salvadoreños y los extranjeros disfrutaron de las vacaciones de semana santa con total tranquilidad», detalló el diputado de Nuevas Ideas Walter Alemán.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
