Judicial
Esto es lo que ganan los dos empleados de la Asamblea acusados de participar en el asesinato del político Ramón Kury
Óscar Remberto Delgado Martínez y Samuel Elías Delgado Navas han sido acusados de participar en el asesinato de Ramón Kury, prominente político del Partido de Concertación Nacional (PCN). Además de unirles un lazo de sangre por ser hermanos, comparten su lugar de trabajo, pues son empleados de la Asamblea Legislativa.
El presidente de este Órgano de Estado, Norman Quijano, confirmó que ambos son empleados de la Asamblea. De hecho precisó que uno fue contratado en mayo del 2012 y el otro en mayo del 2018.
La lista de empleados del Órgano Legislativo, en poder de El Salvador Times, con el detalle de todos los trabajadores legislativos hasta enero de 2019 detalla que ambos trabajan en la Asamblea en la plana del grupo parlamentario del PCN.
Para el caso de Delgado Martínez, está contratado como colaborado administrativo y devenga un salario mensual de $1,500. Por su parte, su hermano, Delgado Navas està contratado también como colaborador administrativo, pero este tiene un salario bastante inferior y es de $400 mensuales.
El lunes pasado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dio detalles de estos supuestos hechores y aseguró que ambos eran parte de la seguridad del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez. Aunque señaló que solo uno de ellos era empleado de la Asamblea. Sin embargo, este medio corroboró que se tratan de ambos hermanos.
Esta mañana, Quijano comunicó que ambos sujetos han sido suspendidos de sus cargos, sin goce se sueldo mientras se desarrolla el proceso judicial pues ambos están siendo acusados de haber sido parte del asesinato de Kury el 28 de abril de 2018 en la sede del partido.
Según la investigación Delgado Martínez había servido como motorista de la camioneta en la que iba también el agente Santos Hernández Beltrán, miembro activo del Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), quien presuntamente le disparó a Kury. Luego, habrían escapado en la misma camioneta del lugar.
De igual forma, se dijo que Delgado Navas habría prestado vigilancia para que se cometiera con éxito el hecho criminal.
Al momento de la detención, a Delgado Martínez se le incautó un arma de fuego, además se le encontraron tres matrículas de diferentes armas y una de ellas fue utilizada para asesinar al pecenista.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
