Política
Ernesto Castro asegura que hay que «depurar el órgano judicial» y Rolando Castro que también a los magistrados
Varias han sido las reacciones en el ámbito político, social y judicial tras la sorpresiva decisión de la jueza Lidia Carmen López, quien dejó en libertad a nueves personas el lunes 8 de mayo, y a quienes la Fiscalía General de la República (FGR), señala como cómplices en los asesinatos del caso Chalchuapa.
La FGR ha informado que, a pesar de la existencia de pruebas suficientes para condenarlos, la jueza ha absuelto a los cómplices de los asesinatos cometidos en la casa de Hugo Osorio en Chalchuapa.
Estos hechos ocurrieron a principios de mayo de 2020, cuando las autoridades salvadoreñas investigaron el asesinato de dos mujeres y dos hombres en una vivienda del departamento de Santa Ana.
El propietario de la vivienda, Hugo Ernesto Osorio Chávez, un ex policía de 51 años, fue capturado por los cuatro asesinatos y apodado por las autoridades como el psicópata de Chalchuapa. A pesar de que fue detenido inicialmente por estos asesinatos, días después se encontraron al menos 27 cuerpos en su residencia. Asimismo, confesó dichos crimines y la participación de 9 personas, misma que fueron absueltas el lunes por la jueza Lidia Carmen López, ayer lunes.
Tal decisión ha levantado diversas opiniones entre ellas, la del Ernesto Castro, presidente de la asamblea legislativa por el partido Nuevas Ideas.
A través de su cuenta oficial de twitter Castro cuestionó la urgencia de depurar el sistema judicial del país tras la decisión de la mencionada jueza.
“Y todavía hay quienes dudan de la urgencia de depurar el Órgano Judicial. Los criminales deben pagar por sus actos. Y tarde o temprano lo harán”, escribió el presidente del parlamento salvadoreño.
Otro funcionario que también brindó su reacción fue el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien fue más allá al incluir no solo a los jueces sino además a los magistrados. “Y no sólo jueces, también Magistrados”, resaltó el ministro en repuesta a la reacción de Ernesto Castro en su tuit.
La FGR aseveró que la jueza López dejó absuelto a todos los acusados en la masacre en Chalchuapa a pesar de que se presentaron las “contundentes pruebas” durante la vista pública que duró quince días, ayer se realizó la etapa final del juicio contra las nueve personas vinculadas.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
