Política
Diputados no logran acuerdo para derogar el cargo del 5% al impuesto a la telefonía
La Asamblea Legislativa no logró el miércoles derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que establece un impuesto del 5% a los servicios de telefonía, equipos, aparatos y dispositivos usados en el servicio.
Entre propuestas y modificaciones a dicho impuesto, los partidos políticos concluyeron en estudias aún más el tema, dejando abierta la posibilidad de derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana.
La diputada Margarita Escobar, de ARENA, dijo por la mañana que intentarían la derogación pero las demás fracciones legislativas pidieron tiempo para hacer análisis. “No había votos, lo quieren estudiar en la Comisión (de Hacienda), pero ARENA va a insistir que se apruebe este año”, dijo Escobar.
El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, pidió a ARENA, PCN y PDC derogar el decreto, pero no logró los votos del PCN.
El jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, dijo que no votarían por la derogatoria mientras no existiera alternativa para financiar las bonificaciones entregadas al personal de seguridad.
Como opción, el partido ARENA presentó ayer una reforma a la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes, para que los fondos de ese impuesto, que asciende al 5 % de las ganancias superiores a los $500,000, se destine específicamente al pago de las bonificaciones del personal policial y militar, según el diputado Carlos Reyes, de ARENA. “Se trata de garantizar el destino específico de la Ley de Contribución Especial. Esta ley recauda unos $70 millones y de bonos son unos $52 millones, entonces, habrá incluso un remanente de unos $20 millones para acciones específicas de combate a la delincuencia”, dijo Reyes.
El partido FMLN también presentó una propuesta de reforma a la Ley de Grandes contribuyentes para que el impuesto a las ganancias suba del 5 % al 7.5 %.
La diputada Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, dijo que no están cerrados a que se elimine el impuesto del 5 % de la telefonía, pero deben buscarse alternativas a financiar los programas de seguridad. Ella también habló de hacer llegar más recursos al Estado a través de reformas legales para combatir la evasión y elusión fiscal.
Guillermo Gallegos, dirigente y diputado de GANA, dijo que están abiertos a estudiar derogar el impuesto a la telefonía pero propuso algunos cambios, como por ejemplo se excluya a personas naturales y jurídicas que consumen menos de mil dólares de saldo por mes.
Aunque se preveía un debate en el pleno legislativo, la pieza de correspondencia de derogatoria presentada por ARENA pasó al estudio de la Comisión de Hacienda.
El partido ARENA presentó una alternativa de financiamiento al bono de los policías y militares. Proponen que se tome del impuesto del 5 % que se cobra a los grandes contribuyentes.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
