Política
Diputados no logran acuerdo para derogar el cargo del 5% al impuesto a la telefonía
La Asamblea Legislativa no logró el miércoles derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que establece un impuesto del 5% a los servicios de telefonía, equipos, aparatos y dispositivos usados en el servicio.
Entre propuestas y modificaciones a dicho impuesto, los partidos políticos concluyeron en estudias aún más el tema, dejando abierta la posibilidad de derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana.
La diputada Margarita Escobar, de ARENA, dijo por la mañana que intentarían la derogación pero las demás fracciones legislativas pidieron tiempo para hacer análisis. “No había votos, lo quieren estudiar en la Comisión (de Hacienda), pero ARENA va a insistir que se apruebe este año”, dijo Escobar.
El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, pidió a ARENA, PCN y PDC derogar el decreto, pero no logró los votos del PCN.
El jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, dijo que no votarían por la derogatoria mientras no existiera alternativa para financiar las bonificaciones entregadas al personal de seguridad.
Como opción, el partido ARENA presentó ayer una reforma a la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes, para que los fondos de ese impuesto, que asciende al 5 % de las ganancias superiores a los $500,000, se destine específicamente al pago de las bonificaciones del personal policial y militar, según el diputado Carlos Reyes, de ARENA. “Se trata de garantizar el destino específico de la Ley de Contribución Especial. Esta ley recauda unos $70 millones y de bonos son unos $52 millones, entonces, habrá incluso un remanente de unos $20 millones para acciones específicas de combate a la delincuencia”, dijo Reyes.
El partido FMLN también presentó una propuesta de reforma a la Ley de Grandes contribuyentes para que el impuesto a las ganancias suba del 5 % al 7.5 %.
La diputada Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, dijo que no están cerrados a que se elimine el impuesto del 5 % de la telefonía, pero deben buscarse alternativas a financiar los programas de seguridad. Ella también habló de hacer llegar más recursos al Estado a través de reformas legales para combatir la evasión y elusión fiscal.
Guillermo Gallegos, dirigente y diputado de GANA, dijo que están abiertos a estudiar derogar el impuesto a la telefonía pero propuso algunos cambios, como por ejemplo se excluya a personas naturales y jurídicas que consumen menos de mil dólares de saldo por mes.
Aunque se preveía un debate en el pleno legislativo, la pieza de correspondencia de derogatoria presentada por ARENA pasó al estudio de la Comisión de Hacienda.
El partido ARENA presentó una alternativa de financiamiento al bono de los policías y militares. Proponen que se tome del impuesto del 5 % que se cobra a los grandes contribuyentes.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
