Política
Diputados no logran acuerdo para derogar el cargo del 5% al impuesto a la telefonía
La Asamblea Legislativa no logró el miércoles derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que establece un impuesto del 5% a los servicios de telefonía, equipos, aparatos y dispositivos usados en el servicio.
Entre propuestas y modificaciones a dicho impuesto, los partidos políticos concluyeron en estudias aún más el tema, dejando abierta la posibilidad de derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana.
La diputada Margarita Escobar, de ARENA, dijo por la mañana que intentarían la derogación pero las demás fracciones legislativas pidieron tiempo para hacer análisis. “No había votos, lo quieren estudiar en la Comisión (de Hacienda), pero ARENA va a insistir que se apruebe este año”, dijo Escobar.
El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, pidió a ARENA, PCN y PDC derogar el decreto, pero no logró los votos del PCN.
El jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, dijo que no votarían por la derogatoria mientras no existiera alternativa para financiar las bonificaciones entregadas al personal de seguridad.
Como opción, el partido ARENA presentó ayer una reforma a la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes, para que los fondos de ese impuesto, que asciende al 5 % de las ganancias superiores a los $500,000, se destine específicamente al pago de las bonificaciones del personal policial y militar, según el diputado Carlos Reyes, de ARENA. “Se trata de garantizar el destino específico de la Ley de Contribución Especial. Esta ley recauda unos $70 millones y de bonos son unos $52 millones, entonces, habrá incluso un remanente de unos $20 millones para acciones específicas de combate a la delincuencia”, dijo Reyes.
El partido FMLN también presentó una propuesta de reforma a la Ley de Grandes contribuyentes para que el impuesto a las ganancias suba del 5 % al 7.5 %.
La diputada Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, dijo que no están cerrados a que se elimine el impuesto del 5 % de la telefonía, pero deben buscarse alternativas a financiar los programas de seguridad. Ella también habló de hacer llegar más recursos al Estado a través de reformas legales para combatir la evasión y elusión fiscal.
Guillermo Gallegos, dirigente y diputado de GANA, dijo que están abiertos a estudiar derogar el impuesto a la telefonía pero propuso algunos cambios, como por ejemplo se excluya a personas naturales y jurídicas que consumen menos de mil dólares de saldo por mes.
Aunque se preveía un debate en el pleno legislativo, la pieza de correspondencia de derogatoria presentada por ARENA pasó al estudio de la Comisión de Hacienda.
El partido ARENA presentó una alternativa de financiamiento al bono de los policías y militares. Proponen que se tome del impuesto del 5 % que se cobra a los grandes contribuyentes.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
