Política
Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo alinearán esfuerzos de gobierno para construir 50 mil viviendas dignas
El actual déficit habitacional afecta miles de salvadoreños que viven en hacinamiento, con precariedad en la vivienda y altos grados de inseguridad y vulnerabilidad.
La Constitución de la República establece en su artículo 119 que, el “Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda” y, cumpliendo ese derecho, Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, presentan su propuesta “Vivienda digna”.
En los últimos años ha habido falta de voluntad política, una planificación ordenada y un abordaje integral a partir de múltiples factores que han afectado el acceso a vivienda digna de los salvadoreños.
Esta acción de gobierno de Vivienda Digna, contempla la construcción de 10 mil viviendas dignas y accesibles adicionales por año, para ello se creará un Fondo para la Vivienda Digna, el cual será administrado por FONAVIPO, con lineamientos técnicos y estándares mínimos para la construcción de viviendas, bajo un concepto de “nuevo urbanismo” que contribuya a la dignificación de la persona y la construcción de cohesión social.
“El proyecto político que estamos construyendo junto a Carmen, tiene como prioridad la dignidad humana al centro y, en ese sentido, Vivienda Digna no es únicamente un proyecto de construir viviendas, como ha sido en los últimos años, en el que ha habido una completa falta de alineación de objetivos y esfuerzos entre todos los actores relacionados con el tema. Nosotros trabajaremos de la mano con municipalidades, por ejemplo, apoyando sus iniciativas de construcción de viviendas, pero asegurando que se cumplan los estándares mínimos y los lineamientos técnicos”, dijo el candidato a la Presidencia, Carlos Calleja.
El último plan gubernamental “Casa para Todos” ha generado grandes pérdidas en la venta de viviendas y mantenimiento de las mismas, afectando tanto al sector económico como a los ciudadanos.
“Destinaremos una inversión pública anual de $20 millones durante 15 años, también estableceremos asocios público-privados que permitan una inversión anual de $100 millones, que serían: $20 millones del Gobierno de El Salvador, más $80 millones aportados por la empresa privada. Vamos alinear la cadena de valor y apoyarnos con aliados de varios sectores para la construcción de viviendas dignas accesibles para que la oferta y la demanda de vivienda coincida”, secundo la candidata a la Vicepresidencia, Carmen Aída Lazo.
Así mismo, se reducirán los costos indirectos de los desarrolladores, facilitando trámites y permisos de construcción, como permisos ambientales, gestionando también la tierra finalista.
“Reconocemos que, en el país, muchos hogares son liderados y mantenidos por mujeres: madres solteras que sacan a sus hijos adelante. La mayoría de líneas de crédito para vivienda exigen dos ingresos por hogar, lo que automáticamente excluye a estas mujeres de su derecho de acceso a vivienda. Por eso, habilitaremos líneas preferenciales de crédito y asistencia del Estado para que las madres cabeza de hogar puedan optar por una vivienda propia”. Puntualizó Carlos Calleja, candidato a la presidencia.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
