Política
Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo alinearán esfuerzos de gobierno para construir 50 mil viviendas dignas
El actual déficit habitacional afecta miles de salvadoreños que viven en hacinamiento, con precariedad en la vivienda y altos grados de inseguridad y vulnerabilidad.
La Constitución de la República establece en su artículo 119 que, el “Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda” y, cumpliendo ese derecho, Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, presentan su propuesta “Vivienda digna”.
En los últimos años ha habido falta de voluntad política, una planificación ordenada y un abordaje integral a partir de múltiples factores que han afectado el acceso a vivienda digna de los salvadoreños.
Esta acción de gobierno de Vivienda Digna, contempla la construcción de 10 mil viviendas dignas y accesibles adicionales por año, para ello se creará un Fondo para la Vivienda Digna, el cual será administrado por FONAVIPO, con lineamientos técnicos y estándares mínimos para la construcción de viviendas, bajo un concepto de “nuevo urbanismo” que contribuya a la dignificación de la persona y la construcción de cohesión social.
“El proyecto político que estamos construyendo junto a Carmen, tiene como prioridad la dignidad humana al centro y, en ese sentido, Vivienda Digna no es únicamente un proyecto de construir viviendas, como ha sido en los últimos años, en el que ha habido una completa falta de alineación de objetivos y esfuerzos entre todos los actores relacionados con el tema. Nosotros trabajaremos de la mano con municipalidades, por ejemplo, apoyando sus iniciativas de construcción de viviendas, pero asegurando que se cumplan los estándares mínimos y los lineamientos técnicos”, dijo el candidato a la Presidencia, Carlos Calleja.
El último plan gubernamental “Casa para Todos” ha generado grandes pérdidas en la venta de viviendas y mantenimiento de las mismas, afectando tanto al sector económico como a los ciudadanos.
“Destinaremos una inversión pública anual de $20 millones durante 15 años, también estableceremos asocios público-privados que permitan una inversión anual de $100 millones, que serían: $20 millones del Gobierno de El Salvador, más $80 millones aportados por la empresa privada. Vamos alinear la cadena de valor y apoyarnos con aliados de varios sectores para la construcción de viviendas dignas accesibles para que la oferta y la demanda de vivienda coincida”, secundo la candidata a la Vicepresidencia, Carmen Aída Lazo.
Así mismo, se reducirán los costos indirectos de los desarrolladores, facilitando trámites y permisos de construcción, como permisos ambientales, gestionando también la tierra finalista.
“Reconocemos que, en el país, muchos hogares son liderados y mantenidos por mujeres: madres solteras que sacan a sus hijos adelante. La mayoría de líneas de crédito para vivienda exigen dos ingresos por hogar, lo que automáticamente excluye a estas mujeres de su derecho de acceso a vivienda. Por eso, habilitaremos líneas preferenciales de crédito y asistencia del Estado para que las madres cabeza de hogar puedan optar por una vivienda propia”. Puntualizó Carlos Calleja, candidato a la presidencia.
El secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, cuestionó a la población por no manifestarse en las calles como lo hacían durante las administraciones de su partido.
Durante una transmisión en vivo, Flores instó a la ciudadanía a “dejar de esconder sus sentimientos” y a “llamar a su valentía interna”.
“Así como se atrevían muchos sindicatos de maestras, de maestros y todo, a salir a protestar contra el FMLN ¡Salgan! ¡Salgamos ahora!”, expresó el dirigente de izquierda.
La Asamblea Legislativa reformó la Ley del presupuesto del Estado para incorporar $6 millones al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), con el objetivo de financiar el programa «Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol».
Con la anuencia de 59 diputados, fue aprobado el respectivo decreto legislativo, durante la sesión plenaria ordinaria 73.
Los recursos provienen de un financiamiento interno que hizo el CDCA con el Banco de Fomento Agropecuario, para contribuir con el incremento de la producción y productividad en El Salvador.
El decreto aprobado explica que los fondos serán destinados a la tecnificación y mecanización del proceso agrícola, lo cual contribuirá a dinamizar la economía local.
La iniciativa del Ejecutivo fue analizada por la comisión de hacienda y especial del presupuesto, tomando en cuenta la opinión de la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, quien fue recibida durante la sesión de trabajo del lunes pasado.
Estos recursos permitirán lograr una modernización de las cadenas productivas por medio de la aplicación de estrategias de transformación eficientes, indicó Arce.
La funcionaria mencionó que otros de los beneficios esperados son: mejorar el rendimiento por manzana, logrando mejores cosechas y un incremento en la producción y rentabilidad; así como el incremento de la oferta que satisfaga la creciente demanda interna.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
