Política
Capturan a candidato a concejal de ARENA por disparar contra simpatizantes del FMLN en La Unión
POR: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de un candidato por ARENA a la planilla del concejo municipal del municipio de Yucualquín, en La Unión, tras ser acusado por el delito de homicidio tentado cometido en contra de simpatizantes del FMLN, la mañana de este domingo.
El sujeto detenido fue identificado como Luis Bonilla, quien al escuchar las consignas a los miembros del partido de izquierda desenfundó una arma de fuego y disparó contra de ellos, según la versión de la Fiscalía.
Bonilla será acusado por homicidio tentado (intento de homicidio).
Otro caso que destaca es el de una comunicadora de un canal de televisión de San Miguel, quien se fue a los golpes con una vigilante de urnas del FMLN; en este caso, el delito que se imputa es el de lesiones. Las dos mujeres fueron retiradas del centro de votación en una patrulla policial.
Otras capturas
El Ministerio Público informó en sus redes sociales que a lo largo de la jornada electoral fueron detenidas 13 personas en 12 procedimientos diferentes. La mayoría está relacionada con delitos electorales.
Otro hombre detenido fue identificado como Simón Antonio Castellón, quien era miembro de la Junta Receptora de Votos (JRV) en el centro escolar Saúl Flores de ese municipio.
“Primero votó como vigilante y como aparecía el padrón fue a votar en otra urna del centro de votación”, informó Meléndez.
El sujeto será acusado de fraude electoral y Meléndez dijo durante una entrevista televisiva que el detenido era del partido FMLN.
Mientras que en el segundo caso fue detenido en horas de la mañana Mario Antonio Alvarenga Silva de 42 años en el Centro Escolar Alberto Masferrer de Olocuita, La Paz.
Alvarenga era vigilante de una Junta Electoral del partido GANA y fue a votar por lo que fue detenido por la Policía por fraude procesal.
Según la Policía, el sujeto no aparecía en el padrón electoral y fue a votar.
En San José La Fuente, La Unión fue detenida Jaquelin Vanesa Martínez Ortiz, de 21 años, por fraude electoral, informaron de la Policía Nacional Civil (PNC).
La mujer será procesada por fraude electoral.
Mientras que en Soyapango se reporta la detención de Luis Gerardo Landaverde Novoa de 33 años por el delito de fraude electoral, ya que hizó puño la pepeleta de votación. La detención tuvo lugar en el Centro Escolar José Mejia, de la colonia la Cima1.
Por otro lado en el municipio de Cojutepeque, Cuscatlán, fue detenida una persona por romper el padrón electoral.
La sexta detención se da en horas de la tarde, en el departamento de Usulután, la señora Blanca Miriam Chavarría de 55 años, rompió su papeleta frente a la JRV 5196, razón por cual procedieron a su detención según lo establecido en el articulo 295 letra E del Código Penal.
En el Complejo Educativo de Lolotiquillo, departamento de San Miguel, se reporta la septima de captura. Miguel Ángel Sánchez González de 27 años es acusado de Fraude Electoral tras entorpecer la votación de una joven de 18 años.
González invadió la urna donde la joven realizaba su sufragio, le arrebató la papeleta y procedió a marcar de manera deliberada la misma, al instante fue detenido por agentes policiales.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
