Política
Asamblea Legislativa elimina deuda política
En los próximos procesos electorales los partidos políticos deberán autofinanciar los gastos de sus campañas, esto luego de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran, con 58 votos, derogar el artículo 210 de la Constitución de la República con el fin de eliminar la deuda política.
Dicha decisión, tomada en la plenaria número 43, anula el mecanismo de financiamiento con el que el Estado procedió -por décadas- para solventar los gastos que generaba la promoción electoral a los grupos políticos o coaliciones para elegir a funcionarios.
“Pueblo salvadoreño y hermanos de la diáspora, con 58 votos a favor queda eliminada la deuda política”, confirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. “Del dinero de la población salía el mantenimiento de los partidos políticos, pero ha sido él mismo el que pidió quitar esto”, recalcó.
Este proceso de brindar dinero público a los partidos, a través del Ministerio de Hacienda y por cada uno de los votos válidos obtenidos en cada elección, estuvo amparado en la Constitución (1983) y en el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos (2013). Hoy, quedará eliminado de ambas normativas.
“Tenemos claridad de que la gente no quiere la deuda política. Estamos aquí para cambiar el rumbo del país bajo la voluntad de los salvadoreños”, dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Referente a la temática, el parlamentario Caleb Navarro dijo que: “Vamos a entrar en el libro de la historia, ya que eliminamos la deuda política que establecía la Constitución de la República. Deuda política que fue mal utilizada por los partidos y esto sale de los impuestos de cada salvadoreño”.
El diputado señaló que lo recaudado por el Estado, a través de los impuestos que cada salvadoreño cancela de acuerdo a lo que le corresponde, no servirá más para cancelar los gastos de los partidos políticos.
En las elecciones del año 2024, cada voto emitido en la elección de presidente y vicepresidente de la República fue de $6.05; mientras que el de diputados de la Asamblea Legislativa, de $3.28. Esto fue conforme a la inflación acumulada y que fue proporcionada por el Banco Central de Reserva (BCR).
¿La razones para quitar el financiamiento estatal?
Alrededor de este tema surgen diversas posiciones que llevaron a que los parlamentarios tomaran la decisión de eliminar la deuda política, entre ellas la incongruencia de otorgar recursos que bien pueden ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y así hacer un uso eficiente de los recursos estatales en áreas prioritarias para la población, como la salud y la educación.
Además, este punto de vista fue avalado por el Presidente de la República, Nayib Bukele, quien en enero indicó que estaba a favor de esta anulación.
“Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo”, indicó el mandatario en sus redes sociales.
El primer paso para la derogación
El 29 de enero, con un total de 57 votos, los diputados ratificaron la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República.
Esta confirmación da paso al Acuerdo de Reforma Constitucional N° 1, aprobado por la legislatura 2021-2024 (el 29 de abril de 2024) para modificar el inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República. Este cambio permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con esto, los parlamentarios lograron cumplir con la petición solicitada por muchos salvadoreños: Dejar de mantener las campañas políticas con los fondos del Estado, es decir con sus impuestos.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
