Política
Asamblea Legislativa elimina deuda política
En los próximos procesos electorales los partidos políticos deberán autofinanciar los gastos de sus campañas, esto luego de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran, con 58 votos, derogar el artículo 210 de la Constitución de la República con el fin de eliminar la deuda política.
Dicha decisión, tomada en la plenaria número 43, anula el mecanismo de financiamiento con el que el Estado procedió -por décadas- para solventar los gastos que generaba la promoción electoral a los grupos políticos o coaliciones para elegir a funcionarios.
“Pueblo salvadoreño y hermanos de la diáspora, con 58 votos a favor queda eliminada la deuda política”, confirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. “Del dinero de la población salía el mantenimiento de los partidos políticos, pero ha sido él mismo el que pidió quitar esto”, recalcó.
Este proceso de brindar dinero público a los partidos, a través del Ministerio de Hacienda y por cada uno de los votos válidos obtenidos en cada elección, estuvo amparado en la Constitución (1983) y en el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos (2013). Hoy, quedará eliminado de ambas normativas.
“Tenemos claridad de que la gente no quiere la deuda política. Estamos aquí para cambiar el rumbo del país bajo la voluntad de los salvadoreños”, dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Referente a la temática, el parlamentario Caleb Navarro dijo que: “Vamos a entrar en el libro de la historia, ya que eliminamos la deuda política que establecía la Constitución de la República. Deuda política que fue mal utilizada por los partidos y esto sale de los impuestos de cada salvadoreño”.
El diputado señaló que lo recaudado por el Estado, a través de los impuestos que cada salvadoreño cancela de acuerdo a lo que le corresponde, no servirá más para cancelar los gastos de los partidos políticos.
En las elecciones del año 2024, cada voto emitido en la elección de presidente y vicepresidente de la República fue de $6.05; mientras que el de diputados de la Asamblea Legislativa, de $3.28. Esto fue conforme a la inflación acumulada y que fue proporcionada por el Banco Central de Reserva (BCR).
¿La razones para quitar el financiamiento estatal?
Alrededor de este tema surgen diversas posiciones que llevaron a que los parlamentarios tomaran la decisión de eliminar la deuda política, entre ellas la incongruencia de otorgar recursos que bien pueden ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y así hacer un uso eficiente de los recursos estatales en áreas prioritarias para la población, como la salud y la educación.
Además, este punto de vista fue avalado por el Presidente de la República, Nayib Bukele, quien en enero indicó que estaba a favor de esta anulación.
“Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo”, indicó el mandatario en sus redes sociales.
El primer paso para la derogación
El 29 de enero, con un total de 57 votos, los diputados ratificaron la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República.
Esta confirmación da paso al Acuerdo de Reforma Constitucional N° 1, aprobado por la legislatura 2021-2024 (el 29 de abril de 2024) para modificar el inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República. Este cambio permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con esto, los parlamentarios lograron cumplir con la petición solicitada por muchos salvadoreños: Dejar de mantener las campañas políticas con los fondos del Estado, es decir con sus impuestos.
Dentro de un año los salvadoreños volverán a escribir un nuevo capítulo en la historia democrática del país, eligiendo al presidente y vicepresidente de la república que gobernarán en los siguientes seis años, de 2027 a 2033.
En esa misma jornada electoral, la ciudadanía también podrán elegir la representación política de los 60 escaños que conforman la Asamblea Legislativa, así como la renovación de los 44 Concejos Municipales Plurales que administran los 262 distritos a escala nacional.
La unificación de las elecciones para 2027 quedó normada el 31 de julio de 2025 por el Congreso a través de reformas a la Constitución de la República [artículos 75, 80 incisos 1°, 2° y 3°; y artículos 133, 152 y 154] con el fin de ordenar y homologar el ciclo electoral.
Estas enmiendas fueron aprobadas con 57 votos, en la sesión plenaria ordinaria 66, y ratificadas en la plenaria 67, «con el objetivo de actualizar el sistema electoral para fortalecer la democracia, optimizar recursos públicos y alinear las reglas con la voluntad popular», comunicó el Órgano Legislativo.
Los cambios a la Carta Magna dan un componente novedoso a las próximas elecciones, pues se habilitó la reelección presidencial indefinida sin menoscabar la voluntad democrática y soberana de los ciudadanos para escoger libremente a gobernantes.
Tampoco limita la participación de ninguno de los 11 partidos políticos que según el Tribunal Supremo Electoral [TSE] están, a la fecha, legalmente inscritos para competir en los comicios.
Estos son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN], Alianza Republicana Nacionalista [ARENA], Partido de Concertación Nacional [PNC], Partido Demócrata Cristiano [PDC], VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional [GANA], Democracia Salvadoreña [DS], Fuerza Solidaria [FS], Fraternidad Patriota Salvadoreña [FPS] y el Partido Independiente Salvadoreño [PAIS].
Con los cambios a la Constitución ahora la elección presidencial se definirá en primera vuelta, tras ser derogado el balotaje o segunda vuelta; además, quedó establecido que el período presidencial se prolongue a seis años. En 2027 iniciará el primer sexenio presidencial.
«Cada segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente $50 millones», explicó durante la discusión de las reformas constitucionales Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
MÁS DE $172 MILLONES HAN SIDO DESTINADOS PARA LAS ELECCIONES
Para el desarrollo de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre anterior asignar al TSE $125.4 millones, además de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior, que será mediante un sistema de votación remota por internet y de forma presencial en embajadas, consulados u otras sedes habilitadas por el TSE. Dichos recursos serán utilizados en logística, tecnología y para el escrutinio.
Del total asignado, $56 millones servirán para el soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados.
Los cambios a la ley superior también fueron acatados por el TSE, que informó que los mismos permiten al país un ahorro acumulado de hasta $560 millones en procesos electorales, ya que pasará de 13 a nueve eventos en un periodo de 25 años.
Según los registros del TSE, el padrón electoral ya supera los 6 millones de salvadoreños, de los cuales 932,316 residen en el extranjero, una cifra que creció en casi 200,000 respecto al último proceso comicial de 2024, para el cual el padrón cerró con 6,214,399; de estos, 741,094 eran residentes en el extranjero, según datos de la memoria de labores del organismo colegiado.
En el caso de los connacionales que hagan uso de la votación remota por internet, podrán comenzar un mes antes del día establecido por el TSE para la elección que se desarrollará en el país, es decir, el 30 de enero, según lo establece el artículo 16 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Para los salvadoreños en el exterior que utilicen la votación electrónica presencial, será continua; es decir, iniciará a las 7 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde, según el horario del centro de votación designado por el tribunal en el extranjero.
Los ciudadanos tienen 12 días, a partir de hoy, para efectuar modificaciones en la dirección de residencia que aparece en el Documento Único de Identidad (DUI), de cara a las elecciones generales que se realizarán el 28 de febrero de 2027, según ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Si te mudaste recientemente, actualiza tu dirección en el DUI para que puedas votar más cerca de tu nuevo hogar. Realiza el trámite en cualquier duicentro del país», indicó la institución a través de sus diferentes plataformas de redes sociales.
El tribunal reiteró a la ciudadanía que tiene como plazo límite el 27 de febrero próximo para realizar los respectivos cambios en el documento.
«Si quieres votar más cerca de tu casa aún estás a tiempo», enfatizó el ente electoral.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) también desarrolla jornadas móviles en el extranjero para dar oportunidad a que los connacionales realicen actualización de la dirección.
El TSE también ha comunicado los avances de las etapas del ciclo electoral salvadoreño, del que detalló que en este momento se ejecuta la segunda fase de este período.
«Esta etapa está compuesta por seis fases claves, diseñadas para organizar, supervisar y garantizar que cada salvadoreño dentro y fuera del país sea el protagonista de un proceso electoral moderno y eficiente», indicó.
LAS FASES DEL PROCESO ELECTORAL
Para tener una mejor comprensión de las seis fases claves a las que el TSE ha hecho referencia, estas han sido organizadas de la siguiente forma: logística y preparación de los centros de votación en el país; sigue la etapa de instalación de la Juntas Receptoras de Votos (JRV) y apertura de los centros de votación que serán habilitados en instalaciones previamente anunciadas por la institución a escala nacional.
En tercer lugar está la apertura de votación en el territorio nacional; después viene la observación electoral, que estará a cargo de las entidades y organismos nacionales e internacionales debidamente acreditados por el tribunal.
Luego viene el escrutinio, la transmisión y divulgación de los resultados preliminares; y finalmente, la recolección y traslado de las actas y el material electoral que será destinado para el evento.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
