Política
Asamblea aprueba legalizar terrenos y brindar certeza jurídica a más de 150 familias migueleñas
Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron, con 78 votos, la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, de Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía, Declarados en Desuso y Desafectados como de Uso Público.
Esto con el fin de brindar la seguridad jurídica a más de 155 familias de escasos recursos que residen en dos comunidades de San Miguel: A 75 familias que habitan en la comunidad Las Margaritas, cantón Hato Nuevo y a 80 de la comunidad Urbina.
“Esta es la nueva Asamblea Legislativa y es por eso que el expediente no estuvo ‘calentándose’ en la Comisión de Obras Públicas como ocurría antes. Vamos a legalizar cerca de 200 inmuebles, por ende es la misma cantidad de familias que serán las beneficiadas”, comentó el parlamentario Caleb Navarro, en la sesión plenaria número 85.
El diputado, quien presentó la iniciativa de las reformas, explicó que estas viviendas cuentan con agua potable, con desagüe de aguas negras y con energía eléctrica, por lo que es una zona apta para habitar.
Entre lo discutido en el pleno se destacó que estas familias han esperado esta seguridad jurídica por más de tres décadas y los pobladores únicamente habían recibido promesas de gobiernos anteriores y no así sus escrituras. Es decir, que 18 legislaturas de diferentes partidos políticos no les pudieron resolver las necesidades a estas familias.
“Con estas reformas vamos a bendecir a estas dos comunidades, que por muchos años habían estado esperando este momento que una Asamblea Legislativa les pusiera la atención requerida para ayudarles”, aseguró el diputado Ricardo Rivas.
Estas enmiendas aseguran que dichos inmuebles sean trasferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
“A nosotros siempre nos habían mentido, nunca aprobaban lo que hoy ya se hizo historia y esto es de agradecer pues hoy sí vamos a pasar una verdadera y alegre Navidad”, dijo Julia Argueta, habitante de Las Margaritas.
Para determinar que las propiedades realmente son calles en desuso, el pasado 27 de octubre de este año, representantes del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP) y del Ministerio de Vivienda hicieron un estudio de la zona. Además, evaluaron que no hubiese ningún tipo de riesgo por alguna quebrada o río que pudiera desbordarse por un desastre natural y delimitaron las áreas correspondientes.
“Somos diputados de territorio y es por eso que nos damos cuenta de las necesidades de la población salvadoreña y hoy estamos cumpliendo y resolviendo las deudas históricas”, comentó la parlamentaria Suni Cedillos.
Miguel Saravia, de la comunidad Urbina, expresó: “Vivo desde que tenía cinco años en esa área y nunca habíamos recibido nuestros títulos de propiedad. Hoy sí vemos que un gobierno piensa en la gente”.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
