Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron, con 78 votos, la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, de Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía, Declarados en Desuso y Desafectados como de Uso Público.

Esto con el fin de brindar la seguridad jurídica a más de 155 familias de escasos recursos que residen en dos comunidades de San Miguel: A 75 familias que habitan en la comunidad Las Margaritas, cantón Hato Nuevo y a 80 de la comunidad Urbina.

“Esta es la nueva Asamblea Legislativa y es por eso que el expediente no estuvo ‘calentándose’ en la Comisión de Obras Públicas como ocurría antes. Vamos a legalizar cerca de 200 inmuebles, por ende es la misma cantidad de familias que serán las beneficiadas”, comentó el parlamentario Caleb Navarro, en la sesión plenaria número 85.

El diputado, quien presentó la iniciativa de las reformas, explicó que estas viviendas cuentan con agua potable, con desagüe de aguas negras y con energía eléctrica, por lo que es una zona apta para habitar.

Entre lo discutido en el pleno se destacó que estas familias han esperado esta seguridad jurídica por más de tres décadas y los pobladores únicamente habían recibido promesas de gobiernos anteriores y no así sus escrituras. Es decir, que 18 legislaturas de diferentes partidos políticos no les pudieron resolver las necesidades a estas familias.

“Con estas reformas vamos a bendecir a estas dos comunidades, que por muchos años habían estado esperando este momento que una Asamblea Legislativa les pusiera la atención requerida para ayudarles”, aseguró el diputado Ricardo Rivas.

Estas enmiendas aseguran que dichos inmuebles sean trasferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).

“A nosotros siempre nos habían mentido, nunca aprobaban lo que hoy ya se hizo historia y esto es de agradecer pues hoy sí vamos a pasar una verdadera y alegre Navidad”, dijo Julia Argueta, habitante de Las Margaritas.

Para determinar que las propiedades realmente son calles en desuso, el pasado 27 de octubre de este año, representantes del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP) y del Ministerio de Vivienda hicieron un estudio de la zona. Además, evaluaron que no hubiese ningún tipo de riesgo por alguna quebrada o río que pudiera desbordarse por un desastre natural y delimitaron las áreas correspondientes.

“Somos diputados de territorio y es por eso que nos damos cuenta de las necesidades de la población salvadoreña y hoy estamos cumpliendo y resolviendo las deudas históricas”, comentó la parlamentaria Suni Cedillos.

Miguel Saravia, de la comunidad Urbina, expresó: “Vivo desde que tenía cinco años en esa área y nunca habíamos recibido nuestros títulos de propiedad. Hoy sí vemos que un gobierno piensa en la gente”.