Política
Asamblea aprueba legalizar terrenos y brindar certeza jurídica a más de 150 familias migueleñas
Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron, con 78 votos, la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, de Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía, Declarados en Desuso y Desafectados como de Uso Público.
Esto con el fin de brindar la seguridad jurídica a más de 155 familias de escasos recursos que residen en dos comunidades de San Miguel: A 75 familias que habitan en la comunidad Las Margaritas, cantón Hato Nuevo y a 80 de la comunidad Urbina.
“Esta es la nueva Asamblea Legislativa y es por eso que el expediente no estuvo ‘calentándose’ en la Comisión de Obras Públicas como ocurría antes. Vamos a legalizar cerca de 200 inmuebles, por ende es la misma cantidad de familias que serán las beneficiadas”, comentó el parlamentario Caleb Navarro, en la sesión plenaria número 85.
El diputado, quien presentó la iniciativa de las reformas, explicó que estas viviendas cuentan con agua potable, con desagüe de aguas negras y con energía eléctrica, por lo que es una zona apta para habitar.
Entre lo discutido en el pleno se destacó que estas familias han esperado esta seguridad jurídica por más de tres décadas y los pobladores únicamente habían recibido promesas de gobiernos anteriores y no así sus escrituras. Es decir, que 18 legislaturas de diferentes partidos políticos no les pudieron resolver las necesidades a estas familias.
“Con estas reformas vamos a bendecir a estas dos comunidades, que por muchos años habían estado esperando este momento que una Asamblea Legislativa les pusiera la atención requerida para ayudarles”, aseguró el diputado Ricardo Rivas.
Estas enmiendas aseguran que dichos inmuebles sean trasferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
“A nosotros siempre nos habían mentido, nunca aprobaban lo que hoy ya se hizo historia y esto es de agradecer pues hoy sí vamos a pasar una verdadera y alegre Navidad”, dijo Julia Argueta, habitante de Las Margaritas.
Para determinar que las propiedades realmente son calles en desuso, el pasado 27 de octubre de este año, representantes del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP) y del Ministerio de Vivienda hicieron un estudio de la zona. Además, evaluaron que no hubiese ningún tipo de riesgo por alguna quebrada o río que pudiera desbordarse por un desastre natural y delimitaron las áreas correspondientes.
“Somos diputados de territorio y es por eso que nos damos cuenta de las necesidades de la población salvadoreña y hoy estamos cumpliendo y resolviendo las deudas históricas”, comentó la parlamentaria Suni Cedillos.
Miguel Saravia, de la comunidad Urbina, expresó: “Vivo desde que tenía cinco años en esa área y nunca habíamos recibido nuestros títulos de propiedad. Hoy sí vemos que un gobierno piensa en la gente”.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
